El PP denuncia en el Congreso las «irregularidades» de muchas oposiciones y exige que Óscar López comparezca

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ha exigido la comparecencia del ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja para que «informe» sobre «las medidas que piensa adoptar el Gobierno a fin de garantizar la integridad, transparencia, imparcialidad y pleno respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad en los procesos selectivos de la Administración General del Estado, sus organismos públicos, entidades públicas empresariales, sociedades mercantiles estatales y demás entidades del sector público estatal».

El documento del PP –registrado el mes de julio y al que ha tenido acceso El Debate– señala que la solicitud tiene su origen «a raíz de las recientes informaciones relativas a presuntas irregularidades en procesos selectivos de la Seguridad Social y de Renfe, que apuntan a posibles fallos graves en la custodia de pruebas, en la prevención del fraude, en la transparencia de los criterios de corrección, en la reacción ante denuncias de aspirantes y en el control de las empresas externas que participan en procesos de selección de personal público, así como qué medidas piensa implementar para que no sean los opositores quienes sufran las consecuencias de la mala gestión por parte de la Administración».

Al mismo tiempo, la formación que encabeza Alberto Núñez Feijóo ha presentado una batería de preguntas en la que pone de manifiesto que «diversos aspirantes al proceso selectivo de Renfe para plazas de operador comercial, al que se han presentado alrededor de 5.000 candidatos para unas 600 plazas, han denunciado posibles irregularidades relacionadas con la coincidencia entre parte de la prueba psicotécnica verbal o de comprensión lectora y materiales externos presuntamente difundidos con anterioridad por una academia especializada en este tipo de procesos».

«Según las informaciones publicadas, el examen y parte de los ejercicios utilizados coincidiría con materiales vinculados a una academia que preparaba precisamente pruebas psicotécnicas para procesos de acceso a empresas públicas. Estas circunstancias han llevado al tribunal responsable del proceso a remitir el expediente a la Abogacía del Estado para que emita criterio jurídico antes de decidir sobre la continuidad, revisión, repetición o anulación total o parcial de las pruebas. La gravedad del caso no reside exclusivamente en la coincidencia de contenidos entre el material de la academia y el contenido del examen, sino en la evidente insuficiencia de los controles previos sobre la elaboración, custodia, trazabilidad, validación y corrección de las pruebas. La elaboración de un examen de acceso a una entidad pública empresarial no puede quedar sometida a una cadena de responsabilidades difusa», añade el escrito parlamentario.

En consecuencia, el PP exige al Ejecutivo de Pedro Sánchez que explique «en qué fecha tuvo conocimiento el Gobierno de las denuncias relativas a la posible coincidencia entre parte de la prueba psicotécnica o de comprensión lectora del proceso selectivo de Renfe para plazas de operador comercial y materiales externos difundidos previamente» y «qué actuaciones concretas realizó Renfe desde que tuvo conocimiento de dichas incidencias y por qué no fueron detectadas antes de la celebración de la prueba mediante los controles ordinarios de supervisión del examen».

«¿Qué empresa o empresas externas participaron en la elaboración, suministro, aplicación, corrección, custodia o evaluación de la prueba cuestionada, cuál fue el importe del contrato o encargo correspondiente y qué cláusulas se incluyeron en dichos contratos? ¿Qué controles ejerció Renfe sobre cualquier empresa interviniente para garantizar que los ejercicios utilizados eran inéditos y no estuvieran disponibles en academias o plataformas externas y cumplieran los principios de igualdad, mérito y capacidad? ¿Quién elaboró, validó y custodió las preguntas utilizadas en la prueba psicotécnica cuestionada, y qué mecanismos de trazabilidad permiten acreditar el origen, fecha de creación, cadena de custodia y uso previo o no de dichos materiales? ¿Considera el Gobierno aceptable que en un proceso de acceso a una entidad pública empresarial puedan utilizarse materiales cuya procedencia genera dudas suficientes como para paralizar el procedimiento y que intervenga la Abogacía del Estado?», recoge también la batería de preguntas.