Presidencia gasta 234.000 € en reforzar la seguridad privada de La Mareta durante 2026 y 2027

El Boletín Oficial del Estado del viernes 28 de agosto publicó la formalización de un contrato público del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes –cartera que encabeza el socialista Félix Bolaños– para adquirir un «servicio de vigilancia de seguridad» en algunas dependencias de Patrimonio Nacional: «El Pardo, San Lorenzo de El Escorial, Aranjuez, La Granja de San Ildefonso, Sevilla, Palma de Mallorca, Yuste, Lanzarote, Patronato de Huelgas y Patronato de Santa Clara».

La licitación de Patrimonio Nacional, entidad que depende de Presidencia, señala que «el servicio» del Lote 8 «comprende La Residencia Oficial de La Mareta en Costa Teguise, Lanzarote», inmueble donde veranea el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Este año el jefe del Ejecutivo ha estado de vacaciones en este Palacio desde el 1 de agosto hasta el día 23 del mismo mes.

La Memoria Justificativa relata que «a fin de cumplir con la obligación de garantizar la seguridad de las personas y de los bienes (muebles e inmuebles) con que cuenta Patrimonio Nacional, se hace preciso establecer un servicio de vigilancia de seguridad, ya que de conformidad» con la legislación vigente «los servicios de vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto públicos como privados, así como de las personas que pudieran encontrarse en los mismos, únicamente podrán prestarse por empresas de seguridad privada».

El contrato respecto a La Mareta entró en vigor el pasado 17 de agosto, momento en el que venció el anterior servicio de vigilancia, y se extiende durante 2026 y 2027. El texto indica que «el importe neto a satisfacer a la Empresa» –Clece Seguridad, S.A.– «será de 219.000,00 € , cantidad que se incrementara en 15.330,00 € por aplicación del vigente tipo del 1.V.A., ascendiendo el total de la prestación, impuestos incluidos, a 234.330,00 €». En concreto, la anualidad de lo que resta de 2026 asciende a 68.052 euros, mientras que la de 2027 a 166.278 euros.

«En el precio se entienden incluidos todos los gastos que el contratista deba realizar para el normal cumplimiento de las prestaciones contratadas, como son los generales, financieros, beneficio, seguros, transporte y desplazamientos, honorarios del personal técnico a su cargo, de comprobación y ensayo, derechos de aduanas, tasas, licencias y toda clase de impuestos, tanto municipales, provinciales, autonómicos y estatales», se añade.

El contrato público también destaca que «dadas las características de la prestación, el contratista se obliga a mantener la confidencialidad de los datos del presente contrato a los que tenga acceso para llevarla a cabo, por un periodo de 5 años».