El delegado del Gobierno en Ceuta, que esperaba las alertas del CNI en sobres lacrados, contra las cuerdas

La desclasificación de los documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre los acontecimientos del 30 y 31 de julio en Ceuta ha dejado en una situación insostenible al delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Miguel Ángel Pérez Triano. La información contenida en los informes clasificados abre un horizonte judicial comprometido para el representante estatal, al dejar al descubierto su inacción frente a los reiterados avisos emitidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los servicios de Inteligencia.

Tras el levantamiento del secreto, Pérez improvisó una comparecencia a última hora de la tarde del miércoles en un intento de transmitir una imagen de rapidez y determinación. Sin embargo, la intervención terminó volviéndose en su contra. Incapaz de ofrecer una explicación coherente sobre la ausencia de medidas operativas ante las alertas previas, el delegado, visiblemente nervioso, mantuvo una actitud tensa e incoherente. En un momento de la rueda de prensa, llegó a manifestar que las advertencias del CNI deberían haber llegado en un «sobre lacrado», una declaración que desencadenó una ola de comentarios y reacciones jocosas, dejando al desnudo la fragilidad de su relato.

La estrategia de la minimización

Durante su comparecencia, Pérez descartó tajantemente presentar su dimisión y se alineó estricta y servilmente con la línea de defensa fijada desde el Palacio de la Moncloa: sostener que «nadie fue capaz de prever» las dimensiones de lo ocurrido.

Para justificar la falta de despliegue preventivo, el delegado trató de restar cualquier valor formal a las comunicaciones previas del CNI recibidas el 29 de julio, reduciéndolas a un mero «intercambio informal de WhatsApp entre una persona de la inteligencia y un miembro de gabinete». Según su versión, las referencias a «180.000» no aludían a personas dispuestas a cruzar la frontera, sino al número de seguidores de un perfil de Facebook que incitaba a las entradas. «Un WhatsApp a un cargo menor no es un informe ni una alerta», reiteró Pérez, usando como escudo el mismo argumento empleado por la Secretaría de Estado de Comunicación y por el propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una maniobra defensiva de la que se desprende el intento a la desesperada del Ejecutivo por levantar un cortafuegos político. El delegado utilizó también torticeramente un mensaje atribuido por la Secretaría de Estado de comunicación a fuentes del CNI como escudo.

No obstante, el propio delegado admitió que el 24 de julio ya había elevado un informe al Ministerio advirtiendo de que las tentativas de entrada irregular se habían «disparado» en las semanas previas y anticipando un «progresivo aumento» del flujo, motivado en parte por la inestabilidad derivada de una reciente sentencia del Tribunal Supremo. Pese a haber solicitado refuerzos puntuales para el servicio marítimo de la Guardia Civil y haber mantenido reuniones de coordinación institucional el día 27 tras la entrada ilegal de más de un millar de personas, Pérez reconoció abiertamente que jamás contempló la posibilidad de un asalto fronterizo de miles de personas simultáneas. «Todo quedó desbordado por un acontecimiento que nadie pudo prever», insistió.

El frente judicial toma cuerpo

El cerco sobre la gestión gubernamental ya no se limita al debate político y mediático. La situación se ha agravado exponencialmente en el plano judicial tras la intervención de la Audiencia Nacional, donde la jueza Tardón ha reclamado al Ministerio de Justicia la autenticación formal de los documentos desclasificados.

De forma paralela, el frente penal contra el delegado se ha concretado en la propia ciudad autónoma. La titular del Plaza 6 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta, la magistrada María Luz Lozano Gago, ha incoado diligencias previas contra Miguel Ángel Pérez Triano como investigado. La investigación, iniciada a raíz de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias, busca determinar si el representante del Gobierno incurrió en un delito de prevaricación omisiva al desatender los avisos de los órganos de seguridad e inteligencia, dejando desprotegida la frontera en los días previos a la mayor crisis migratoria registrada en la plaza ceutí.