Vox internacionaliza su ofensiva contra la ley de nietos y exige saber quién paralizó en Justicia la revisión de la instrucción de Sofía Puente

Vox no da por terminada la batalla contra la falsa ley de nietos después de que el Tribunal Supremo haya acordado cautelarmente frenar sus efectos sobre el censo electoral en los supuestos afectados por la interpretación extensiva realizada por el Ministerio de Justicia. La formación ha decidido utilizar el pronunciamiento de la Sala Tercera para abrir una nueva fase de su ofensiva en tres frentes simultáneos: el propio Ministerio que dirige Félix Bolaños, la Comisión Europea y la Comisión de Venecia del Consejo de Europa.

La iniciativa más inmediata se dirige contra Justicia. Este jueves, 11 de septiembre, Vox ha registrado ante la Secretaría de Estado de Justicia nuevas alegaciones en los procedimientos de revisión de oficio de las instrucciones de 25 de octubre de 2022 y 5 de noviembre de 2024 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, dictadas para aplicar la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática.

El escrito, firmado por Jorge Buxadé, el abogado del Estado y número uno de su promoción que lidera la acción del partido presidido por Santiago Abascal, incorpora como prueba sobrevenida el Auto del Supremo y vuelve a reclamar la suspensión cautelar de la Instrucción de Sofía Puente, pero añade ahora una exigencia especialmente comprometida para el departamento de Félix Bolaños: que revele quién es responsable de haber mantenido paralizada la tramitación de los expedientes promovidos por Vox.

La formación había solicitado el 26 de junio la revisión de oficio de la Instrucción de 25 de octubre de 2022. Reclamó su nulidad de pleno derecho o, subsidiariamente, la de varias de sus directrices, además de la nulidad de los actos individuales de concesión de nacionalidad dictados en aplicación de ellas y la suspensión cautelar de la Instrucción ante el riesgo de que produjera efectos irreversibles sobre el censo antes de las elecciones de 2027. El 21 de julio promovió también la revisión de la Instrucción de 5 de noviembre de 2024.

Vox apunta a los responsables de la paralización

Buxadé endurece ahora considerablemente el tono. Denuncia que han transcurrido «casi 3 meses» desde el primer escrito sin que se haya notificado siquiera la incoación formal del procedimiento, sin resolver las solicitudes planteadas y sin que conste que Justicia haya solicitado el preceptivo dictamen del Consejo de Estado.

El escrito invoca expresamente el artículo 20 de la Ley 39/2015 sobre responsabilidad de los titulares de órganos y unidades administrativas encargados de tramitar y resolver los expedientes. Y advierte de que Vox se considera ya «plenamente» habilitado para emprender las acciones que procedan para «exigir la responsabilidad ante cualquier orden jurisdiccional».

La última petición del escrito pone nombres y responsabilidades administrativas en el centro de la ofensiva. Vox exige que se le informe inmediatamente de las actuaciones realizadas y, literalmente, del «nombre y apellidos de los funcionarios o empleados públicos responsables de la paralización de la tramitación del expediente».

La reclamación de Vox deja de ser un asunto político y exige identificar a los responsables de la paralización. El escrito consta registrado este 11 de septiembre ante la Secretaría de Estado de Justicia con número REGAGE26e00079828382. El justificante oficial acredita su presentación a las 11.14 horas y recoge tanto la petición de suspensión como la exigencia de identificar a los responsables de la paralización.

El Auto del Supremo como nueva munición

El argumento central de Vox es que el pronunciamiento del Supremo ha cambiado sustancialmente la situación. La Sala ha ordenado distinguir los expedientes correspondientes a quienes acrediten los supuestos de exilio previstos legalmente de aquellos derivados de la interpretación realizada por la Instrucción de Justicia y de la presunción de exilio establecida en ella. Buxadé sostiene que esa diferenciación refuerza precisamente lo denunciado por Vox desde junio: que la Instrucción convirtió en dos supuestos diferentes lo que la ley vinculaba al exilio y estableció además una presunción carente, según la formación, de habilitación legal.

Por ello reclama ahora a la Secretaría de Estado que incoe inmediatamente la revisión de oficio, solicite con urgencia el dictamen del Consejo de Estado y, mientras se resuelve el fondo, suspenda cautelarmente la Instrucción. Para Vox resultaría «manifiestamente incongruente» que los tribunales hayan adoptado medidas cautelares mientras la Administración mantiene sin resolver la revisión promovida contra la disposición administrativa que está en el origen de la controversia, tal y como consta en su escrito de alegaciones complementarias.

Vox intenta evitar que Bruselas archive su denuncia

La ofensiva da simultáneamente el salto a Bruselas. Vox ha presentado también ante la Comisión Europea el Auto del Supremo como «prueba sobrevenida» para intentar impedir el archivo de la denuncia que presentó el pasado 2 de julio.

El movimiento tiene especial relevancia porque la Comisión había contestado el 6 de agosto que no apreciaba indicios de que España hubiera ejercido sus competencias sobre nacionalidad infringiendo el Derecho de la Unión. Bruselas comunicó entonces su intención de archivar el expediente salvo que apareciera nueva información capaz de modificar su criterio. Vox sostiene que el pronunciamiento del Supremo es precisamente esa nueva información. Su escrito pide que no se archive el expediente CPLT(2026)02318 o, si el archivo ya se hubiera producido, que sea reabierto «sin dilación». Reclama además requerimientos de información al Gobierno español y la incoación de un expediente por el eventual incumplimiento de las obligaciones que atribuye a España el Derecho de la Unión.

La batalla llega también a la Comisión de Venecia

El tercer frente se abre ante la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, más conocida como Comisión de Venecia. Jorge Buxadé y el diputado José María Sánchez García han comunicado el Auto como hecho sobrevenido para reforzar la denuncia que ya presentaron el 24 de julio. En aquella iniciativa Vox denunció posibles vulneraciones de varios principios del Código de Buenas Prácticas en Materia Electoral de la Comisión de Venecia relacionados con la fiabilidad de los censos electorales, la igualdad del poder de voto, la transparencia y la estabilidad del Derecho electoral.

Ahora pide que se curse formalmente una solicitud de dictamen sobre la compatibilidad de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática y de la Instrucción de 25 de octubre de 2022 con ese Código de Buenas Prácticas. Va incluso más lejos: solicita que el asunto sea puesto en conocimiento del Monitoring Committee o del Comité de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para que puedan valorar impulsar el dictamen.

De esta forma, la resolución cautelar del Supremo no cierra la ofensiva contra la ampliación de la ley de nietos. Vox pretende convertirla en el punto de partida de una segunda fase: mantener abierta la batalla europea, forzar a Justicia a pronunciarse sobre la legalidad de las instrucciones que ampliaron el acceso a la nacionalidad y, por primera vez, determinar quién decidió mantener paralizados dentro del Ministerio de Bolaños los procedimientos promovidos para revisarlas.