La magistrada Tardón reclama al juez de Ceuta la causa que investiga el papel del delegado del Gobierno en la invasión

La Audiencia Nacional ha reclamado la totalidad de la causa número 473 que, hasta la fecha, se sigue por parte de la juez María de la Luz Lozano, contra el delegado del Gobierno en Ceuta, el socialista Miguel Ángel Pérez Triano, por su papel en los días previos y simultáneos a la invasión masiva de la ciudad autónoma por Marruecos, el pasado 30 de julio. Así lo ha decretado la juez María Tardón, en una resolución a la que ha tenido acceso El Debate, para unificar la instrucción de la avalancha humana, presuntamente dirigida y permitida por el régimen de Mohamed VI, ante la inacción del Ejecutivo español.

El asunto, que ha sido penalmente impulsado por varias entidades personadas como acusaciones populares, está pendiente de la práctica de nuevas diligencias, entre ellas la testifical del diputado del PSOE en Ceuta Melchor León y el dimitido jefe de Gabinete de Pérez Triano, Gonzalo Sanz, para esclarecer qué sabía el delegado y cuándo fue consciente de ello. Precisamente, el día en el que este diario ha revelado en exclusiva cómo el emisario de Sánchez tuvo nueve horas desaparecido, en plena alerta, e ilocalizable.

El procedimiento ha sufrido un cambio cualitativo tras la desclasificación de cerca de 40 informes oficiales, emitidos en los días previos a la tragedia, que se depuraba con la dimisión del jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno ceutí quien, en ausencia del delegado, fue el encargado de recibir el aviso del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre los mensajes interceptados en varios grupos redes sociales en los que participaban 180.000 personas, en vísperas de la invasión y pese a que Sanz insistió en que habría trasladado el contenido de dicha conversación a Pérez Triano, el mismo día 29 de julio cuando la recibió.

En la providencia dictada por la magistrada Tardón, a la que ha tenido acceso este diario, la jueza ha solicitado a su colega ceutí que le envíen las diligencias abiertas por denuncias o querellas contra Pérez para valorar si deben incluirse en la causa cabecera de la Audiencia Nacional, a la «vista» de las evidencias, «valore la pertinencia de inhibirse de sus actuaciones en favor de este juzgado, si se tratase de conductas incluidas en el procedimiento que aquí se sigue».

El Estado está personado como acusación particular y perjudicado, así como la ciudad de Ceuta, mientras que PP, Vox, Hazte Oír o Iustitia Europa ejercen como acusaciones populares

Y, todo ello, en base a las posibles «conductas delictivas que no sólo han tenido como víctima directa e inmediata a la ciudad de Ceuta y sus habitantes, en su libertad, el ejercicio de sus derechos y la integridad de sus personas y sus bienes, sino al propio Reino de España».

No en vano, la Fiscalía de Ceuta solicitase que las diligencias abiertas contra Pérez fueran remitidas a la Audiencia Nacional, dado que se trata de hechos conexos ocurridos en «el extranjero» que ha derivado en un ataque que afectó «gravemente a la integridad territorial de España». articulados a través de una serie de «flujos migratorios irregulares» que pusieron en peligro «la vida y los derechos» de los ceutíes.

Una situación que apunta a la «permisividad» y la «clara e indudable gestión favorecedora del proceso desde el territorio del Reino de Marruecos» que «se evidencia a través del constatado y gráficamente contrastado comportamiento de las Fuerzas de Seguridad» del régimen alauita.