Sánchez cambió la cúpula del censo electoral entre el fin del recuento casa por casa y el salto olímpico del CERA

El Tribunal Supremo ha obligado a la Oficina del Censo Electoral a separar las altas de quienes acreditaron el exilio exigido por la Ley de Memoria Democrática de las incorporaciones amparadas en la presunción o en la interpretación expansiva introducidas por la Instrucción de Sofía Puente. Este lunes, la Junta Electoral Central requirió a la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares dependiente de José Manuel Albares para que los registros consulares certifiquen los expedientes en los que el exilio fue efectivamente demostrado. El árbitro trasladó también el requerimiento del informe complementario solicitado en julio y lo examinará «con carácter inmediato» el informe complementario requerido a la Oficina del Censo cuando finalmente lo reciba.

La pelota está ahora en el tejado de la oficina que dirige legalmente Elena Manzanera y que gestiona operativamente María Lourdes Abella, firmante del informe de 10 de julio que dejó sin respuesta los cinco agujeros esenciales sobre las altas, los controles consulares y la provincia a la que termina adscrito cada nuevo elector, como reveló ayer El Debate. Dos nombramientos producidos por el Gobierno de Sánchez en plena transformación de la metodología del cómputo del censo de población y coincidiendo con el mayor aumento de electores tras la instrucción firmada por la directora general de Seguridad y Fe Pública, Sofía Puente, cinco días después de la entrada en vigor de la ley de Memoria Democrática.

Desde su aprobación se ha producido lo que hemos denominado el salto olímpico de la falsa ley de nietos puesto que desde el 1 de noviembre de 2022, primer cierre mensual posterior, hasta el 1 de agosto de 2026, el CERA pasó de 2.290.583 a 2.747.688 electores, es decir, 457.105 incorporaciones en 45 meses, un 19,96 % más. Para comprender cómo se llegó a este punto hay que remontarse cuatro años antes, con la salida del hombre que dirigía simultáneamente las estadísticas económicas y el censo electoral español.

Todo el mundo miró al PIB

Cuando Juan Manuel Rodríguez Poo dejó la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística en 2022, la polémica pública se concentró en las discrepancias entre el organismo y el Gobierno sobre el crecimiento económico y la inflación. El Ejecutivo de Pedro Sánchez había nombrado a Rodríguez Poo en octubre de 2018. El 27 de junio de 2022 formalizó su renuncia alegando «motivos personales», después de que el Ministerio de Economía de Nadia Calviño cuestionara públicamente las cifras elaboradas por el INE.

Su salida provocó una fuerte alarma sobre la independencia del organismo. La Asociación de Estadísticos Superiores del Estado denunció una anomalía sin precedentes y la oposición acusó al Gobierno de presionar al instituto encargado de medir la evolución de la economía, lo que con posterioridad confirmó la propia Calviño desde su presidencia del Banco Europeo de Inversión sin que sorprendentemente haya tenido mayor trascendencia jurídica y política. El Ejecutivo fue muy hábil y concentró todo el debate se centró en el PIB.

El censo se fue de rositas

Pero Rodríguez Poo no era solamente el responsable de las estadísticas económicas. Por razón de su cargo dirigía legalmente la Oficina del Censo Electoral, el órgano que forma, actualiza, supervisa y controla el registro de quienes tienen derecho a votar en España. También participaba, con voz, pero sin voto, en la Junta Electoral Central.

Así que el Gobierno no estaba sustituyendo únicamente al responsable del PIB estaba reponiendo también al máximo responsable institucional del censo electoral. Y lo hizo en un momento decisivo. El INE acababa de completar la mayor transformación de la historia reciente del censo de población y, pocas semanas después del relevo, comenzarían a confluir sobre el censo exterior la supresión del voto rogado, la Ley de Memoria Democrática y la interpretación expansiva de la Instrucción de Sofía Puente conocida como ley de nietos.

De Zapatero a Sánchez: el censo sin comprobación física

La ruptura con el recuento tradicional comenzó durante el último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Hasta 2011, el censo se había basado en la enumeración y comprobación exhaustiva de los hogares. Ese año el INE implantó un sistema híbrido: utilizó el Padrón y otros registros administrativos y los completó con una encuesta dirigida aproximadamente al 12 % de la población. La culminación llegó en 2021, con Sánchez en La Moncloa y Rodríguez Poo al frente del organismo: por primera vez, el recuento se construyó enteramente mediante bases de datos procedentes de registros administrativos. El Padrón, el Registro Civil y otras bases públicas sustituyeron la encuesta a los hogares como instrumento para determinar cuántas personas vivían en España y dónde residían. El propio INE lo denominó un «cambio de paradigma». El censo dejó de ser una gran operación decenal basada en visitas y pasó a convertirse en una reconstrucción estadística reproducible anualmente. El Estado ya no necesitaba llamar a cada puerta para formar el censo: integraba la información almacenada por sus administraciones.

Sánchez transforma el censo en una reconstrucción estadística sin verificación directa en los hogares

Ningún país comparable a España por población había dado ese salto: entre los once censos íntegramente registrales analizados por la Comisión Económica de Naciones Unidas para Europa (UNECE), España más que cuadruplica al segundo Estado más poblado. Rodríguez Poo salió inmediatamente después de culminar esa transformación sin precedentes que ningún país del tamaño de España se ha atrevido a dar. Y para sustituirlo, Nadia Calviño eligió a una especialista en registros administrativos.

El triple salto de Manzanera

Elena Manzanera es funcionaria de carrera cuyos primeros puestos de responsabilidad se produjeron bajo los sucesivos gobiernos socialistas de la Junta de Andalucía con Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz.

El primer Gobierno andaluz de Juanma Moreno y Ciudadanos entregó la Consejería de Economía a la cuota naranja de la coalición. Su titular, Rogelio Velasco, independiente propuesto por Ciudadanos, elevó formalmente a Elena Manzanera para dirigir el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía hasta que el Ejecutivo de Sánchez la repescó en el verano de 2022. El 1 de agosto, Nadia Calviño propuso a Manzanera para sustituir a Rodríguez Poo. El Consejo de Ministros la nombró presidenta del INE y, por razón del cargo, directora legal de la Oficina del Censo Electoral.

La segunda de abordo

Dos meses después de la incorporación de Manzanera entraron en vigor la supresión del voto rogado, la Ley de Memoria Democrática y la Instrucción de Sofía Puente. Sánchez completó en mayo de 2024 la nueva cadena de mando del censo bajo el Ministerio de Carlos Cuerpo: una resolución firmada por Elena Manzanera elevó por libre designación a Lourdes Abella a la jefatura operativa de la OCE. Abella también es funcionaria de carrera, pero a diferencia de Manzanera, ya trabajaba en la OCE cuando fue elegida bajo el Ministerio de Carlos Cuerpo. Las dos patas de la cúpula de la OCE, la dirección legal y la jefatura operativa, quedaban así en manos de dos responsables promocionadas durante por el Ejecutivo.

Mutaciones con consecuencias sin precedentes

Manzanera recibió simultáneamente dos encargos decisivos: consolidar el nuevo censo anual de población construido sin comprobación directa en los hogares y dirigir la oficina que iba a gestionar la mayor transformación histórica del censo electoral exterior. Mientras España seguía mirando al PIB se producirían los dos cambios más disruptivos de la historia del INE con enormes consecuencias para la trazabilidad de la identidad en España. Manzanera y Abella no podrán seguir eludiendo abrir la caja del censo electoral que jamás debió haber sido opaca.