Carpas situadas en el Puerto de Ceuta.
Abogados del Estado critican al Gobierno por cesar al «compañero» que cuestionó el campamento en el Puerto de Ceuta
La Nueva Asociación de Abogados del Estado por el Estado de Derecho ha destacado que «se le ha cesado por haber opinado» y ha exigido a los «responsables ministeriales» una «explicación pública y rigurosa»
La Nueva Asociación de Abogados del Estado por el Estado de Derecho ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por cesar a su «compañero» que cuestionó el establecimiento del campamento de inmigrantes del Puerto de Ceuta.
En un comunicado, esta entidad subraya que han «tenido conocimiento, con honda preocupación, del cese de un compañero, Abogado del Estado adscrito como representante de la Abogacía del Estado en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta, tras haber expresado, en el ejercicio legítimo de su función asesora, reparos jurídicos a la cesión de terrenos portuarios –calificados por los propios informes técnicos como infraestructura crítica– para la instalación de un asentamiento de los extranjeros que entraron ilegalmente en Ceuta los días 30 y 31 de julio».
«Conviene subrayar un hecho que cualifica la gravedad de lo sucedido: el compañero Abogado del Estado no votó en contra de la propuesta. Manifestó sus objeciones y, pese a ellas, votó a favor siguiendo las instrucciones que se le habían impartido. Se le ha cesado por haber opinado», agrega el escrito.
Así las cosas, la Nueva Asociación de Abogados del Estado por el Estado de Derecho expresa que «la función del Abogado del Estado no consiste en refrendar acríticamente las decisiones de la Administración a la que asesora, sino en informar con independencia de criterio, con arreglo a Ley y Ciencia Jurídica, aun cuando esa opinión resulte incómoda para quien la recibe». De hecho, ha remarcado que «esa independencia no es un privilegio corporativo: es una garantía del Estado de Derecho y del buen funcionamiento de la Administración Pública».
Igualmente, el documento indica que «cuando el ejercicio de esa función se sanciona –no por incumplir instrucciones, sino por no compartir convenientemente una decisión política–, se traspasa una línea que ninguna Administración Pública democrática debería tolerar: no basta con obedecer, se exige además adhesión íntima, ideológica a la decisión, con independencia de la opinión mejor fundada en Derecho».
Tiendas de campaña acondicionadas en el puerto de Ceuta para acoger inmigrantes
Además, la asociación «manifiesta su solidaridad y su respaldo pleno al compañero cesado, y pone a su disposición» su «apoyo institucional y jurídico».
Las demandas de la Nueva Asociación de Abogados del Estado por el Estado de Derecho
- Denuncia que el cese de un funcionario por el mero hecho de emitir una opinión jurídica fundada constituye un precedente peligroso, que erosiona la garantía de independencia inherente a la función del Abogado del Estado.
- Reclama de los responsables ministeriales una explicación pública y rigurosa de los motivos del cese.
- Pide el respeto escrupuloso a la libertad de criterio jurídico de los Abogados del Estado en el ejercicio de sus funciones.
- Hace un llamamiento a todo el Cuerpo de Abogados del Estado y a la Abogacía General del Estado para que no guarden silencio ante hechos de esta naturaleza.
- Invita a cuantos compañeros conozcan o sufran situaciones análogas de presión, represalia o cese a causa del ejercicio legítimo del criterio jurídico a ponerse en contacto con esta Nueva Asociación, con la garantía de la confidencialidad que estos casos requieren.
«La Abogacía del Estado existe para servir a la legalidad, defender su independencia de criterio es la defensa de una Institución que pertenece a todos los españoles, con independencia del signo político del Gobierno existente en cada momento», zanja el comunicado.