Los jueces vuelven a pedir al Gobierno que respete su trabajo: «Trata de vilipendiar de forma gratuita»

Los jueces ya no saben cómo trasladarle al Gobierno su malestar ante los constantes ataques públicos a jueces que se están produciendo, desde el poder político, en concreto a cuenta de varios ministros del actual Ejecutivo socialista, por el contenido de sus resoluciones. Una vez más, los miembros de la Magistratura han denunciado la grave erosión que esta dinámica supone para el Estado de Derecho. Si en la reciente apertura del Año Judicial era la presidenta del Supremo y del Consejo General (CGPJ) quien lo denunciaba y reprochaba con suma claridad este tipo de prácticas -denostadas por el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)-, a lo largo de los últimos días han sido varias las asociaciones profesionales que se han sumado al lamento.

En esta ocasión, ha sido el Foro Judicial Independiente (FJI), en una carta abierta, a la que ha tenido acceso El Debate, y en la que han querido defender su trabajo como jueces que «no consiste sólo en decidir, sino también en explicar por qué tomamos cada decisión». «El derecho fundamental a la tutela judicial efectiva no consiste únicamente en obtener un pronunciamiento de un juez. Es preciso, además, que ese pronunciamiento sea motivado. La mayor parte de nuestra vida profesional la pasamos, más que decidiendo, argumentando», arranca la nota de la FJI.

La mayor parte de nuestra vida profesional la pasamos, más que decidiendo, argumentando

Así las cosas, desde la dirección de la entidad profesional aceptan que «toda decisión judicial es susceptible de crítica. Faltaría más. Pero, precisamente por lo que hemos dicho, cualquier crítica medianamente razonable habría de basarse en un análisis de los motivos esgrimidos por el juez o tribunal y, si acaso, expresar en qué se está de acuerdo, y en qué no, y por qué». Y no debería tratarse de «vilipendiar de forma gratuita, sin valorar los argumentos de la decisión», reflexionan.

«Ante un auto o sentencia que resuelve en un sentido contrario al deseado, lo más sencillo es desprestigiar al juez, sembrando dudas sobre su imparcialidad, y, de paso, sobre su profesionalidad y honestidad. Para eso, uno puede agarrarse a mil cosas: que si la denuncia la puso tal partido o asociación (como si eso influyese en la decisión final), que si el juez participó en su momento en política (a buenas horas, mangas verdes), que si impartió no sé qué curso (una de las pocas cosas que pueden compatibilizarse con nuestra profesión), que si el ponente de la resolución es Fulanito (como si el resto de jueces que la suscriben firmasen todo lo que les ponen delante), que si los jueces van a distintas «velocidades» (como si no fuese responsabilidad de ustedes adoptar medidas para aliviar la sobrecarga de trabajo de algunos órganos)...», continúa el texto de la FJI.

No en vano, desde la asociación profesional sostienen que «denunciar la 'falta de imparcialidad'» de los jueces responsables de un pronunciamiento con el que se discrepa «abre paso a poder utilizar calificativos burdos ante cualquier auto o sentencia desfavorable», hasta tildarla de «estrambótica», «extravagante», «una barbaridad», etc. Cuanto más contundente sea el término empleado, menos necesidad habrá de explicarlo.

Y, esto, precisamente, en la semana en la que varios miembros del Gobierno, en concreto los ministros Óscar López y Óscar Puente, se descolgaban señalando la parcialidad de algunos magistrados, a los que calificaban como «salvapatrias» o, incluso, «lobos solitarios».

Un tono que para la FJI es «extremadamente peligroso». «Con semejantes manifestaciones están haciendo daño a toda la carrera y a la ciudadanía. Cualquier persona que de buena fe se crea su retahíla de descalificaciones, y haya de acudir a un tribunal, podrá legítimamente pensar que la resolución que se dicte sobre su caso se adoptará al margen de criterios jurídicos, y obedecerá únicamente al capricho del juez», afea la carta abierta.

«Depende de ustedes» revertirlo

De hecho, en relación con las observaciones sobre la falta de imparcialidad de los jueces de las que se quejan los políticos son estos últimos los responsables de «revertir la situación». «Si tanto les preocupa», invitan desde FJI, «estaría bien» que se les dejase «libres de los calificativos de 'progresista' o 'conservador'». Unas etiquetas que generan «desconfianza de los ciudadanos ante la Justicia» y que, en buena medida, son una muestra de la necesidad de que la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)" sean elegidos por sus propios pares y no, como un intercambio de cromos en el Parlamento.

«También estaría bien que se garantizase que la designación de altos cargos en la carrera judicial se hiciese conforme a criterios objetivos de mérito y capacidad, y no mediante nefastos «cambios de cromos» entre los vocales del CGPJ, en los que prima sobre todo la afinidad de cada candidato con cada bloque «político» o partidista», han reclamado desde la entidad.

«Es puro sarcasmo que ustedes hablen de 'falta de imparcialidad', o de jueces que se mueven por motivaciones políticas, cuando en España el acceso a la carrera judicial, la política de nombramientos, y la facultad disciplinaria dependen, desde hace más de 40 años, de un órgano (el CGPJ) cuya composición está absolutamente intervenida por los partidos políticos. O sea, por ustedes. Ustedes son responsables, directa o indirectamente, del nombramiento de algunos jueces y magistrados cuyas sentencias critican después por 'falta de imparcialidad'», han añadido en la misiva.

Seguramente ha que desjudicializar la política, pero sobre todo hay que despolitizar la Justicia

Y, por último, «estaría bien que se regulase con el debido rigor el salto de la jurisdicción a la política, y el retorno posterior a la vida judicial, para que las 'puertas giratorias' no supongan un problema de falta de confianza en la judicatura». Un gesto que depende, «simplemente» de que haya «voluntad política para afrontarlos».

«Su pasividad al respecto nos hace pensar, más bien, que lo que ustedes (políticos de todo signo) pretenden es preservar su facultad de controlar la justicia, sin renunciar a las respectivas cuotas de poder que ahora mismo ejercen. Ustedes eligen a todos los vocales del CGPJ, que después hacen los nombramientos de cargos haciendo uso de una «discrecionalidad» que más bien es arbitrariedad. Y ustedes pueden regular y limitar debidamente las «puertas giratorias», y las medidas que determinan las cargas de trabajo que cada órgano judicial debe asumir. ¿Por qué habrían de querer cambiar eso?», interpelan desde FJI.

«Seguramente hay que desjudicializar la política, pero sobre todo hay que despolitizar la justicia. Háganlo ya, está en sus manos», concluye el texto.