El juicio a Begoña Gómez certifica el fracaso del Gobierno en su intento de frenar a la Justicia

Con Pedro Sánchez camino de Nueva York para participar en la Asamblea General de la ONU, el juez Juan Carlos Peinado dio este lunes el paso que se esperaba antes de su jubilación. El instructor del caso Begoña firmó la resolución con la que envía a la mujer del presidente a un juicio oral con jurado, acusada de dos delitos de malversación y tráfico de influencias.

La Moncloa replicó minutos después con un comunicado en el que condena la decisión de Peinado. «Denunciamos que se trata de una instrucción arbitraria e injusta que solo responde a la persecución judicial contra Begoña Gómez por el hecho de ser la mujer del presidente (…). Son incuestionables la intención política, el acoso y la deshumanización que han marcado toda esta instrucción», según el mismo.

También el PSOE publicó uno en parecidos términos: «Esta instrucción ha sido errática, desproporcionada y difícil de entender desde el primer momento. Varias decisiones del juez Peinado han sido corregidas por la Audiencia Provincial, incluida la retirada del pasaporte. Se ha sometido a una persona inocente a una pena de telediario permanente durante más de dos años para desgastar políticamente a Pedro Sánchez», denunciaron los socialistas.

Ahora será la Audiencia Provincial de Madrid la que ponga fecha al juicio. Se había especulado con la posibilidad de que coincidiera con una hipotética campaña de las elecciones generales, con Sánchez denunciando la persecución a su esposa como lleva dos años y medio haciendo. Sin embargo, como ya contó El Debate esa opción está descartada, porque el juicio no será antes de finales de 2027.

Pedro Sánchez tenía prevista con anterioridad una rueda de prensa en Estados Unidos para el miércoles, en la que será su primera reacción. No obstante, ya dejó un mensaje para el juez instructor en su entrevista del pasado lunes en El Intermedio. «Estoy convencido de que Peinado ha hecho mucho daño a la justicia y que no va a ser, digamos, recordado por sus instrucciones, ni por haber sido un juez imparcial», señaló. En el pasado, tanto el presidente como su mujer se querellaron contra él por prevaricación. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid no admitió ninguna de las dos.

Asimismo, el líder del Ejecutivo confió en que el jurado popular la declare inocente: «Yo espero que el jurado sea ecuánime y haga justicia; la justicia respecto a Begoña Gómez es la total inocencia», añadió. Que es, también, algo que la Moncloa resalta en su comunicado de este lunes: «Mantenemos nuestra plena confianza en que el jurado será ecuánime e impartirá justicia».

Esa misma confianza fue la que mostró Sánchez antes del juicio a su hermano, y resultó que David Sánchez fue condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz a nueve años de inhabilitación como cooperador necesario de un delito de prevaricación administrativa. Tras la condena, el presidente calificó de injusta la sentencia y anunció que su hermano la recurriría. Entonces como ahora, para Sánchez la justicia solo es justa si hace lo que quiere él.

La investigación del juez Peinado fue la que motivó que, en abril de 2024, el presidente del Gobierno se borrara cinco días para pensar sobre su futuro, para perplejidad de los socialistas y del resto de los españoles. Con el tiempo se supo que aprovechó el tiempo para algo más: durante aquella espantada, el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, activó la cloaca socialista.

En la primera reunión de la misma, celebrada en Ferraz dos días después de que Sánchez empezara su encierro en la Moncloa, participó el entonces director adjunto de su Gabinete, Antonio Hernando. El equipo del presidente siempre ha negado que Hernando le informara, tratando de desvincular al presidente de las turbias maniobras que orquestó y sufragó Ferraz para quitarse de en medio a los jueces, fiscales y guardias civiles que investigan la corrupción sanchista.

Hoy, el caso Leire está extendido como enorme mancha de chapapote por la Moncloa, el PSOE, el PSC (cuya contabilidad de la última campaña autonómica ha reclamado el juez), el Ministerio del Interior, la Dirección General de la Guardia Civil y la Fiscalía General del Estado. Las imputaciones más graves son las de la directora general de la Benemérita y su número dos, por obstrucción a la justicia y prevaricación. Este mismo lunes El Debate ha revelado que un enviado de Leire Díez enseñó al narcotraficante 'El Gitano' la rutina de la jueza instructora del caso hermano de Sánchez, Beatriz Biedma, para que le diese «un sustillo».

La investigación a Begoña Gómez también motivó que el PSOE intentara intervenir la Justicia por la vía exprés, a través de una proposición de ley que pretendía: cercenar la acusación popular para que el PP, Vox, Manos Limpias y Hazte Oír fueran expulsados de las causas que afectan a Sánchez; prohibir que la ejerzan las asociaciones profesionales de jueces y fiscales; impedir a los jueces admitir querellas basadas en informaciones publicadas por la prensa; y añadir motivos para recusar a un juez, con la clara intención de deshacerse del juez Peinado. Los socialistas tuvieron que retirarla de la tramitación parlamentaria por falta de apoyos.

En la carta que escribió a la ciudadanía durante su retiro, Sánchez sostenía: «No soy un ingenuo. Soy consciente de que denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal, ellos saben que no hay caso, sino por ser mi esposa». Ser la mujer del presidente del Gobierno fue, precisa y presuntamente, lo que abrió tantas puertas a Begoña Gómez. Para tener una cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva y un máster en captación de fondos en la Universidad Complutense; para conseguir patrocinios de firmas privadas como Fundación La Caixa y Reale Seguros; para quedarse gratis con un software que Google, Telefónica e Indra habían desarrollado sin cobrar por él un euro; y para utilizar a una asesora contratada por la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno para sus gestiones privadas.