Pumpido anuncia sentencia propia para amnistiar la malversación del 'procés' y acelerar la vuelta de Puigdemont que dará oxígeno a Sánchez

La primera deliberación del Constitucional sobre los recursos de los líderes del procés condenados por el Supremo, y todavía inhabilitados, concluía este martes sin acuerdo, como estaba previsto. Sobre la mesa, la propuesta del magistrado José María Macías, encargado de la ponencia cabecera correspondiente a la impugnación de Jordi Turull, para dar la razón al Alto Tribunal que se negó a amnistiar la malversación al entender que los separatistas se enriquecieron a título personal, al gastar recursos públicos para financiar el 1-O.

Y, en contra, los siete magistrados del bloque izquierdista, con Cándido Conde-Pumpido en cabeza, que apuestan por aplicar, sin paliativos, la polémica norma aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez, a la medida de Junts y que presentará, en contra de la tradición de la Corte, su propia sentencia, en respuesta al amparo de Dolors Bassa, para acelerar el borrado penal de los delitos y, con ello, la vuelta del prófugo Carles Puigdemont a España, sin ser detenido.

Una condición clave para que el Ejecutivo socialista pueda negociar antes de final de año la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), que lleva sin presentar cuatro ejercicios, y, con ello, dar oxígeno a la agotada legislatura de Sánchez.

Conde-Pumpido aprovechaba la división del cónclave, para anunciar que, en la próxima cita prevista para tratar el tema de la amnistía, el Pleno del día 5 de octubre, llevará su ponencia sobre Bassa; y, ello, aunque Macías aceptaba rehacer su texto, de acuerdo con la voluntad mayoritaria y plantear un voto particular discrepante.

El presidente del órgano es plenamente consciente de que su propuesta se votará después de la de Turull, que será la que marque el camino para el resto pero, aún así, parece dispuesto a asegurarse que, frente a cualquier imprevisto, en esa fecha quede resuelta la amnistía de la malversación para el primero de los condenados del independentismo catalán.

Una vez con la solución aprobada, por siete votos contra cinco, el resto de los afectados, en la misma situación que el ex consejero de Junts, se beneficiarán de la interpretación marcada en el TC. Pero, además, por el regreso inmediato de Puigdemont a España dado que, como adelantó El Debate, el instructor de la causa especial de la Sala Segunda que sigue abierta contra él, el juez Pablo Llarena, levantará la orden de búsqueda y captura nacional que mantiene vigente, sin esperar a que se resuelva el recurso propio del ex presidente catalán.

Fuentes del Supremo, consultadas por este diario, anticipan desde hace semanas que Llarena moverá ficha para declarar la nulidad de la resolución que ordena a la policía española detenerlo, en cuanto exista un fallo definitivo para los condenados y, en consecuencia, una doctrina consolidada del texto, aunque se se dicte en un proceso distinto del planteado por el todavía fugado que se escapó a Bélgica, oculto en el maletero de un coche, en octubre de 2017.

La única incógnita a despejar, a partir de entonces, será si el ex presidente de la Generalitat catalana, se presentará en España, en busca de un final épico, antes de que la sentencia del Constitucional haya sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y notificada al Supremo, en cuyo caso Puigdemont tendría que ser detenido y conducido a dependencias policiales para su identificación, como ya sucedió, en su día, con la ex consejera Clara Ponsatí; o, si, por el contrario, el líder de Junts optará por la lírica y esperará el trámite del juez Llarena, que debería quedar resuelto, en firme, a mediados de mes, abriendo una ventana de oportunidad para Sánchez, en clave doméstica, de la mano de las cuentas públicas, prorrogadas desde las elecciones de 2023.