El PP reta al PSOE y lleva al Senado su reforma para el rechazo en frontera que el Congreso sigue sin tramitar tras la invasión

El Partido Popular registró el pasado 16 de julio en el Congreso una proposición de ley para modificar la ley de extranjería —la disposición adicional décima— y permitir el rechazo en frontera de los inmigrantes que entren ilegalmente a nado en las ciudades de Ceuta y Melilla. Lo hizo para dar una solución jurídica a un vacío legal que se planteaba, y ante una sentencia del Tribunal Supremo que podía generar un efecto llamada. Apenas dos semanas después se producía la invasión con una avalancha de más de 80.000 personas procedentes de Marruecos.

El PSOE no quiso que se tramitara antes ni tampoco después de aquel asalto, pese a que los populares pedían convocar la comisión permanente y celebrar en agosto un Pleno extraordinario en el que aprobar por lectura única esta medida que consideran urgente. El Gobierno, como ha contado El Debate, no está por la labor de dicha reforma, porque no quiere tener que pactar con el PP. No obstante, el partido de Alberto Núñez Feijóo llevará al Senado el próximo miércoles (coincide además con el día en que se cumplen dos meses de la invasión) esta misma reforma para ver cómo se posicionan los socialistas al respecto, que, según trasladan fuentes populares, por el momento ni se han pronunciado formalmente en el Congreso -tendrían hasta el 5 de octubre- ni tampoco han presentado texto alternativo o propuestas similares. Es esta, por tanto, la primera votación con la que se va a ver si el PSOE tiene o no vocación de reformar esta ley, señalan desde el PP, que considera que si votasen que no, sería contradecirse a ellos mismos.

Y es que el PSOE ha venido a reconocer ese vacío legal, como ha trascendido en algunos medios y como se deduce de las declaraciones del presidente del Gobierno o el ministro del Interior. Pedro Sánchez, en su primera comparecencia tras la invasión, aludió a la sentencia del Supremo y a esa falta de «barrera física» que se supliría de forma temporal instalando una boya. La semana pasada, el diputado socialista Vicente Montávez dijo expresamente que es verdad que hay «un vacío legal (...) que solo se cierra reformando la ley. ¿Contamos con sus votos? ¿Van a hacerlo?», le espetó al PP.

En la exposición de motivos de su iniciativa –donde se señala, por otro lado, que la regulación vigente en materia de extranjería se concibió en un momento en el que la forma de entrada ilegal más común era saltando la valla, y no por vía marítima, y que ahora se deberían adaptar los «instrumentos jurídicos de protección de la frontera» a «las formas actuales de presión migratoria»–, el PP recoge los argumentos de la Abogacía General del Estado. Un punto que, para la formación de Feijóo, debería animar al PSOE a apoyarla.

La Abogacía General del Estado subrayó que «el rechazo en frontera es aplicable cuando los extranjeros son detectados en la línea fronteriza, entendiendo que dicho precepto normativo es de aplicación independientemente de la existencia de obstáculos físicos o no»; y que además «la línea fronteriza, como frontera marítima, existe» y se debe acudir al concepto de mar territorial definido en el artículo 1 de la ley 10/1977.

Así, el PP señala que desde la aprobación de la ley de extranjería la experiencia acumulada evidencia que «la efectividad del régimen especial de rechazo en frontera no debe depender de la concreta modalidad utilizada para intentar el acceso y regular al territorio nacional, sino de la propia existencia de un intento de entrada irregular» en Ceuta y Melilla.

El partido de Alberto Núñez Feijóo recalca que proteger las fronteras exteriores es una «responsabilidad esencial» del Estado y «elemento indispensable para garantizar una política migratoria ordenada, preservar la integridad del espacio Schengen y asegurar el cumplimiento efectivo de la legislación de extranjería». Y apunta que en el caso de Ceuta y Melilla, dadas sus características geográficas y estratégicas debe existir un régimen jurídico «específico» para impedir que entren inmigrantes ilegales.