Vox amplía su querella por la operación contra la juez Biedma y pide citar como testigos a Sánchez y su hermano

Vox presentó el 21 de septiembre una querella contra Leire Díez, conocida como la fontanera de Ferraz, el exjuez Luis José Sáenz de Tejada y el abogado vinculado al PSOE Jacobo Teijelo por presuntos delitos de atentado contra la autoridad en grado de tentativa, coacciones también en grado de tentativa, revelación de secretos, tráfico de influencias y pertenencia a organización criminal, por la operación orquestada contra la magistrada Beatriz Biedma, instructora del caso David Sánchez, desvelada por El Debate. Ahora, tras conocer que el plan que había contra la juez era acabar con ella, ha pedido ante la Audiencia Nacional ampliar la querella y añadir el presunto delito de proposición para el delito de homicidio o asesinato.

Vox, que ejerce como acusación popular, subraya que «la petición de «eliminar» a la magistrada y el sentido que, según un antiguo integrante del clan, tenía esa expresión, unido al encargo previo de «darle un sustillo» aporta indicios de que se invitó a terceros a participar en un atentado contra la vida de la magistrada».

Asimismo, ha pedido en su escrito que se investigue a quién beneficiaban estas maniobras contra la juez. Y ha solicitado que se cite como testigos a Pedro Sánchez, a su hermano, David Sánchez, y al expresidente de la Diputación de Badajoz y exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, la ampliación de la de Cintia Rocho, del clan de Los Rochos, y de otro integrante del mismo. Por otra parte, el partido quiere que se pida a la UCO las grabaciones de las conversaciones entre los interlocutores, los informes sobre el canal de Youtube (gestionado por Sáenz de Tejada) en el que se difundían vídeos contra Biedma –en uno de ellos dijo conocer el colegio de sus hijos– la imagen de la libreta de Leire Díez con la anotación de marzo de 2025.

La formación de Santiago Abascal alude entre otras cosas a la declaración como testigo de Cintia Rocho ante agentes de la UCO el pasado septiembre en la que esta habría señalado a Sáenz de Tejada como «la persona que contactó con ella y le facilitó información personal sobre la magistrada».

Por otra parte, señala Vox que «el brazo ejecutor no fue elegido al azar, sino que acudió a un grupo con antecedentes de violencia, y que podrían tener motivos de resentimiento derivados de la actuación jurisdiccional de la magistrada y en un momento de especial tensión»; algo que, a su juicio, «acredita la idoneidad intimidatoria cualificada del medio empleado y el dolo de los querellados respecto del riesgo creado para la integridad de la magistrada».

Se hace eco también de la información de El Debate en la que Alejandro Entrambasaguas revela que un miembro del clan de Los Rocho ha indicado que el término «eliminar» quería decir matar a la juez.

Este martes, en una rueda de prensa, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha incidido en la gravedad de estos hechos. «Un Gobierno capaz de contactar con un narcotraficante para eliminar a la juez que investigaba la corrupción del hermano del presidente, y que si no ha ido a más ha sido porque el narcotraficante ha dicho que no. A ese punto hemos llegado», ha subrayado Millán.