Ángel Víctor Torres maniobra para esconder el ridículo despliegue para expulsar a los invasores

Ni atendieron los avisos, ni frenaron la invasión, ni reprobaron a Marruecos ni, según desvela El Debate hoy, tomaron las medidas mínimas imprescindibles para devolver a los invasores a su país. Y además tratan ahora de ocultarlo.

El Gobierno destina millones de euros para las nacionalizaciones exprés de la Ley de nietos –cuyo derecho de voto ha sido suspendido cautelarmente por auto del Tribunal Supremo–, contratando a 2.300 trabajadores y reforzando el personal diplomático en los consulados. Según diversas estimaciones, alrededor de 100.000 personas habrían invadido Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, pero Marlaska se niega a hacer públicos los informes policiales oficiales que acreditan la cifra real de invasores y cuál es la cifra verdadera de inmigrantes pendiente de expulsión.

Y lo ha hecho porque, según consta en un documento del pasado 30 de septiembre al que ha accedido en exclusiva este periódico, hacer pública esta información pondría en peligro la Seguridad Nacional.

Cuando aún dura la resaca de la histórica visita de los Reyes a Ceuta, aclamados por los mismos ceutíes que recibían al ministro Ángel Víctor Torres entre abucheos por dejarles abandonados durante semanas, El Debate publica nuevos documentos que demuestran la desidia y mala gestión del Gobierno tras la invasión de la ciudad autónoma, pero sobre todo, la mentira, tras el intento desesperado de Torres de que no trascienda el dato que, puesto en relación con la gestión que de la invasión de Ceuta viene haciendo Sánchez casi 3 meses después, confirma su escasa intención para acabar con la invasión orquestada por Marruecos, «socio fiable» según Marlaska.

El Debate ha tratado de acceder a diversa información que obra en manos del ministro de Interior y que podría comprometerle, tras haber ocultado la invasión de aguas españolas por parte de una fragata marroquí, un incidente más de lo que ha sido catalogado por la Juez Tardón de la Audiencia Nacional como acto de «guerra híbrida». Cabe preguntarse si con ello Marlaska trata igualmente de no perjudicar la Seguridad Nacional al hacer pública la invasión híbrida marroquí.

El jefe de Gabinete de Torres desmiente a un alto cargo de su ministerio tras reconocer esta que solo ha reforzado extranjería en Ceuta con diez personas para expulsar a los invasores

Tras la invasión de entre 80.000-100.000 personas que cruzaron la frontera desde Marruecos, con la connivencia de las autoridades marroquíes y que el propio Pedro Sánchez calificó en un primer momento de agresión a la integridad territorial de España, para luego hablar de entrada irregular de migrantes de «permanencia temporal indeterminada» en su Real Decreto 681/2026 de 25 de agosto por el que declaraba la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta, la Autoridad Funcional designada por Sánchez solo ha propuesto contratar 10 funcionarios interinos asignados a la oficina del Delegado del Gobierno, -el mismo que tuvo que dimitir tras las versiones contrapuestas con su jefe de gabinete, que sostiene que le avisó de las alertas lanzadas por el CNI-, para engrosar la plantilla de empleados públicos para tramitar su expulsión, frente a los millones de euros destinados a reforzar los consulados para agilizar la aplicación de la ‘Ley de nietos’, que ahora ha paralizado el Tribunal Supremo.

Sánchez solo tomó las riendas de la situación después de sus vacaciones de lujo en La Mareta, casi un mes después de la invasión, declarando la situación de interés para la seguridad nacional y el BOE publicaba el decreto para activar los resortes de la Ley 36/2015 de 28 de septiembre de Seguridad Nacional, aplicando los artículos 23 y 24.

En este último se especifica claramente que el real decreto aprobado por el presidente del gobierno debe incluir la «determinación de los recursos humanos y materiales necesarios para afrontar la situación de interés para la Seguridad Nacional, previstos en los correspondientes planes de preparación y disposición de recursos, así como de otros recursos adicionales que se requieran en cada caso».

Sin embargo, el ministro ha tratado de ocultar cuál es la cantidad real de funcionarios que se han destinado para tramitar las expulsiones, ya que el jefe de gabinete del ministro, Roberto Manuel García, mano derecha ministro, sostiene que este ya ha dado cumplida cuenta del despliegue de medios en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros, intentando así desmentir apenas días después al alto cargo de su ministerio que sí ha confirmado a este periódico los irrisorios refuerzos solicitados, sin precisar siquiera el estado real de ese concurso.

Una situación similar a la que ocurrió con la cantidad de personas que cruzaron la frontera: el Gobierno quiso mantenerlo en secreto y una funcionaria de Seguridad Nacional publicó que eran 49.000, lo que le costó el puesto.

Así, según el escrito al que ha accedido El Debate, firmado por Pilar González, directora general de la Administración General del Estado en el Territorio, este 7 de octubre, estos 10 funcionarios se solicitaron «para hacer frente a las necesidades derivadas de la tramitación urgente de los expedientes, y especialmente, de reubicación de menores» y la petición fue autorizada «mediante resolución de la Dirección General de Función Pública de 6 de agosto de 2026».

Sin embargo, el escrito ha dejado varias cuestiones en el aire, como las instrucciones que dio al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa reglando las actuaciones de la Policía y del Ejército o las que él mismo recibió del presidente del Gobierno «para el ejercicio del cargo de Autoridad Funcional en orden a la solución del conflicto». La respuesta es de lo más inconcebible, pues argumenta que deben ser esos departamentos los que den respuesta, pese a que es más que evidente que es el propio ministro quien como Autoridad Funcional según el artículo 5 del Real Decreto Presidencial 681/2026 de 25 de agosto, debe explicar qué órdenes ha dado y cuáles ha recibido de Pedro Sánchez. Para tratar de arreglar el disparate manifestado por el Director de Gabinete de Víctor Ángel Torres, éste señala que es una información interna que no debe de trascender públicamente.

Vivas y Felipe VI exigen el retorno de todos los inmigrantes que entraron en el asalto

No obstante, pese a la desidia del Gobierno, Ceuta ha encontrado en la figura de Felipe VI un gran aliado y así lo destacó en su discurso en la ciudad autónoma cuando señaló que esta «violación de nuestra frontera por una inmensa multitud de personas fue un shock para todos», y «desde aquel día no ha pasado uno solo sin teneros en nuestro pensamiento». Además, señaló que «quienes entraron irregularmente deben regresar a su lugar de origen», puesto que «la soberanía y la integridad territorial de nuestro país no son negociables; son indiscutibles».

De esta manera, el monarca respaldó al propio presidente de la ciudad autónoma, Juan Vivas, que durante su discurso señaló que lo sucedido constituye «la mayor crisis de seguridad nacional de nuestra democracia» que ha transformado Ceuta en «una olla a presión» y exigió «el retorno a su país de todos los que llegaron, de manera masiva e ilegal».

De hecho, el Gobierno de Ceuta forzará Sánchez a acelerar estos retornos por la vía judicial, a través de un contencioso en el Tribunal Supremo, ya que pasados 80 días desde la «invasión», aún «no consta que se haya ejecutado una sola expulsión acordada en procedimiento administrativo».

Por ello, buscan amparo en la justicia, para que obligue al Gobierno a aportar los medios necesarios para acelerar los procedimientos de expulsión o devolución y las solicitudes de asilo, ya que, según el Ejecutivo de Vivas, “la situación se ha cronificado" debido a la inacción del Gobierno de Sánchez.

El Gobierno sí que realizó contrataciones masivas para tramitar las nacionalizaciones de la ‘Ley de nietos’ que ha paralizado el Supremo

Esta situación de dejadez contrasta con la rapidez en tramitar las nacionalizaciones de extranjeros por la llamada ‘Ley de nietos’, que ha supuesto un enorme varapalo al Gobierno en su intento de ampliar el censo electoral, ya que el Tribunal Supremo ha mantenido la suspensión cautelar del voto para quienes hayan sido incluidos en el censo en virtud de la disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática a menos que acrediten que son descendientes de exiliados.

En este caso, tal y como ha desvelado Pilar Losantos en el programa de Telemadrid ‘Investigación Abierta’, el Gobierno sí que recurrió a empresas externas para agilizar el procedimiento, contratando a decenas de personas. En Cuba, recurrió a la empresa estatal Grupo Palco, una compañía similar a una ETT, considerada por el régimen cubano como un «ejemplo de empresa estatal socialista», que ha proporcionado al consulado español casi un centenar de trabajadores para tramitar las nacionalidades, lo que ha supuesto un desembolso de 1.131.295,68 euros.

Además, el ministro José Manuel Albares tampoco ha mostrado los informes de la Abogacía del Estado que avalan la decisión de permitir que empleados extranjeros manejen información tan sensible como esta, que incluso modifica el censo electoral.

Por su parte, según publicó El Debate, el Gobierno pensaba confiar a Ineco, la empresa dependiente del Ministerio de Transportes en la que se enchufó a la amiga del exministro condenado José Luis Ábalos, las nacionalizaciones en el Consulado de Buenos Aires. Sin embargo, pese a que Exteriores remitió al Portal de Contratación del Estado para acceder al contrato en cuestión, Ineco niega su existencia.