El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y el vicepresidente, Alejandro Nolasco, en una sesión en las Cortes
Aragón introduce por primera vez la prioridad nacional de Vox en la futura ley de vivienda autonómica
Lo han anunciado esta semana PP y Vox, que han presentado varias enmiendas conjuntas a la norma
«El sistema debe garantizar que todos los españoles que cumplan los requisitos legales y acrediten una necesidad real sean los primeros en la cola», afirma la diputada de Vox Carmen Rouco
El Partido Popular y Vox en Aragón registraron esta semana de forma conjunta un total de 44 enmiendas a la nueva ley de vivienda autonómica, que continúa su tramitación parlamentaria. Una de las novedades de este proyecto legislativo es que en él se introduce por primera vez el principio de prioridad nacional que pedía Vox y que ambos partidos recogieron en su acuerdo de gobierno.
La diputada del PP Susana Cobos explicó esta semana que «el Gobierno de Jorge Azcón tiene alrededor de 3.600 viviendas públicas impulsadas o en distintas fases de desarrollo, con el objetivo de alcanzar las 7.000 al finalizar la legislatura, y un Plan Aragón Más Vivienda dotado con más de 400 millones de euros para seis años», por lo tanto no se parte de cero, sino de una política que, subrayó, «está dando resultados» que ahora buscan que se consoliden con una ley autonómica.
Tal como indicó, una de sus prioridades es que haya más suelo disponible para construir vivienda y también reducir los plazos administrativos poniendo fin a «burocracia absurda». También, tienen el objetivo de que haya un parque público «equivalente, al menos, al 10 por ciento de los hogares de primera residencia en Aragón y además las viviendas protegidas sobre suelo público mantendrán su calificación a perpetuidad».
Por su parte, desde Vox, la diputada Carmen Rouco defendió que, en un contexto de «desequilibrio» del mercado de la vivienda entre otras cosas por la inmigración masiva, se debe «ordenar la adjudicación de unos recursos públicos escasos bajo el denominado principio de prioridad nacional, mediante criterios objetivos de necesidad, arraigo y vinculación verificable con Aragón y España». Para Vox este es uno de los compromisos del acuerdo más importantes. «El sistema debe garantizar que todos los españoles que cumplan los requisitos legales y acrediten una necesidad real sean los primeros en la cola», remarcó Rouco.
Así, proponen PP y Vox y así lo recogen en sus enmiendas la creación de un Registro Único de Demandantes de Vivienda Protegida y Vivienda Pública. También, por otro lado, unas medidas fiscales dirigidas a facilitar «la primera vivienda, la emancipación de los jóvenes, el acceso de las familias numerosas, la rehabilitación y la recuperación residencial del medio rural». Asimismo, se busca simplificar los procedimientos para calificar vivienda protegida y está recogida la lucha contra la okupación ilegal, entre otras cuestiones.
