Irene Montero exige a Sánchez renacionalizar el sector ferroviario a través del artículo 128 de la Constitución

La eurodiputada y cabeza de lista de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, ha reclamado a Pedro Sánchez revertir la liberalización del sector ferroviario y aplicar el artículo 128 de la Constitución para recuperar el control público y renacionalizar el sistema siguiendo, según ha dicho, el ejemplo de Reino Unido, al considerar que permitir que se haga negocio con este servicio «está poniendo en peligro la seguridad de los usuarios».

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios de comunicación tras reunirse con representantes del Sector Federal Ferroviario de CGT para conocer las reivindicaciones que llevan años planteando los trabajadores de Renfe, Adif, los maquinistas y el personal de los centros de control para garantizar la seguridad y el funcionamiento del sistema.

«Además de la dimisión del ministro, que es un consenso social que debe dimitir, aquí la cuestión de fondo es la liberalización», ha afirmado ante los periodistas Montero, quien ha defendido la necesidad de aplicar el artículo 128 de la Carta Magna, que permite poner bajo control público servicios esenciales para la ciudadanía. A su juicio, el transporte constituye un derecho cuya gestión y seguridad deben garantizarse desde el sector público.

La dirigente de Podemos ha asegurado que los trabajadores y sindicatos ferroviarios llevan años advirtiendo de los problemas de seguridad derivados de la liberalización y ha denunciado que numerosos servicios esenciales de mantenimiento, prevención, control y señalización están externalizados y dependen de empresas privadas.

En este sentido, ha señalado que la señalización del tramo donde se produjo el accidente depende de dos compañías, Hitachi y Siemens, y ha citado también a grandes constructoras como ACS, Sacyr, Ferrovial y Acciona entre las empresas que realizan tareas de mantenimiento y prevención en el sistema ferroviario.

Montero ha cuestionado que empresas privadas «cuyo objetivo es maximizar sus beneficios» puedan garantizar las inversiones necesarias en seguridad cuando estas entren en conflicto con sus intereses económicos. «¿No nos damos cuenta del grave peligro que supone dejar en manos de empresas que solo buscan maximizar beneficio un derecho y un servicio fundamental como es el ferrocarril?», ha planteado.

En concreto, el precepto citado por Montero recoge: «1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. 2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general».