Transportes se convierte en el símbolo del desmoronamiento del sanchismo

Adif, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, volvió ayer al ojo del huracán sin haber salido de él desde el trágico accidente del miércoles de la semana pasada. En esta ocasión, por el operativo desplegado por la UCO en el marco de una nueva pieza separada abierta por el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno sobre presuntos contratos amañados.

A pesar de la detención de seis personas -que después quedaron en libertad-, de los registros en Madrid, Valencia, Sevilla y Córdoba y de los requerimientos de información en Adif y Azvi, el presidente del Gobierno despachó ayer en poco más de 30 segundos su respuesta. «Ninguna de esas personas tiene que ver conmigo, ninguna. Y lo que sí que diré es que no he podido conocer los detalles de esta investigación, pero sí parece que no es nada nuevo, que es un caso que ya lleva siendo investigado por parte de la Justicia unos cuantos años. Nosotros lo hemos manifestado desde el principio: total colaboración con la Justicia», afirmó en una rueda de prensa una vez apagados los focos de la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada en Madrid.

Fuera de cámara, los suyos no son tan asépticos y ven una conexión entre la precampaña electoral y la acción del juez Moreno para perjudicar los intereses socialistas. «Rutina judicial», ironizan en la Moncloa, donde dan por buenas las palabras de Patxi López horas antes en TVE: «Qué casualidad que cada vez que el PSOE saca cabeza aparezca alguno que quiera hundir al PSOE. Además, un año y medio después de que ya se hicieran los registros».

Teorías de la conspiración al margen, el Ministerio de Transportes se ha convertido en el símbolo del desmoronamiento del sanchismo y el kilómetro cero de todas las polémicas. Ayer fue el operativo de la UCO. El miércoles, la dimisión del presidente de Adif. El martes, la del propio ministro Óscar Puente. La semana pasada, el accidente que costó la vida a 69 personas, al que siguió -el mismo día del accidente- la filtración de varios fragmentos de audio del centro de control de Atocha que la Guardia Civil investiga y cuya procedencia los agentes sitúan en la Secretaría de Estado de Comunicación, como desveló El Debate en exclusiva.

Pero es que, además, en estos días la jueza que investiga el accidente de Adamuz ha ampliado la investigación y solicitado nuevas diligencias, informes técnicos y requerimientos a Adif. La semana pasada, los expertos advirtieron de deformaciones en, al menos, tres puntos de la vía en la que descarriló un tren Iryo el pasado 18 de enero.

A todo ello se une la sentencia del Tribunal Supremo que, en junio, condenó a José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de cárcel por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. Los magistrados consideraron probado que Transportes era el centro de operaciones de la organización criminal que anidó y operó en el Ejecutivo de Sánchez.

El Ministerio de los enchufes en empresas públicas a amigas de Ábalos, las adjudicaciones presuntamente fraudulentas a Acciona y Servinabar, las auditorías fake encargadas por el exministro Puente que nunca hallaron nada y los trenes de Cercanías que no cabían por los túneles entre Cantabria y Asturias. El de los nombramientos políticos y no técnicos, las obras con sobrecostes que casi nunca acaban en plazo y las constantes incidencias en la red ferroviaria. El Ministerio de Adamuz y de Urda.

A mayores, desde el Gobierno no descartan que pueda haber nuevas dimisiones en Transportes en los próximos días, en tanto que el vicepresidente Carlos Cuerpo sigue poniéndose al día de las nuevas competencias que le han caído en suerte por decisión del presidente.

Desde el equipo de este último confían en que la renuncia de Puente pueda ser un «revulsivo» para la campaña, que Sánchez retoma este viernes en Valencia con dos ideas fuerza: una es que no todos los políticos son iguales. La otra, la importancia de que haya dinero para los servicios públicos, que sale de los impuestos.

Las mismas fuentes reiteran que la decisión de dar un paso al lado fue enteramente de Puente, al que alaban por su «empatía con las víctimas». No obstante, reconocen que el «contexto electoral» ha pesado en ella. Cómo no hacerlo con un PSOE por debajo de los cien escaños en las encuestas de la última semana.