Caen la quita de la deuda a las comunidades y otras 49 leyes en el naufragio de la legislatura

La legislatura más improductiva ha dejado tras de sí un reguero de medio centenar de leyes sin aprobar, que en uno u otro momento salieron del Consejo de Ministros con toda la trompetería pero que llegaron al Congreso para su tramitación parlamentaria y nunca fueron aprobadas. Unas veces por Junts, otras por desacuerdos entre el PSOE y sus socios, algunas por falta de tiempo…

Son los restos del naufragio de una legislatura que empezó con la aprobación de la ley de amnistía, de la que no salieron unos solos Presupuestos (el Gobierno ni siquiera los llevó ningún año a la Cámara Baja) y en la que Pedro Sánchez ha roto la barrera de los 30 reales decretos leyes con las Cortes ya disueltas: 32 lleva este año, y es muy probable que la lista no haya acabado, porque aún quedan tres Consejos de Ministros más antes de las elecciones. Tres martes sociales electorales.

En el listado de leyes que no han pasado del papel al BOE figura la famosa quita de deuda a las comunidades del régimen general. Allá por noviembre de 2023, el PSOE se comprometió con ERC a condonar el 20 % de la deuda de Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómica a cambio de su voto favorable a la investidura. Ante las protestas del resto de regiones, el Ejecutivo decidió hacer extensiva la quita a todas las que la solicitaran. Pero aquello no era más que sacar la bolita de un cubilete para meterla en otro, una especie de mutualización de la deuda que siguió sin gustar a nadie salvo a Cataluña. Y ahí ha quedado.

Bolaños, el peor parado

También han quedado sin aprobar las leyes que ideó el ministro Félix Bolaños para intervenir la Justicia y cambiarla de arriba abajo, a través de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y de la aprobación del proyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal. Con ellas, el Ejecutivo pretendía cercenar la acusación popular, hacer que los fiscales instruyeran las causas penales y remodelar el acceso a las carreras judicial y fiscal.

La misma suerte han corrido los proyectos de ley contenidos en los dos planes por la transparencia y contra la corrupción que elaboró el Gobierno en el verano de 2024 y en el de 2025 para tener entretenidos a los socios: el Plan de Acción por la Democracia y el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción del pasado 26 de agosto. En el mejor de los casos, los que llegó a aprobar el Consejo de Ministros fueron enviados al Congreso y de allí no salieron.

Entre ellos figuran la Ley Orgánica de Integridad Pública. La Ley de Información Clasificada, que se suponía que debía sustituir a la Ley de Secretos Oficiales del franquismo. La Ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés, también conocida como ley de lobbies. La de protección civil de los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La Ley Orgánica reguladora del derecho de rectificación.

El proyecto de ley de familias ha batido todos los récords. Fue ideada la legislatura anterior por Ione Belarra cuando era ministra de Derechos Sociales y repescada por su sucesor, Pablo Bustinduy. Ya le costó salir del Consejo de Ministros; del Congreso no lo hizo nunca. También han muerto antes de nacer la Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual. La de la Función Pública de la Administración del Estado. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para regular el procedimiento de determinación de la edad. La Ley de Industria y Autonomía Estratégica.

También, la Ley de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuario. La de protección de las personas menores de edad en los entornos digitales. La Ley del Estatuto de las personas en formación práctica no laboral. La Ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud. La que debía velar por el buen uso y la gobernanza de la inteligencia artificial. Y la Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria, entre otras.

Cuando Sánchez compareció en la Moncloa para anunciar el adelanto de las elecciones, el pasado 5 de octubre, llamó a la izquierda a «movilizarnos y lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia, progresista, con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España». Pero la realidad es que, en la práctica, hacía mucho que había dejado de tener una mayoría funcional en el Congreso.