Elecciones generales 2026  El Gobierno «compra» votos con la ley de nietos: multiplica hasta por 8,2 las ayudas

Comprar votos no siempre exige entregar un sobre a cambio de una papeleta. También puede consistir en utilizar el poder del Estado para crear una expectativa económica en un colectivo electoral al que el propio Gobierno ha abierto las puertas de la nacionalidad. No hablamos del delito de compra de votos: no existe prueba de que esta ayuda se condicione al sufragio ni de que sus beneficiarios vayan a votar al PSOE. Nos referimos a imprimir en el BOE, a veinte días de las elecciones, una promesa de hasta 7.600 euros dirigida a españoles en el exterior entre los que están los nuevos nacionales de la ley de nietos.

El real decreto se publicó el 9 de noviembre, festivo local en Madrid capital por su patrona, la Virgen de la Almudena. El Consejo de Ministros había anunciado el reglamento el día 3, pero no publicitó las cantidades. El BOE sí las concreta y dispone que el reglamento entre en vigor veinte días después: exactamente el 29 de noviembre, jornada electoral. La campaña comienza el viernes 13.

La disposición final obliga al Gobierno a aprobar, en el plazo máximo de un año, otra norma que determine requisitos, procedimiento, pago, incompatibilidades y reintegros. El Ejecutivo deja comprometidas las cantidades: 4.000 euros por beneficiario individual y hasta 7.600 para unidades familiares con tres o más familiares a cargo. La promesa ya tiene cifra, destinatario y sello oficial, aunque carezca de cheque.

Una promesa con fecha electoral

El Gobierno empezó a difundir públicamente las jugosas ayudas hace un año. En noviembre de 2025, dos responsables del Ministerio de Inclusión presentaron ante el Congreso Mundial de Asturianía una ayuda directa de entre 4.000 y 7.600 euros. Y explicaron el motivo al mismo tiempo: la ley de nietos había creado un nuevo perfil de españoles de origen nacidos fuera, sin vínculos previos ni red familiar en España, para los que era necesario rediseñar las políticas de retorno.

Las publicaciones especializadas en el exterior publicaron las cantidades y las vincularon expresamente con quienes habían adquirido la nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática y hasta el boletín oficial del Consulado de España en Pekín reprodujo la futura ayuda junto a la noticia sobre los millones de solicitudes de nacionalidad. Todas las informaciones obviaron que el propio Gobierno había cerrado el grifo cinco años antes a una ayuda que existía desde 2007.

Escrivá cerró el grifo; seis años después lo reabren multiplicado por diez

En 2019, último ejercicio en el que el Gobierno concedió la ayuda anterior, el programa distribuyó 798.285 euros entre 858 beneficiarios: una media de apenas 930,40 euros. En 2020 se presentaron 1.817 solicitudes y no se aprobó ninguna. La memoria admite que el entonces titular del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, decidió dejar la línea sin dotación y que, desde ese momento, las peticiones fueron denegándose por falta de crédito.

Seis años después, y a veinte días de las urnas, renacen las ayudas oficiales del Gobierno que dejó de pagarlas. La memoria con la que diseñó la nueva subvención estimó un coste inicial anual de 8.084.255,76 euros y utilizó una ayuda media teórica de 5.800 euros. La cifra multiplica por 10,1 el dinero distribuido en el último año y por 6,2 la cuantía media de cada ayuda.

Incluso los 4.000 euros mínimos comprometidos ahora multiplican por 4,3 los 930,40 euros cobrados de media en 2019. El máximo de 7.600 los multiplica por 8,2. La memoria proyectó además unas 1.394 concesiones anuales frente a las 858 de 2019, un 62,5 % más. Más perceptores y mucho más dinero para cada uno: de menos de 800.000 euros a algo más de ocho millones.

Esos ocho millones son la estimación económica de la memoria del proyecto publicado en 2025, que entonces regulaba directamente la ayuda. El texto definitivo ha aplazado su desarrollo a otro real decreto y por ahora solo conocemos que diseñó la ayuda con esos importes que ahora ha llevado al BOE sus cuantías mínima y máxima.

El falso español de origen que creó Sofía Puente

El reglamento considera retornado al español de origen nacido en el extranjero que se traslade definitivamente a España, haya permanecido al menos doce meses inscrito en el Registro de Matrícula Consular y cumpla los demás requisitos.

Fue la instrucción firmada el 25 de octubre de 2022 por Sofía Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, la que determinó que quienes adquirieran la nacionalidad mediante la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática serían españoles de origen, aunque de forma sobrevenida y con efectos desde la adquisición. Esa calificación es la que permite que puedan encajar en las futuras ayudas si retornan, tienen entre 18 y 65 años, acreditan vulnerabilidad y cumplen la norma todavía pendiente.

Así, a menos de tres semanas de las urnas, el BOE anuncia ayudas de hasta 7.600 euros a un colectivo de españoles de origen en el que pueden entrar tanto los nacionalizados del Anexo I como los hijos del Anexo III, siempre que retornen y reúnan las condiciones. Los primeros, 162.454 nacionalizados, tienen suspendido el voto en su inmensa mayoría; los segundos, un colectivo todavía mayor de hasta 189.678, podrán votar. Una sorprendente pirueta provocada por el avanzado estado del proceso electoral y las dificultades de ejecutarla a tiempo con todas las garantías, según el Tribunal Supremo

El Gobierno que dejó 1.817 solicitudes sin una sola concesión en 2020 acaba de multiplicar por diez el gasto, por seis la ayuda media y contó expresamente, para calcular la factura, con los retornos adicionales que provocarían las nuevas nacionalizaciones de la ley de nietos.

En una campaña electoral hay algo políticamente más útil que una transferencia: una promesa económica respaldada por el BOE. Primero, Sofía Puente convirtió a los beneficiarios en españoles de origen. Después llegaron el registro consular y el censo. Ahora, la lluvia de millones para el mismo colectivo al que el Gobierno dejó sin una sola ayuda. De eso no hablará el relato oficial. Sánchez juega, como siempre, con las cartas marcadas. Y volverá a ganar el relato si la verdad llega cuando la papeleta y esté ya en la urna.