Asociaciones de jueces reclaman más unidades judiciales en Sevilla para frenar los retrasos

Los retrasos en los procedimientos se han convertido en algo habitual en los tribunales de Sevilla y son el motivo del archivo o el cierre prematuro de la fase de instrucción de muchas causas, como ha ocurrido recientemente en varios casos como Isofotón o la pieza separada de los ERE relativa a la empresa Heineken. Asociaciones de jueces han denunciado esta situación y reclamado a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Justicia más unidades judiciales en la capital hispalense.

La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente consideran necesaria «la creación de nuevas unidades judiciales» en Sevilla «que permitan proporcionar la adecuada tutela a la ciudadanía», tras una reciente sentencia del Tribunal Constitucional que reconoce que la demora en las causas vulnera el derecho a un proceso judicial sin dilaciones y a la tutela judicial efectiva.

Las asociaciones señalan que, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en 2021 «el número medio de asuntos por juez ascendía en la jurisdicción Social de Sevilla a 3.121 asuntos», cuando la media andaluza es de 2.473, y la nacional ronda los 2.000. «El porcentaje de productividad de los jueces de Sevilla en relación con los módulos fijados por el CGPJ supera en la mayoría de los casos el 150 por ciento», apuntan los jueces, que, además, detallan que «el número de demandas por juzgado está en torno a 1.300 y el promedio de señalamientos es de 90 mensuales».

Por ello, «debido a la imposibilidad de aumentar más la carga de trabajo de los juzgados de lo Social de Sevilla sin incumplir las más básicas normas de seguridad y salud que amparan a las personas que conforman la jurisdicción social», estas asociaciones de jueces reclaman a la Junta de Andalucía y al Ministerio de Justicia «la creación de nuevas unidades judiciales que permitan proporcionar la adecuada tutela a la ciudadanía».

Ya por último, advierten de que «el empleo de planes temporales de refuerzo o autorrefuerzo sirve para dar respuesta puntual a coyunturas específicas pero no a resolver, en palabras del Alto Tribunal, un problema estructural de la jurisdicción».

Respuesta de las instituciones

El Consejo de Ministros aprobó este martes, y se publicó el miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el real decreto de creación de 70 unidades judiciales correspondientes a la programación de desarrollo de la planta judicial 2022. A Andalucía le pertenecen cuatro plazas de magistrado en las Audiencias Provinciales de Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, y diez nuevos juzgados: tres en Almería, uno en Cádiz, uno en Granada, uno en Huelva, uno en Jaén, uno en Málaga y dos en Sevilla.

En concreto, en Almería se crearán los Juzgados de Primera Instancia 11 y Penal 6 de la capital y el de Primera Instancia e Instrucción 7 de Roquetas de Mar; en Cádiz, el Juzgado de Primera Instancia 8 de Jerez; en Granada, el de Primera Instancia 20 de la capital; en Jaén, el de Primera Instancia 4 de la capital; en Huelva, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 6 de Ayamonte, y en Málaga, el de Primera Instancia 22 de la capital.

En Sevilla capital se crearán el Juzgado de Primera Instancia 31 y el Mercantil 4, así como el Juzgado de lo Social número 14, aunque este último supondrá perder el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 14.

Las cuatro plazas de magistrados, los tres nuevos juzgados de Almería y los de Granada y Jerez entrarán en funcionamiento el 31 de diciembre de 2022; la transformación del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla número 14 en el Juzgado de lo Social 14 tendrá efecto desde el 1 de enero de 2023, y el Juzgado de Primera Instancia 4 de Jaén comenzará a operar el 31 de marzo de 2023. Para la puesta en marcha del resto de los nuevos órganos, el Ministerio de Justicia debe fijar aún la fecha, previa consulta al CGPJ, y será publicada en el BOE.

Además de la dotación de personal, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública se encargará de dotar a los nuevos órganos de los medios técnicos necesarios y habilitar los espacios para su ubicación con anterioridad a su entrada en funcionamiento.