Los expresidentes andaluces José Antonio Griñán (izq.) y Manuel Chaves (dcha.), tras finalizar el juicio de los ERE
Caso ERE
El Constitucional admite a trámite los recursos de Chaves y Griñán contra sus condenas por los ERE
La Corte de Garantías ha rechazado, en cambio, la medida cautelarísima solicitada por la defensa del expresidente de la Junta, enfermo de cáncer, para evitar su ingreso en prisión
La norma general es que «las sentencias judiciales está para ser cumplidas» y, en caso contrario, «ejecutadas». El Constitucional (TC) ha admitido a trámite este lunes, como avanzó El Debate en primicia, los recursos presentados por los expresidentes de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves, entre otros condenados por el caso de los ERE, contra la sentencia firme del Supremo que impuso, a algunos de ellos, penas de prisión. Sin embargo, el hecho de que la mayoría de la Sección de la Corte de Garantías, responsable de la decisión, haya aceptado revisar la actuación del Alto Tribunal, «no tendrá repercusiones» sobre el ingreso en la cárcel de Griñán actualmente aplazado, por razones médicas, en la Audiencia Provincial de Sevilla.
La medida cautelarísima solicitada por la defensa del expresidente andaluz, diagnosticado de un cáncer de próstata, ha sido «inadmitida», según han confirmado fuentes próximas al procedimiento.
Así las cosas y dado que la condena impuesta a Griñán, como responsable de dos delitos de prevaricación y malversación, supera los cinco años de prisión, el hecho de que, este lunes, la Sala Segunda haya dado luz verde a los 12 recursos de amparo presentados contra el fallo del Supremo con el que se puso fin a la pieza política de la macrocausa de los ERE, no tendrá mayores consecuencias, por el momento, en la práctica. La siguiente fase es que «una vez la Sección ha admitido los recursos a trámite, tendrá que avocar los mismos al Pleno» para que el TC, al completo, se pronuncie sobre el fondo del asunto, han apuntado fuentes de toda solvencia a El Debate.
Ya en una anterior ocasión, la falta de consenso entre los tres magistrados que integraban la sección competente, de acuerdo con la Ley Orgánica del Tribunal, para decidir sobre esta admisión, cuya ponente es la vicepresidenta de la Corte, Inmaculada Montalbán, obligó a elevar la cuestión a la Sala. Y es que, si bienm desde un primer momento Montalbán, sobre quien recayó la primera impugnación presentada por la exministra de Fomento Magdalena Álvarez, fue la de aceptar las reclamaciones, no contaba con el apoyo unánime de sus dos compañeros: la magistrada de izquierdas Laura Díez y el conservador César Tolosa.
Conde-Pumpido rectificó las fechas
Tal y como avanzó El Debate en primicia, la admisión de la docena de recursos de los ERE se incluyó en el orden del día del Pleno del pasado día 22 de mayo, pero tras la polémica surgida entorno a dicha decisión que contravenía una norma no escrita de la Corte, sobre los asuntos de mayor trascendencia política, el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, decidió no abordarlo hasta después de la celebración de las elecciones municipales y autonómicas del domingo 28-M.
Y, aunque después del reciente anuncio efectuado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de disolver las Cortes Generales y adelantar las elecciones legislativas al próximo 23 de julio, algunos magistrados volvieron a poner de relieve la necesidad de postergar nuevamente esta deliberación. Sin embargo, la opción final fue continuar con la admisión en la agenda ordinaria del Tribunal.
La defensa de Griñán ya anunció el pasado julio que solicitaría al TC que le amparara frente a la sentencia de la Audiencia de Sevilla, y las posteriores negativas del Tribunal Supremo a revocarla, que le condenó a seis años y un día de cárcel por prevaricación y malversación. Su defensa formalizó recurso en abril.
A principios de año, la Audiencia de Sevilla suspendió el ingreso en prisión del expresidente andaluz para que pudiera completar su tratamiento de radioterapia. El último informe del Instituto Medicina Legal (IML) señala que el tratamiento oncológico resulta «poco compatible con la vida en prisión» porque requiere «vigilancia estrecha».
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