La trama de la Diputación de Almería daba instrucciones a empresas para amañar contratos de obra pública

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha intervenido documentos oficiales de licitación de la Diputación de Almería con anotaciones manuscritas que indicaban los porcentajes exactos de baja (2 %, 4 %, 5 %) que debían ofertar las empresas investigadas para adjudicarse contratos de obra pública del Plan Acelera 2020.

Según recoge un atestado de la UCO del caso Mascarillas, estos documentos fueron hallados durante el registro de la sede de las mercantiles OYC Servicios Urbanos y GESA Andalucía, en la localidad de Fines (Almería), llevados a cabo el 18 de noviembre en la investigación de esta presunta trama de mordidas en adjudicaciones de obras públicas.

Para los investigadores, estas instrucciones «manuscritas» sobre los papeles oficiales de la administración demostrarían que los concursos carecían de competencia real y que las adjudicaciones estaban decididas de antemano en connivencia con los responsables políticos.

El informe policial reconstruye la mecánica del presunto fraude basándose en el cruce de estas pruebas físicas con las comunicaciones intervenidas. El caso más paradigmático, calificado de «interés» por la UCO, se refiere a un expediente de contratación para el municipio de Los Gallardos (Almería) con fecha límite del 26 de noviembre de 2020.

Sobre la invitación oficial enviada a la empresa de la trama, los agentes hallaron una nota escrita a mano con la orden tajante: «NADA: Rodri».

El análisis de los teléfonos móviles ha permitido a la Guardia Civil descubrir el origen de esa instrucción. Ese mismo día, el gerente de la empresa, Rodrigo Sánchez López, hijo del ya ex alcalde de Fines, escribió vía WhatsApp a su primo y entonces diputado de Fomento, Óscar Liria, expresando dudas sobre dicha licitación.

La respuesta del político fue inmediata: «Los Gallardos pasa. Voy a ver si aclaro el lío que han montado». Según la UCO, esta secuencia acredita la «impartición de instrucciones» directas desde la Diputación a la empresa para que modulara sus ofertas o se retirara de los concursos según la conveniencia de la organización.

Invitaciones a la carta

La investigación señala que el sistema de amaño se sustentaba en el control total de las empresas invitadas a los procedimientos negociados sin publicidad. La declaración ante la UCO de una auxiliar administrativa del Área de Fomento habría confirmado esta tesis.

En su testimonio, la funcionaria admitió que ella se limitaba a enviar las invitaciones a licitar «a las empresas que le indicaba el técnico o su jefe», sin que existiera un criterio aleatorio o de libre concurrencia.

Este supuesto modus operandi permitió a la trama instrumentalizar a la sociedad OYC Servicios Urbanos, que según la Guardia Civil actuaba como una empresa pantalla administrada a través de testaferros por la familia Sánchez –tíos y primos del diputado Liria– para ocultar los vínculos de parentesco.

El atestado destaca que OYC habría llegado a recibir adjudicaciones de maquinaria sin disponer de ella. En una conversación de 2018 interceptada por los agentes, Rodrigo Sánchez alertaba al diputado Liria de que la testaferro de la empresa «solo tiene lo de la maquinaria», en referencia a la documentación, no a los vehículos físicos.

La respuesta de Liria fue ordenar que se presentara la oferta «ya». La investigación ha revelado que la maquinaria ofertada pertenecía realmente a GESA, la otra empresa del entramado familiar, confirmando la unidad de caja y dirección de ambas sociedades bajo una apariencia de legalidad administrativa.