Obras de reparación de las vías en Adamuz.
El PP investiga en qué empleó Sánchez los 111 millones que le dio Bruselas para renovar la línea Madrid-Sevilla
Desvela un informe europeo de 2023 en el que se advertía de la obsolescencia de los raíles, lo que motivó las ayudas
El Partido Popular quiere saber si el Gobierno de Pedro Sánchez utilizó la totalidad de los más de 111 millones de euros que recibió de los fondos europeos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) para renovar los raíles de la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Sevilla, en la que se produjo el fatídico accidente ferroviario que el pasado 18 de enero se cobró la vida de 46 personas.
Por este motivo, los eurodiputados españoles de la comisión de Transportes del Parlamento Europeo, Juan Ignacio Zoido, Borja Giménez y Esther Herranz han preguntado a la Comisión Europea «si va a investigar la trazabilidad de la ayuda concedida y verificar cómo se emplearon realmente los fondos FEDER, habida cuenta de que una parte esencial de las actuaciones financiadas no se habría ejecutado», afirman después de que el propio Gobierno de Pedro Sánchez reconociera que no se habían renovado todos los raíles de la línea.
Y es que, según afirma la delegación española del Partido Popular Europeo, la Comisión Europea ya consideraba en un informe de diciembre de 2023 que la línea de alta velocidad ferroviaria Madrid–Sevilla estaba «obsoleta en comparación con el resto de la red de alta velocidad española» y reconocía expresamente la necesidad de una modernización para garantizar que la infraestructura cumpliera «las normas europeas de interoperabilidad ferroviaria y los requisitos de la red transeuropea de transporte (RTE-T)».
Para acabar con esa obsolescencia, Bruselas dio al Gobierno español en enero de 2024 una ayuda de 111.646.340 de euros para un proyecto que «incluyen la sustitución de raíles y traviesas, la mejora estructural de puentes y túneles, la estabilización de terraplenes y la adaptación del sistema de drenaje», entre otras actuaciones.
El PP reclama a la Comisión Europea «que active los mecanismos de control y auditoría necesarios» y que «garantice que los fondos de la Unión se gestionan correctamente», evitando que situaciones de este tipo puedan repetirse en el futuro.
Zoido, Giménez y Herranz concluyen que «el uso de fondos europeos debe estar guiado por la máxima transparencia y orientado a proteger a los ciudadanos. Si una infraestructura financiada por la Unión Europea no se ejecuta conforme a lo aprobado y termina en una tragedia, es imprescindible depurar responsabilidades».
