A esta mujer de Málaga le aconsejaron denunciar por maltrato a su exmarido para echar a sus inquiokupas

la vivienda sigue siendo una de las principales preocupaciones de los españoles, por delante de la sanidad y la educación. Muchas personas con propiedades han decidido dejar de poner su casa en alquiler por el miedo a la inquiokupación, aquella protagonizada por inquilinos que dejan de pagar el alquiler, pero se niegan a abandonar su vivienda.

Esto es lo que le ha pasado a Mari Carmen, una malagueña de 51 años que vio como su vida cambió por completo hace cuatro años. En el año 2020, decidió alquilar su ático de 125 metros cuadrados, en la barriada malagueña de Churriana, a unos inquilinos que parecían ideales: un matrimonio portugués con tres hijos mayores de edad.

Sin embargo, en abril de 2022, dejaron de pagarle. En junio de ese mismo año presentó una demanda por impago y el juez fijó el desahucio para febrero de 2023. Algo que nunca llegó a ejecutarse. La propietaria ha asegurado que no puede echarles porque aseguran ser vulnerables y se acogen al polémico decreto antidesahucios aprobado por Pedro Sánchez hace cinco años. Actualmente estos inquiokupas le deben más de 40.000 euros.

Mari Carmen ha explicado en el programa La Mirada Crítica que, «cuando me dejaron de pagar, intenté hablar con ellos y me dijeron que no podían. Empecé a inspeccionar y descubrí que el policía de Lisboa que alquiló mi vivienda no estaba trabajando. Me dijeron que no se iban a ir hasta que no les echara un juez y me amenazaron con denunciarme por acoso si me acercaba al piso. Desde 2021 no me cogen el teléfono ni responden al WhatsApp. Han puesto una cámara en la puerta de la vivienda para poderme denunciar».

Denunciar en falso a su expareja

Esta mujer divorciada y con cáncer de mama, tan solo tenía esa vivienda en propiedad. Por lo que, tras separarse de su exmarido, se vio sin casa y sin una renta que podría haberle servido para pagar el apartamento que ha tenido que alquilar.

La propietaria ha reconocido en otra entrevista a Libre Mercado, que desde los servicios sociales «me dijeron que todo pasaba por ser más vulnerable que ellos y que, como yo era funcionaria y tenía una nómina, la única solución era que presentara una denuncia por violencia de género contra mi exmarido por maltrato, para pedir que lo echaran de la vivienda. No me lo podía creer. » Mari Carmen ha explicado que aunque estaba desesperada porque no tenía casa ni nada, se negó porque eso es un delito.

Esta malagueña sospecha que sus inquiokupas están trabajando en negro, puesto que el único ingreso que tienen es de la madre, la cual cobra el Ingreso Mínimo Vital.