De cruzada a inacción: el Ayuntamiento de Málaga pierde su primera batalla legal contra los pisos turísticos

Tras la cruzada protagonizada por los vecinos del Centro Histórico de Málaga y el apoyo institucional que recibieron por parte del Ayuntamiento contra la proliferación masiva de pisos turísticos, de pronto, silencio. Un silencio que ha tenido consecuencias. La Junta de Andalucía está notificando resoluciones que dan la razón a propietarios de viviendas turísticas. Estos habían alegado contra las bajas forzosas decretadas por el Consistorio malagueño. La administración autonómica pidió explicaciones al Ayuntamiento en dos ocasiones y no obtuvo respuesta en ninguna de ellas.

Este silencio municipal ha sido clave. Ante la inacción, la Junta está fallando a favor de los particulares. Una victoria inicial que los afectados reciben con alivio, tras una lucha costosa a cada propietario y un rechazo social que se ha materializado en manifestaciones e incluso en sellado de los candados que controlan los accesos a estos apartamentos.

El Ayuntamiento de Málaga impulsó medidas restrictivas como respuesta a a esa presión vecinal creciente. La queja principal era la transformación acelerada de barrios enteros y la dificultad de acceso a una vivienda estable. Achacaban que la ciudad se estaba convirtiendo en un polo de atracción de turismo de baja calidad que ensucia la imagen de la capital, como las despedidas de soltero.

Los propietarios ganan

El presidente de la patronal AVVAPro, Juan Cubo, detalla el desembolso que ha realizado cada propietario: «Entre 2.500 y 3.000 euros» en el proceso, asegura. Cubo va más allá y cuestiona los fundamentos de la normativa. «No existe informe que señale una subida del precio para paliarlo», afirma.

Cubo se refiere al informe municipal que estableció un umbral crítico de saturación. Según el Ayuntamiento, cuando los pisos turísticos superan el 8 % del parque de una zona, los precios se disparan. Ese dato fue el límite mágico que marcó el destino de 52 barrios. A partir de esas cifras, el Consistorio actuaría para «frenar la saturación y garantizar la convivencia».

Sin embargo, en la Casona del Parque no se dan por vencidos. Fuentes municipales aseguran que cada cancelación requiere «un informe individualizado». Explican que los están preparando uno a uno para enviarlos a Turismo. Su objetivo es reiniciar los procedimientos de baja con todos los papeles en regla.

La tensión sigue viva en la ciudad. Mientras, el futuro marco legal se dibuja más estricto. Una nueva ley andaluza prepara un escenario de inspecciones reforzadas y multas astronómicas para todo lo ilegal.

La Junta toma medidas

La Junta de Andalucía ha aprobado el proyecto de la nueva Ley de Turismo Sostenible. Su previsión es que entre en vigor en 2026. Este texto, que aún debe ser debatido, equipara por primera vez a nivel autonómico las viviendas turísticas con los hoteles.

Pero su núcleo más duro son las sanciones. La nueva normativa introduce tres categorías de multas. Las cifras son contundentes. Ofrecer alojamiento clandestino podrá acarrear sanciones de 25.000 a 100.000 euros.

El importe se dispara si se falsean datos en la declaración responsable. En los casos más graves, la multa máxima alcanzará los 600.000 euros. El consejero de Turismo, Arturo Bernal, anunció un refuerzo inspector. Incluirá ciberseguridad y 'big data' para rastrear la clandestinidad.

Los datos recientes justifican la alerta. Solo en 2024, en Andalucía se contabilizaron 278 expedientes por alojamiento turístico irregular. Málaga fue la provincia con más casos, casi 200. La nueva ley busca incrementar estas cifras de control, no de actividad.

Además, dotará a los ayuntamientos de herramientas más precisas. Podrán elaborar planes para delimitar zonas y, crucialmente, fijar una capacidad máxima de plazas turísticas por áreas. Una potestad que ciudades como Málaga aguardan con expectación para reordenar su modelo.