Baleares, a un paso de igualar el plus de residencia con Canarias después de dos décadas de espera

Tras casi un año de congelación del sueldo y bronca sindical soterrada, los 100.000 funcionarios de Baleares recibirán en diciembre una paga extra de entre 700 y 1.400 euros. Será la primera factura del acuerdo que el Gobierno central cerró a última hora del miércoles con los sindicatos para actualizar las nóminas públicas en los próximos cuatro años. Un pacto del que CCOO se cayó en el último minuto. UGT y CSIF han dado el visto bueno al acuerdo, y previsiblemente, el acuerdo será suscrito este jueves.

El acuerdo incluye una subida salarial de un 11% en el periodo 2025-2028, que se distribuirá en un alza del 2,5% para este año; del 1,5% para 2026, con un variable adicional del 0,5% vinculado a la evolución del IPC; del 4,5% para 2027 y del 2% para 2028.

La compensación abarca a los 7.500 empleados del Estado, los 12.000 de las administraciones locales y los 70.000 de la Administración autonómica.

A partir de enero, sus sueldos repuntarán un 4 %: el 2,5 % correspondiente a este ejercicio y el 1,5 % ya comprometido para 2026. El resto hasta completar la subida del 11 % pactado se abonará por fases entre 2027 y 2028, un horizonte que no entusiasma a las centrales, pero que al menos despeja la parálisis de este año.

La otra batalla

El acuerdo incluye, además, un viejo tótem sindical en Baleares: la equiparación del plus de residencia con el de Canarias. Una reivindicación que ha sobrevivido a gobiernos de todos los colores y que ahora se enfila hacia la Mesa de la Administración General del Estado, donde se sellará un calendario de aplicación a partir de 2026.

El plus de residencia se aplicaría de forma escalonada según la categoría profesional. En Mallorca, los funcionarios estatales pasarán de 47,58–110,56 euros mensuales a 101,21–206,31 euros. En Menorca, Eivissa y Formentera, el salto es mucho más brusco: de 65,38–122,4 euros a 252,9–482,89 euros. El complemento se revisará anualmente conforme a las subidas salariales previstas.

El Estado y los ayuntamientos incorporarán además un complemento de fidelidad por trienio en la isla de destino. La operación completa costará 13,3 millones de euros anuales, según cálculos de UGT.

«Veintitrés años tarde»

Miguel Ángel Romero, secretario general de UGT Servicios Públicos en Baleares, define el acuerdo como un hito «histórico», pero también amargo por su retraso «23 años tarde», ya que el sindicato llevaba años elevando la reclamación a Madrid sin éxito, mientras la brecha con Canarias se convertía en un agravio comparativo.

«Lo hemos conseguido», afirmó Romero subrayando que se trata de una respuesta a una reivindicación «histórica, peleada y luchada».

Desde CSIF consideran que el acuerdo salarial alcanzado es «el mejor posible en las actuales circunstancias políticas» y supone, por un lado, acabar con la congelación salarial que estaban sufriendo los funcionarios este año y la recuperación de un 2,9% del poder adquisitivo que había perdido el colectivo.

Las partes han acordado constituir una comisión de seguimiento para asegurar el cumplimiento de las medidas pactadas en un plazo máximo de 15 días desde la firma del acuerdo.

Por otro lado, el sindicato STEI calificó este jueves como insuficiente la subida salarial del 11% acordada para los funcionarios ante una pérdida del poder adquisitivo del 24% en los últimos 15 años. La organización sindical alertó del deterioro salarial que el personal empleado público sufre desde el año 2010. «Es una propuesta insuficiente y totalmente alejada de la realidad económica, con un IPC en las Islas por encima de la media estatal», criticó.