PP y Vox enfilan el fin de la ley de Memoria «sectaria» de Armengol frente a la presión de la izquierda

Sin sobresaltos. El bloque de derecha en Baleares ha asestado este martes el golpe de gracia a uno de los pilares del anterior Ejecutivo de la socialista Francina Armengol. Con una votación cerrada, el Partido Popular (PP) y Vox han unido sus votos en el Parlament para rechazar las enmiendas a la totalidad de la izquierda (PSIB, Més y Podemos), blindando así la tramitación para derogar la Ley de Memoria Democrática. De este modo, los socios parlamentarios continúan el camino para liquidar una norma que PP y Vox tildan de «sectaria».

A las puertas de la Cámara, apenas una treintena de personas se manifestaba. Detrás de la pancarta, rostros de la cúpula de la izquierda balear se sumaron a las entidades memorialistas para tratar de frenar, sin éxito, lo que consideran un retroceso.

Desde la tribuna, la mayoría parlamentaria fue clara y defendió que la derogación no busca el olvido sino el fin del «monopolio del relato» que la izquierda ha tutelado durante años.

La diputada popular Salomé Cabrera justificó el rechazo a la enmienda de la izquierda como una defensa de la libertad ciudadana frente al «relato oficial». Cabrera desarticuló las críticas de incoherencia recordando que el PP ya advirtió en 2018 que esta ley sería revisada o derogada.

«El problema no es recordar, sino imponer qué hemos de recordar. Imponer un relato oficial crea una confusión peligrosa entre la memoria personal y la historia en sí», subrayó Cabrera, incidiendo en que el verdadero reconocimiento a las víctimas pasa por tratarlas a todas por igual, sin los sesgos ideológicos que contenía la norma de la era Armengol.

Sin «bando bueno y malo»

Más contundente se mostró Sergio Rodríguez (Vox), quien calificó la ley de «nefasta» por partir de la premisa de que hubo un «bando bueno y uno malo». Para Rodríguez, la norma ahora herida de muerte es el máximo exponente de un «sanchismo heredero del zapaterismo» que busca la fractura social: «Enfrentan a hombres contra mujeres, a inquilinos contra propietarios y a homosexuales contra heterosexuales».

El portavoz de Vox lanzó una pregunta retórica que dejó sin respuesta a la bancada de la izquierda: «¿Había alguna ley que prohibiera el reconocimiento a las víctimas antes? Cuando esta ley desaparezca, ¿algo les impedirá honrar a Aurora Picornell o a cualquier otra?». Con ello, denunció que la izquierda sólo busca «ganar el relato de una guerra que perdieron en el 39».

Ante la pérdida de su marco legal de referencia, el bloque de izquierdas pasó al ataque personal. Omar Lamin (PSIB-PSOE) recurrió a la lectura de nombres de desaparecidos para acusar a la presidenta Marga Prohens de «no ser de fiar» y de «blanquear la dictadura», una estrategia de descalificación habitual de los socialistas.

Por su parte, Maria Ramon (Més per Mallorca) apeló a la «memoria viva» de las fosas de Porreres para asegurar que la derogación es «volver a silenciar voces». Sin embargo, la Ley de Fosas —eminentemente técnica y humanitaria— seguirá vigente, garantizando la dignidad de las familias sin necesidad de utilizar el dolor como moneda de cambio política. José María García (Unidas Podemos) llegó a afirmar que el PP «no cree en la reconciliación».

En los exteriores del Parlament, bajo la batuta de la plataforma Memòria de Mallorca y con la presencia de diputados de la oposición, los manifestantes escenificaron su rechazo a una decisión parlamentaria soberana. La presidenta de la entidad, Maria Antònia Oliver, denunció un «intercambio de cromos con los derechos que se sustentan en esta ley». Agregó que no entrarían a la cámara porque en la tribuna se escuchan «barbaridades» que resultan «muy dolorosas» para la plataforma y las víctimas.