El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, a su llegada al Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza, a 12 de junio de 2023, en Ibiza
La Fiscalía avala la gestión del presidente de Ibiza frente a la ofensiva judicial del PSOE
La causa por el vídeo 'La vida islados', cerrada tras dos años de investigación, se reaviva por iniciativa de los socialistas y la interventora para «desgastar» a Marí
El frente judicial del presidente de Ibiza, el popular Vicent Marí, vuelve a abrirse. Y lo hace con un nuevo choque entre acusaciones y Fiscalía que amenaza con prolongar un caso que el juzgado ya había archivado provisionalmente. La contratación del vídeo promocional La vida islados, adjudicado por la vía de emergencia durante la pandemia, regresa en un momento de alta tensión preelectoral.
En su momento, Marí declaró voluntariamente ante el juez instructor y tanto éste como la Fiscalía coincidieron en que no se apreciaban indicios de delito en sus actuaciones.
Sin embargo, tanto el PSOE como la interventora del Consell, Marian Tur, han formalizado sus escritos de acusación y reclaman la apertura de juicio oral. El resultado es que una causa que parecía cerrada vuelve a avanzar, ahora con peticiones de penas que piden para el presidente del Consell de Ibiza alcanzan los seis años de prisión y 19 de inhabilitación en el peor de los casos.
La controversia tiene su origen en un contrato de 250.000 euros adjudicado por la vía de emergencia a la mercantil Fuera de Escena SL durante la crisis sanitaria. Aunque la Audiencia Provincial de Palma ordenó el pasado mes de enero retomar parte del caso —atendiendo el recurso de la interventora Marian Tur—, la Fiscalía mantiene su postura inicial alegando que no hubo prevaricación ni coacciones tras dos años de exhaustiva investigación en los juzgados de Ibiza. La Audiencia, por su parte, considera que el cierre de la instrucción fue prematuro.
Petición de cárcel e inhabilitación
El contraste entre la postura fiscal y las acusaciones es drástico. La representación de la interventora solicita para el dirigente popular una condena de seis años de prisión y 19 de inhabilitación, además de una cuantiosa multa y una indemnización personal de 80.000 euros. Por su parte, los socialistas ibicencos reclaman un año de cárcel y una inhabilitación de casi dos décadas por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias, instando a la apertura de juicio oral.
Desde el Consell de Ibiza, acusan al PSOE de intentar «alargar un muerto judicial» con fines estrictamente electorales. Según el portavoz del ejecutivo insular, Mariano Juan, la insistencia socialista responde a la incapacidad de ganar en las urnas a un Vicent Marí que consideran «imbatible».
Asimismo, el Partido Popular (PP) vincula el origen del caso a la extinta Oficina Anticorrupción, creada bajo el mandato de Francina Armengol. Para los populares, dicha entidad —clausurada recientemente por el actual Govern de Marga Prohens— actuó como una herramienta de persecución política basada en «mentiras» para desgastar a los líderes del PP balear.
