Imagen de archivo de una oficina de Extranjería
Regularización extraordinaria
Baleares avisa del colapso definitivo de Extranjería por la pérdida de su plantilla el próximo junio
Los sindicatos advierten que la regularización masiva de inmigrantes promulgada por el Gobierno de Sánchez será la estocada final a un departamento «infradotado y colapsado» desde hace años
Nueve personas. Dieciocho manos. Ese es el personal con el que funciona hoy (a duras penas) el departamento de Extranjería en Baleares. Nueve empleados —tres funcionarios de carrera y seis interinos— para tramitar permisos, gestionar expedientes, atender al público y sostener un servicio que lleva años al borde del colapso. Pero si el dato por sí solo ya es inquietante, el siguiente lo convierte en explosivo: en junio serán seis manos menos.
Los tres funcionarios con plaza se marchan ese mes tras obtener un concurso de traslados ya concedido. Es decir, cuando el tsunami administrativo ya haya llegado, Baleares perderá a sus tres efectivos más preparados. Y todo esto ocurre justo cuando el Gobierno de Pedro Sánchez se dispone a activar en abril una regularización masiva de inmigrantes en situación irregular que afectará a medio millón de personas en toda España.
En las islas, según el delegado del Gobierno, el socialista Alfonso Rodríguez, el proceso alcanzará a cerca de 11.000 ciudadanos. Once mil expedientes más que deberán tramitarse en una oficina que ya funciona bajo mínimos, con retrasos estructurales y derivando trabajo a otras provincias para poder sobrevivir.
Este es el panorama operativo que se abre en Baleares ante una medida de enorme calado político que el Ejecutivo impulsa sin reforzar previamente la estructura administrativa encargada de ejecutarla.
La advertencia no llega solo desde el Govern presidido por la popular Marga Prohens, algo que podría encajar en el habitual choque institucional con La Moncloa. Lo significativo es que quien pone cifras al drama es CSIF, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, el sindicato más representativo en las administraciones públicas españolas.
Desde el CSIF insisten en que no se trata de «alarmismo demagogo» al servicio de la política sino de un colapso administrativo más que anunciado. «Extranjería lleva años colapsada. Llevamos años denunciando una situación insostenible. Por tanto, si llueven miles de expedientes más, será simplemente inviable», explica a El Debate María Fernández, delegada sindical de CSIF en la Administración General del Estado en Baleares
Fernández detalla que los seis interinos que hoy sostienen la gestión de expedientes terminan contrato en mayo, aunque en teoría se les extenderá hasta noviembre. Una prórroga provisional que, en cualquier caso, no resuelve el problema de fondo, que es la falta de plantilla estable y la pérdida inminente del personal con mayor experiencia.
Mazazo cuantitativo y cualitativo. Las tres personas que se marchan en junio son quienes mejor conocen el funcionamiento y las complejidades del día a día. Sustituirlas en número no bastará para hacer frente al enorme reto, y los tiempos administrativos no permiten formar a nuevos efectivos antes de que el alud de expedientes llegue.
De hecho, Baleares ya deriva expedientes a otras provincias para poder sacar adelante el trabajo ordinario. Es decir, antes incluso de la regularización masiva, el sistema ya está desbordado.
La preocupación del sindicato es que el Gobierno vuelva a recurrir a la solución habitual: parches. «Imaginamos que lo cubrirán con interinos. No aprendemos. Bruselas ya ha castigado a España por funcionar así», denuncia Fernández.
La referencia no es menor. La Comisión Europea recortó el año pasado 1.100 millones de euros en fondos europeos a España por incumplir reformas comprometidas, entre ellas la reducción de la temporalidad en el empleo público. Pese a ello, el Ejecutivo continúa sosteniendo servicios esenciales con estructuras provisionales, sin estabilidad ni planificación.
De no cambiar el escenario en tiempo récord, Baleares se enfrenta a una tormenta perfecta: miles de nuevos expedientes, una plantilla mínima y la marcha en junio de los únicos funcionarios con experiencia.
Un colapso que afectará a todo el país
En todo caso, Baleares es el ejemplo más extremo de un problema que se repite en toda España. La presión sobre Extranjería es un mal genético de la Administración.
El CSIF ha pedido formalmente al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática una reunión urgente para planificar el proceso y reforzar tanto en atención presencial como telemática, ya que la aplicación electrónica de Extranjería ya está registrando fallos por sobrecarga.
El sindicato explica que desde que el Gobierno informó sobre el Real Decreto de regulación extraordinaria ha aumentado la afluencia de personas a las oficinas para pedir información. El volumen de trabajo se ha disparado en unos registros que llevan tiempo funcionando con falta de personal.
