«Gracias, Pedro Sánchez»: la jugada política que cala en la cola de regularización entre los inmigrantes

La inmigración ilegal, ese enorme caladero de votos para el que Pedro Sánchez ha sacado la red de arrastre y que, en vista de los «gracias, Gobierno de España» que este lunes se han oído en la cola de la Oficina de Atención al Ciudadano Social de Palma, será una estrategia de pesca -a medio y largo plazo- muy fructuosa.

Ya está en marcha el proceso de manera presencial y El Debate se ha acercado a uno de los puntos clave en Baleares: la OAC Social de Palma. Desde antes del amanecer, cientos de personas —colombianos, marroquíes, senegaleses y pakistaníes, fundamentalmente— aguardaban su turno con un número en la mano. Algunos llevaban allí desde la madrugada. Otros, incluso, habían pasado la noche en las inmediaciones para ser los primeros «y acabar cuanto antes porque entramos a trabajar en un rato».

«¿Se trata de una medida con cálculo electoral?», les preguntamos. Algunos no esquivan la cuestión. «Sí, claro. Pero que lo hubiesen hecho los otros». Otro integrante del grupo lo formula en términos más pragmáticos: «Sólo nos están dando la oportunidad de formalizar una situación anormal». Y un tercero, visiblemente cansado tras horas de espera, concluye: «Yo sólo quiero seguir con mi vida y traer a mi familia, me da igual la política».

Todos están ahí para cumplimentar el informe de vulnerabilidad, un documento que en ciertos casos resulta imprescindible para acceder al proceso extraordinario. Abundan los grupos de compatriotas que, sin ser familia, se conocen y han hecho red desde que llegaron. También hay alguna familia, como Sara con su bebé y su madre, esta última interesada en la legalización de su estado. Algunos han aceptado hablar con este periódico bajo condición de anonimato —los nombres que figuran en este reportaje son ficticios—, aunque no todos han querido ocultar su rostro. «No tenemos que escondernos, no somos criminales», afirma uno de ellos, que posa sin reparos ante la cámara, convencido de que este proceso supone una oportunidad legítima.

«Yo llevo aquí dos años», cuenta María, una colombiana de 32 años que trabaja cuidando a personas mayores. Su historia es representativa de muchas otras. «Me vine porque en mi país es imposible prosperar, aquí hay trabajo». Aunque matiza, con una sonrisa resignada: «Claro, sin papeles sólo te emplean en B y pagas todo en B. Yo quiero contribuir a este país, pagar los mismos impuestos que los españoles».

A su lado, Fernanda asiente. También colombiana, empleada en limpieza de hogares y oficinas, llegó hace tres años. «Decidí emigrar por la violencia, allí no se puede vivir», explica. Otro compatriota, que escucha la conversación, añade un matiz político: «Y por la corrupción. Allí sólo roban. En Europa las cosas no son perfectas, pero no es lo de Latinoamérica». Inmediatamente, agradece al país su acogida y sobre todo, a Cáritas su soporte económico y humano. «La Iglesia siempre nos ha ayudado», apuntan.

Casi al final de la cola, otro grupo de conocidos. Dos de ellos son marroquíes, el tercero senegalés. Solo uno, Omar, se desenvuelve con soltura en español. Cuenta que en su país trabajaba como técnico de atención a la dependencia, pero que en España no ha podido ejercer. «Nadie me da trabajo de eso», explica. La pescadilla que se muerde la cola. Aun así, asegura tener «suerte». Vive con su hermana, que sí logró regularizarse hace años, y con su familia, lo que le permite cierta estabilidad dentro de la precariedad. No todos corren la misma suerte. A su lado, Amadou, senegalés, apenas interviene. Llegó en patera y sobrevive como puede con lo que obtiene del top manta.

Una actividad que abunda en el paseo marítimo de Palma, a 50 metros de esa oficina pública de Palma, en el que turistas y residentes pasean ajenos al hervidero de la regularización. Dos realidades que conviven sin cruzarse: la del ocio y la del trámite administrativo que puede cambiar vidas.

Guerra de acusaciones entre gobiernos

Dentro de las oficinas, la situación es de funcionarios trabajando a todo gas desde el pasado jueves, cuando se activó el proceso de manera telemática y se desató el caos a nivel municipal (son los ayuntamientos los que expiden el informe de vulnerabilidad). Uno de los agentes de seguridad que custodian la entrada y organizan los accesos —también evita peleas entre los que han madrugado muchísimo y los que se quieren colar a media mañana— reconoce que este lunes «la cosa está más tranquila; el jueves y el viernes fue horroroso. No había información clara y nadie sabía dónde ir o qué hacer».

De hecho, los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular en Baleares escenificaron la pasada semana su malestar con una fotografía conjunta. En ella denunciaban que el proceso impulsado por el Ejecutivo de Sánchez recae, en la práctica, sobre las estructuras municipales «sin financiación extra ni indicaciones claras».

Pero el proceso continúa adelante y miles de personas —en Baleares se calcula que 30.000— ven en este procedimiento una puerta de entrada a la legalidad. Aquellos que superen el proceso obtendrán un permiso oficial que les permitirá residir y trabajar en España durante un año. Un periodo clave para intentar estabilizar su situación a través de las vías ordinarias.

Es cierto que para las próximas elecciones generales todos los que entren en esta tanda de regularización no podrán votar pero sí tendrán ese derecho en los comicios locales aquellos que procedan de un país con acuerdo de reciprocidad con España, tal y como ya ocurrió en las municipales del año 2023. Sembrar para recoger.