Denuncian por «delito de odio» al Banco de Sangre por un médico que pidió que le hablaran en español

La entidad catalanista Acció Cassandra ha elevado a la categoría de «agresión lingüística» un incidente ocurrido hace cuatro meses en el Banco de Sangre y Tejidos de Baleares. La asociación lleva días anunciando a bombo y platillo en medios independentistas afines una querella por un presunto «delito de odio», nada más y nada menos. Sin embargo, en la institución médica reina la estupefacción: a los cauces oficiales no ha llegado ninguna notificación. «A nosotros no nos ha llegado; a mí no me consta», confirma la gerente de la Fundación, Rosa María Tarragó, quien reconoce a El Debate que la desmesura de esta ofensiva judicial les ha dejado perplejos.

El origen del conflicto se remonta al pasado 6 de febrero. Gabriel —nombre ficticio—, un donante histórico de 65 años, acudió a realizar su donación habitual. Durante el test de salud previo, el usuario insistió en expresarse en catalán, ante lo cual el médico que le atendía admitió sus limitaciones con la lengua cooficial. Por pura precisión clínica y para garantizar la seguridad de la posterior donación, el facultativo le pidió continuar el cuestionario en castellano.

Gabriel se ofendió, entró en cólera y se plantó: si no podía ser en catalán, no donaría. «Le contesté que no cambiaría de lengua, pero que haría todo lo posible para que me entendiese. No le pareció bien y me dijo que no me haría la entrevista», denunció en su día el donante, que prefirió irse sin donar antes que responder en español.

«Tuvimos un fallo»

El Banco de Sangre reaccionó con rapidez para enmendar la situación. Mandó un correo electrónico a Gabriel para disculparse, reconoció su derecho a ser atendido en catalán y ordenó al personal extremar la sensibilidad lingüística. Las disculpas bastaron para el propio afectado. Fuentes de la entidad confirman que el donante aceptó las explicaciones y, de hecho, ya ha vuelto a donar sangre con total normalidad y ha sido atendido en su lengua.

«Tuvimos un fallo, y es que la persona que en ese momento no entendía al donante podría haber pedido ayuda a un compañero para recibir la atención en catalán sin problema. Ese fue nuestro error. Pero de ahí a concluir que somos posibles autores de un delito de odio contra una de nuestras lenguas oficiales me parece muy injusto», sostiene Tarragó, quien daba el episodio por zanjado.

Cassandra justifica el insulto de «puto nazi»

¿Por qué se resucita este caso cuatro meses después? Detrás de la denuncia está Acció Cassandra, la misma entidad que recientemente ha asumido la defensa del expresidente del Parlamento balear, Baltasar Picornell (ex de Podemos), imputado por llamar «puto nazi» al diputado de Vox Jorge Campos; un insulto que, en ese caso, la asociación ampara dentro de la libertad de expresión.

En el caso del Banco de Sangre de Baleares, esta asociación jurídica argumenta que la negativa del médico a continuar la entrevista en catalán fue «injustificada» y que supuso «un menosprecio a la dignidad de la víctima como miembro de la minoría nacional catalana».

No sólo eso, la entidad sostiene que la actitud del facultativo puede ser constitutiva de un delito de odio (artículo 510.2.a del Código Penal), así como de delitos contra los derechos fundamentales (artículos 511 y 512) por discriminación en el acceso a un servicio público esencial. La denuncia invoca también el marco internacional, haciendo referencia a la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias y al Convenio Europeo de Derechos Humanos, textos que prohíben la discriminación por razón de lengua y que forman parte del ordenamiento jurídico español.

Sin embargo, el trasfondo asistencial que el nacionalismo ignora es el déficit crónico de médicos que arrastra el archipiélago, una situación límite que obliga a contratar a profesionales procedentes de la Península o del extranjero que aún se encuentran en proceso de aprendizaje del catalán.

Para paliar esta falta de facultativos, la presidenta balear, Marga Prohens, suprimió el requisito lingüístico en la sanidad nada más llegar al gobierno en 2023, priorizando la salud y buscando «poner la alfombra roja» a los médicos. La izquierda (PSOE y Sumar), junto con la soberanista Obra Cultural Balear (OCB), corrieron a llevar la medida ante el Tribunal Constitucional. En este tenso clima político, cualquier fricción en un mostrador se ha convertido en oro en paño para las entidades satélites del catalanismo.

Frente al señalamiento, la gerencia del Banco de Sangre cierra filas con sus profesionales. El médico señalado sigue trabajando en el centro con el respaldo absoluto de sus superiores: «Es un excelente médico y muy vocacional», concluye Tarragó.

A la gerente le preocupa profundamente la politización de un acto tan altruista como la donación. Explica que el centro cuida escrupulosamente el bilingüismo en sus folletos y soportes digitales, y que el único objetivo de la Fundación es que la experiencia del ciudadano sea «impecable» y totalmente apolítica.

«Es lo último que queremos. La política de la fundación es cuidar de las personas, no hay otra. Al final lo importante es la salud y el poder dar respuesta cuando un paciente necesita una bolsa de sangre», zanja Tarragó, quien no oculta su temor a que este ruido mediático termine por ahuyentar a los donantes y termine perjudicando, al final de la cadena, a los enfermos ingresados en los hospitales de las Islas.