Agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, en una imagen de archivo
El coste de la vida en Baleares
El ministro de Hacienda viene a Palma a vender el plus de insularidad, que Guardia Civil y Policía tachan de «insulto»
Arcadi España firma este martes con UGT y CSIF la actualización del complemento para los funcionarios del Estado pero las asociaciones avisan que las cuantías «no compensan» el coste de la vida
La misma mañana en la que el ministro de Hacienda, Arcadi España, viene a Palma a hacerse la fotografía con los sindicatos UGT y CSIF por el plus de insularidad de los funcionarios del Estado en Baleares, la Asociación Española de Guardias Civiles y la Confederación Española de Policía (CEP) advierten: no servirá para nada. Unos y otros consideran que el incremento planteado por el Gobierno es insuficiente para resolver el principal problema que arrastra el archipiélago desde hace años: la incapacidad para atraer y retener funcionarios en una de las comunidades autónomas más caras de España.
La AEGC ha mostrado su «absoluto rechazo» a las cantidades previstas tras más de dos décadas reclamando una actualización del complemento. Según denuncia, las plantillas continúan «bajo mínimos», numerosos agentes abandonan las islas «en cuanto tienen la mínima oportunidad» y la propuesta del Ejecutivo constituye una compensación «ridícula», «alejada por completo» de la realidad económica y social de Baleares. «No compensa la vida en Baleares. No compensa el precio de la vivienda. No compensa el coste de la cesta de la compra. No compensa los desplazamientos y no compensa la dificultad de formar una familia aquí», resume la asociación.
Consideran que el debate trasciende el salario de los funcionarios y afecta directamente a la calidad de los servicios públicos. A su juicio, Baleares necesita plantillas estables, con profesionales que quieran permanecer en las islas y conozcan el territorio, en lugar de una rotación permanente de efectivos que llegan de forma temporal y solicitan el traslado en cuanto pueden.
Por su parte, la Confederación Española de Policía comparte ese diagnóstico. Rechaza la propuesta del Gobierno al considerar que contempla unas «cantidades insuficientes» que «no compensan» el mayor coste de la vida en el archipiélago ni favorecen el arraigo de los empleados públicos. Según la CEP, el nuevo complemento no garantiza que las plazas vacantes puedan cubrirse ni que quienes ya trabajan en Baleares decidan continuar en las islas. Por ello, califica la medida de «parche» que no resuelve un problema estructural y de «insulto» para los policías nacionales y el resto de empleados públicos.
Críticas a las diferencias de cuantías según grupo e isla
Uno de los aspectos que más rechazo genera entre los guardias civiles es que el complemento varíe según el grupo funcionarial. Recordemos: el acuerdo suscrito determina que en el caso de Mallorca, el complemento de los funcionarios A1 pasa de 115,01 a 214,61 euros; el de los A2 de 92,5 a 175,4; el de C1 pasa de 80,51 a 144,6; el de C2 de 53,39 a 119,2, y el de AP pasa de 49,48 a 105,31 euros. Para el resto de islas, los A1 pasan de 127,33 a 697,6 euros; los A2 de 110,99 a 502,30 euros; los funcionarios C1 pasan de 101,42 euros de complemento a 405,10; los C2 de 68,60 a 297,90 euros y los AP pasan de 68,03 a 263,17 euros.
La AEGC considera «especialmente incomprensible» que la compensación dependa de la categoría administrativa cuando el coste de la vivienda o de la alimentación es exactamente el mismo para todos. «La hipoteca no baja porque un guardia civil cobre menos que un mando. La cesta de la compra no distingue escalas, categorías ni grupos administrativos», advierten. Precisamente, sostienen, son los funcionarios con los salarios más ajustados quienes soportan con mayor dureza el sobrecoste de residir en Baleares.
La asociación también cuestiona que las cuantías previstas para Ibiza, Menorca y Formentera, aunque superiores a las de Mallorca, sigan estando «lejos de una compensación real y suficiente». A su juicio, la doble y triple insularidad no puede utilizarse para «maquillar» una medida que consideran insuficiente en su conjunto.
Ambas organizaciones coinciden en la solución que reclaman al Ministerio de Hacienda: un plus de insularidad «digno», «real», homogéneo y adaptado al coste efectivo de vivir en Baleares, capaz de atraer nuevos funcionarios, retener a los actuales y garantizar unos servicios públicos estables.
