La pesadilla de los vecinos de un pueblo de Valladolid tras cuatro años con okupas: «No se puede convivir así»

La okupación de vivendas que desde hace cuatro años afecta a la urbanización de Arroyovereda, en el municipio vallisoletano de Arroyo de la Encomienda, ha entrado esta semana en una nueva fase. Los vecinos han anunciado su decisión de llevar a la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) ante la Justicia, a la que responsabilizan de una «inacción reiterada y evidente» frente a la okupación ilegal y el deterioro progresivo de barrio. «No se puede convivir así», denuncia uno de los residentes.

El origen del problema se sitúa en 2021, cuando comenzaron las primeras okupaciones de pisos vacíos propiedad de la Sareb, el llamado 'banco malo'. Se trataba de viviendas que habían quedado sin uso tras la crisis inmobiliaria y que permanecían cerradas y sin vigilancia. Según han relatado los propios vecinos, aquellas primeras okupaciones se produjeron de forma aislada, pero con el paso de los meses el fenómeno fue extendiéndose de manera progresiva.

La falta de una actuación rápida (debido a la actual legislación impulsada por el Gobierno) para recuperar los inmuebles y evitar nuevas entradas propició que la okupación se consolidara con el tiempo, hasta afectar a decenas de viviendas.«Ahora mismo no sabemos ni cuántas casas okupadas hay», admitía recientemente otro vecino de la urbanización. Se estima que hay cerca de un centenar de viviendas okupadas de las 200 que hay en el edificio de Arroyovereda.

Problemas de convivencia

Los vecinos denuncian que la cronificación del conflicto ha ido acompañada de episodios recurrentes de conflictividad, problemas de convivencia y deterioro de las zonas comunes. A ello se suma una creciente sensación de inseguridad e indefensión, así como el impacto negativo sobre el valor de las viviendas y la imagen de la urbanización.

Durante estos años, la Policía Local y la Guardia Civil han intervenido en numerosas ocasiones en Arroyovereda, tras los avisos realizados por los residentes por altercados, ruidos, conflictos vecinales o problemas en suministros. Solo en septiembre, la Policía Local y la Guardia Civil cortaron 17 enganches ilegales de agua.

Sin embargo, una vez superadas las primeras horas y consolidada la presencia de los okupantes, la actuación policial ha quedado limitada por el marco legal, al tratarse de inmuebles privados y depender cualquier desalojo de una resolución judicial. En algunas intervenciones relacionadas con el suministro eléctrico, la Policía acudió únicamente para garantizar la seguridad, ya que los cortes corresponden a las empresas suministradoras y no a las fuerzas de seguridad.

Uno de los principales focos de tensión ha sido la gestión de la Sareb, propietaria mayoritaria de los pisos afectados. Los vecinos consideran que la entidad no ha actuado con la diligencia necesaria para recuperar las viviendas ni para impedir nuevas okupaciones. Especial rechazo ha generado la posibilidad de que algunas situaciones se hayan canalizado a través de alquileres sociales, una opción que interpretan como una regularización encubierta y que, a su juicio, ha contribuido a agravar el problema.

La actuación de Sareb

Desde Sareb explican que desde que asumió la promoción de Arroyovereda ha desplegado una actuación «individualizada y continuada» para afrontar una okupación que «ya venía heredada» de la anterior propiedad.

Hasta el momento, la sociedad pública ya ha presentado más de 25 demandas por la vía civil y penal para el desalojo de viviendas okupadas ilegalmente y ha logrado recuperar 26 viviendas. A ello se suman 20 alquileres sociales firmados con familias vulnerables y la subrogación de otros siete contratos de alquiler correspondientes a inquilinos que ya tenían un contrato previo con el anterior propietario.

En el caso de los alquileres sociales, Sareb detalla que estos contratos están vinculados a un programa de acompañamiento social, con gestores que realizan seguimiento de las familias, supervisan la escolarización de los menores y facilitan el acceso a trámites administrativos, empleo o ayudas sociales. Asimismo, estos contratos obligan a la regularización legal de los suministros e incorporan cláusulas de convivencia, entro otros requisitos. El incumplimiento de las normas o la existencia de denuncias puede conllevar la suspensión del alquiler social.

Concentraciones, firmas y reuniones

Ante la ausencia de soluciones legales inmediatas, la comunidad vecinal puso en marcha distintas iniciativas, entre ellas una recogida de firmas que superó el millar de apoyos, concentraciones y reuniones con responsables institucionales. El caso ha llegado al debate político municipal, autonómico y nacional, con pronunciamientos públicos sobre la necesidad de reforzar la defensa de la propiedad privada y actuar contra la okupación ilegal.

La Junta de Castilla y León ha expresado en varias ocasiones su respaldo a los vecinos y ha reclamado cambios normativos que permitan actuar con mayor rapidez frente a este tipo de situaciones, subrayando los límites legales existentes para las fuerzas de seguridad.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, destacó recientemente la «preocupación del Gobierno autonómico por las graves consecuencias que esta problemática ha generado en la convivencia, la seguridad y la calidad de vida de los vecinos, así como por el deterioro urbano y económico que padece el entorno».

También recordó que la «okupación ilegal no puede ser tolerada ni justificada bajo ninguna circunstancia», por lo que apostó por «una acción conjunta de todas las administraciones que están en contra de esta legislación y de las situaciones que provoca, como la presente, para restablecer la seguridad, la convivencia y la confianza vecinal».