Vista general de un pleno en el Parlament, a 9 de febrero de 2022, en Barcelona
Cataluña, a la deriva
El secesionismo conduce al Parlamento de Cataluña a la parálisis
Sólo se han aprobado cuatro leyes en esta legislatura
En lo que llevamos de legislatura, que arrancó el 13 de marzo de 2021, el Parlament ha aprobado cuatro leyes. Y sólo dos el año pasado: la de los Presupuestos de la Generalitat para 2022, los primeros de Pere Aragonès como presidente, y también le de acompañamiento a estos presupuestos. En lo que va de año, se han aprobado ya dos normas: la del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat (la que contempla los avales del Institut Català de Finances para los investigados por el Tribunal de Cuentas por la acción exterior del Govern) y también la Ley para afrontar la Emergencia Habitacional.
El año pasado no ha sido muy fructífero para la cámara catalana, si lo comparamos con años anteriores. En 2020, por ejemplo, se aprobaron 19 leyes, 10 en 2019 y 3 en 2018, aunque hay que tener en cuenta que ese año estuvo marcado por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, tras la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre.
¿Y a qué se debe la baja productividad de la cámara catalana? Su disolución, la convocatoria de elecciones para el 14 de febrero y el hecho de que se apurase el plazo para investir presidente de la Generalitat a Pere Aragonès. Y es que las discrepancias entre ERC y Junts per Cataluña provocó que se dilatara esta investidura. De hecho, hubo dos intentonas hasta que finalmente Aragonès consiguió los votos necesarios y fue investido el 21 de mayo.
Pere Aragonès durante la investidura
Con el Govern constituido, el Parlament comenzó su actividad habitual, que en el último tramo del año concentró en la tramitación de los Presupuestos, además de comenzar a tramitar iniciativas legislativas, validar decretos del Govern y poner en marcha varias comisiones de estudio. Pero que salieran adelante las cuentas de la Generalitat tampoco resultó fácil, en este caso porque la CUP decidió no apoyarlos, rompiendo así el bloque independentista, el llamado «bloque del 52%». Finalmente, los comunes salieron al rescate, votaron a favor de los presupuestos, lo que también provocó el enfado de Junts per Cataluña.
También el año pasado se validaron 26 decretos ley del Govern, prácticamente la mitad del año anterior, que fueron 50, pero hay que tener en cuenta que en 2020 el ejecutivo catalán adoptó medidas urgentes para hacer frente a la pandemia. El año pasado, estos decretos ya hacían referencia a temas varios, y no sólo al coronavirus, sino también a las energías renovables, por ejemplo.
Este año sí se han aprobado dos leyes, la del Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat, que es la que permite cubrir las fianzas, de casi 5 millones de euros, que el Tribunal de Cuentas impuso a varios ex altos cargos de la Generalitat por la acción exterior del Govern, para la internacionalización del proceso independentista. Este fondo tiene una dotación inicial de 10 millones de euros. Una ley requería celeridad para que los implicados no tuvieran que aportar estas fianzas de su propio patrimonio, y por lo tanto, que se embargasen sus bienes.
También se ha aprobado la ley para afrontar la Emergencia Habitacional. Ley que contempla, entre otras cuestiones, que se tenga que ofrecer un alquiler social a los okupas o la expropiación de pisos si llevan más de dos años vacíos, sin una razón aparente. La nueva norma sustituye a una ley anterior que el Tribunal Constitucional anuló por defecto de forma.
Este año, por lo tanto, la actividad parlamentaria ha empezado con más fuerza, pero hay que ver cuánto puede durar. La gestión de la presidenta del Parlament no lo está poniendo fácil, sobre todo por su pugna con los letrados de la cámara. Hay que recordar que la secretaria general del Parlament, Esther Andreu, ha decidido retirar la dirección de los servicios jurídicos de la cámara catalana al letrado mayor, Miquel Palomares, y también la competencia de prestar asesoramiento jurídico especial a la Mesa y a la Junta de Portavoces, al ex letrado mayor Antoni Bayona.
Y no es una decisión baladí, porque el letrado mayor de la Cámara es una figura importante que en el caso catalán ha cobrado especial relevancia con el proceso independentista. No son pocas las veces que los letrados del Parlament han advertido a la Mesa de las consecuencias de tomar decisiones contrarias a las resoluciones del Tribunal Constitucional, por ejemplo. Se pudo ver en los plenos del 6 y 7 de septiembre de 2017, cuando se debatieron las llamadas leyes de la desconexión.
Y en el horizonte también está el debate sobre si la presidenta del Parlament, Laura Borràs, debe apartarse de sus funciones, teniendo en cuenta que está a un paso del juicio por contratos irregulares cuando presidía la Institució de les Lletres Catalanes. La oposición ha pedido que se aplique el artículo 25.4 del reglamento de la cámara catalana, que deja claro que la Mesa «una vez sea firme el auto de apertura del juicio oral y tenga conocimiento del mismo, debe acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de forma inmediata», y en caso de delitos asociados a la corrupción. Una suspensión, por lo tanto, que puede venir, aunque no haya condena, sino cuando se decrete apertura de juicio oral. Aunque parece que la intención de Borràs y de Junts es la de aferrarse a la silla y esperar hasta que haya una sentencia.
Política Lingüística de Cataluña
Las claves del pacto del PSC con el secesionismo para arrinconar el español
Y a todo esto hay que añadir las complicadas relaciones entre los dos socios de gobierno, Junts y ERC, que a menudo dilata en el tiempo la toma de decisiones. El último ejemplo, también lo hemos visto esta semana. ERC, Junts, Comunes y PSC llegaban a un acuerdo para modificar la Ley de Política Lingüística, según el cual, se sigue considerando al catalán como lengua vehicular en la educación, pero se incluye esta frase: «también es utilizado el castellano en los términos que fijen los proyectos lingüísticos de cada centro». Sólo unas horas después de presentar a bombo y platillo este pacto, Junts se desmarcaba, lo «congelaba» a la espera de conseguir un mayor consenso con las entidades que defienden el catalán, según decía el comunicado. Está previsto que esta modificación se debata en el primer pleno de abril.
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