Una catedrática en Derecho Constitucional, sobre el retorno de Puigdemont: «Es un 'no' como una casa»

Una vez que el Tribunal Constitucional ha avalado la constitucionalidad de la ley de amnistía, todas las miradas se dirigen hacia el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, que sigue huido de la justicia en Bélgica. Se está pendiente de los pasos que puedan dar las separatistas y la pregunta está en el aire: tras este aval, ¿podrá volver a España?

La catedrática de Derecho Constitucional, Teresa Freixes, lo tiene claro: «La respuesta es un 'no' como una casa». Esta jurista recuerda que solo se puede amnistiar cuando ya ha habido una resolución previa jurisdiccional «que se tenga que pedir cubierta por la amnistía». Pero teniendo en cuenta la ley, apunta, «eso no procede en este caso».

Primero, porque Puigdemont «es un huido de la justicia y estamos todavía en el mismo sitio». Además, recuerda que todo lleva una serie de procesos, que no se acaba solo en el recurso de inconstitucionalidad, sino que hay procesos personales de amparo o de recursos contra determinadas resoluciones por parte de los interesados. Y, a eso hay que añadir, que «el Tribunal Supremo entiende que la ley de amnistía no cubre la malversación de fondos públicos».

Por todo ello, concluye Freixes, «si el señor Puigdemont tiene ganas de volver a hacer el numerito como ya hizo viniendo a Barcelona, a jugar al ratón y al gato, si lo cazan o no lo cazan, pues bueno, que lo haga, pero corre su riesgo».

15 de julio, fecha clave

Y luego hay otro asunto fundamental: la cuestión prejudicial que se ha presentado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Fue Sociedad Civil Catalana, de la que Freixes es ahora vicepresidenta, la que instó al Tribunal de Cuentas a que presentara esta cuestión. Y la vista oral se ha convocado para el próximo 15 de julio, donde todas las partes podrán exponer todo lo que crean «conveniente». Y, a partir de ahí, aún faltará el informe del Abogado General, que es «obligatorio que lo emita», antes de que se dice la sentencia.

Como también es preceptivo que existe el dictamen de la Comisión Europea como garante de los Tratados, que es el papel institucional que tiene, y que ya se emitió y envió al TJUE. Recuerda Freixes que ese informe calificó a la ley como una «autoamnistía y, por lo tanto, no autorizada por el derecho de la Unión Europea».

Aunque, finalmente, precisa, será el Tribunal de Luxemburgo el que decida sobre la aplicabilidad o no de la norma. La catedrática, en cualquier caso, deja claro que los tribunales internos de cada país, incluidos los constitucionales, no pueden hacer efectiva sus resoluciones si son contrarias al derecho de la UE.

El TC quedaría en «mal lugar»

Es decir, que si finalmente el TJUE considera que la amnistía es contraria a ese derecho, «ya puede el Tribunal Constitucional decir lo que quiera». Y recuerda que el Tribunal Constitucional de Alemania no acababa de ver clara la mutualización de la deuda para crear los fondos de recuperación europeos tras la pandemia, pero tuvo que dejar sin efecto su propia decisión porque el Tribunal de Luxemburgo decidió en sentido contrario.

Por este motivo, a la jurista le sorprende que el Tribunal Constitucional, para no «dictar una sentencia controvertible, podría haber puesto en suspenso la tramitación y la decisión sobre la sentencia de una ley sobre la que se tiene que pronunciar el TJUE». Y es que Freixes se pregunta en qué posición va a quedar el TC si, finalmente, su sentencia no va a poder surtir efecto.

Considera que es «un riesgo que corre y que le dejaría en una muy mala situación ante el resto de tribunales constitucionales de otros países y ante los juristas de todo el mundo». Porque lo que parece, dice Freixes, es que el Constitucional español pueda haber intentado «condicionar el resultado de lo que vaya a pasar en el TJUE».

Y más allá de esta situación, está la decisión en sí del TC, los argumentos que ha dado para avalar la ley de amnistía. Considera la catedrática que justificar ese visto bueno porque el legislador puede hacer todo lo que no está prohibido en la Constitución, es «una aberración jurídica». Y asegura que va contra la propia esencia de lo que es la democracia liberal, según la cual «los que sí que pueden hacer todo lo que las leyes no les prohíban son los ciudadanos. Pero los organismos públicos, los gobiernos, los parlamentos, las autoridades, etcétera, solo pueden hacer aquello que las leyes les permiten que puedan hacer».

Lamenta Freixes que el Tribunal Constitucional haya caído en «la contradicción más absoluta en todo lo que es la interpretación constitucional». Y apostilla: «a ver, ¿la propia Constitución nos dice expresamente que no podemos matar? Y tenemos un Código Penal que castiga, el asesinato, el homicidio en todos sus grados. Evidentemente, la Constitución no puede regularlo todo».

Pero sí que se basa, prosigue, sobre el principio de atribución y de competencia con respecto a los órganos públicos. Es decir, «solo pueden hacer lo que las leyes les permiten y, además, solo pueden hacerlo de acuerdo con los procedimientos que las leyes establecen». Por todo ello, insiste en que, decir lo contrario, «es una gran aberración jurídico-constitucional».