La disyuntiva catalana de Sánchez: el PSOE debe elegir si aprobar los presupuestos en Madrid o en Barcelona

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ya tiene avanzadas las negociaciones con ERC y Comunes para aprobar los Presupuestos de 2026, según ha podido saber El Debate, lo que alejaría a Junts de dar su brazo a torcer en el Congreso de los Diputados.

El PSC y ERC están condenados a entenderse en el parlamento autonómico catalán, dado que en caso contrario temas clave como la Agencia Tributaria Catalana (ATC) o el plan para construir 50.000 viviendas de ahora hasta 2030 quedarían embarrancados.

La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció hace pocos días que a la vuelta de vacaciones presentaría la senda de déficit y el techo de gasto, como primer paso para tramitar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026. El anuncio de la mano derecha de Pedro Sánchez sigue la estela de la intención declarada del presidente de presentar las cuentas para su debate y aprobación en las cortes generales.

Sánchez, en su rueda de prensa de fin de curso, manifestó la voluntad de presentar las cuentas como una muestra de su compromiso democrático, pero la realidad es que es una obligación constitucional señalada en el artículo 134 de la Carta Magna. La suerte para Sánchez es que sus socios no sólo no creen en la Constitución, sino que aspiran a derogarla; en consecuencia, no le obligan a su cumplimiento.

Junts y Podemos

Que los PGE superen el trámite parlamentario es, a día de hoy, imposible, dado que dos fuerzas clave en la investidura de Sánchez, Junts y Podemos, se oponen a las mismas por diferentes motivos. En caso de los morados, por su obstinada posición contraria a incrementar el gasto militar; en el caso de Junts, porque apoyarse en ERC para aprobar los presupuestos de la Generalitat y en Junts para aprobar los del Estado es hoy la cuadratura de un círculo imposible.

Junts ha basado su estrategia electoral en mostrarse mas exigente que ERC hacia Sánchez. Sin embargo, la frase de Carles Puigdemont al anunciar su acuerdo, en verano de 2023, «cobrar por adelantado», no se ha materializado: temas clave como el regreso de Puigdemont a España sin rendir cuentas ante la Justicia o la transferencia de las competencias en materia de inmigración siguen bloqueadas. Junts no está en condiciones de seguir apoyando a Sánchez si no puede lucir resultados tangibles ante su público para seguir diferenciándose de ERC.

Además, Junts está inmerso en una guerra fratricida con Alianza Catalana (AC), en búsqueda ambos del voto más xenófobo y extremo. Seguir apoyando a Sánchez tendría consecuencias electorales catastróficas para Junts, que ve con terror como encuesta tras encuentra AC les da un bocado.

En el último mitin de Puigdemont, celebrado en un pueblo francés cercano a la frontera española, por primera vez introdujo en sus mensajes ataques a Alianza y a su líder, Sílvia Orriols, sin citarla. Les tildó de «arquitectos del caos».

Al límite

Junts está al límite de su paciencia con el PSOE, y el anuncio del retraso del despliegue de la ATC será otro caballo de batalla más entre el PSC y Junts. Los de Puigdemont viven en la esquizofrenia de ser socios de Sánchez en Madrid, pero liderar la oposición a Illa en Cataluña.

A medida que la legislatura avanza, esta contradicción es más difícil de llevar para Junts, que no sabe qué hacer para que la visibilidad de su apoyo a Sánchez a nivel nacional no opaque su oposición a Illa en el parlamento catalán.