Illa da a Feijóo la oportunidad de paralizar el cupo catalán si logra gobernar tras las próximas elecciones

Las casualidades del calendario llevaron a que el mismo día coincidieran dos anuncios contrapuestos. Por un lado, la Generalitat de Cataluña dio a conocer un retraso en el calendario de la puesta en funcionamiento de la Agencia Tributaria Catalana (ATC). Por el otro, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, dijo que en caso de formar gobierno tras las próximas elecciones generales derogaría las leyes de amnistía y la llamada «financiación singular» de Cataluña.

El acuerdo, anunciado hace unos meses por ERC a bombo y platillo –como todos los pactos entre el independentismo y el PSOE–, establecía que la ATC gestionaría el IPRF ya en 2026, pero este jueves la consejera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero, presentó un nuevo calendario que aplaza la transferencia de la recaudación del IRPF por parte de la Agencia de la Generalitat hasta 2028.

La fecha no es un retraso cualquiera, ni un incumplimiento más de los que tanto ERC como Junts se dejan infligir por el PSOE. En este caso, el retraso podría llevar a la ATC a embarrancar antes de su puesta en funcionamiento.

Esto es debido a que, según repite machaconamente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se celebrarán en 2027: en caso de que Feijóo pudiera formar gobierno, tendría en sus manos la posibilidad de frenar el desarrollo de la ATC y de mantener la Agencia Tributaria Estatal (AEAT) como ente de gestión, inspección y recaudación único en las autonomías del régimen común.

De momento, con el objetivo de disimular el retraso en el despliegue de la ATC, el próximo año todos los contribuyentes catalanes recibirán su información sobre el IRPF en un sobre con la imagen corporativa de la ATC.

En el Congreso

Desde el gobierno catalán se justifica el retraso alegando que para que la ATC asuma competencias y recaudación se deben modificar tres leyes de ámbito nacional: la LOFCA, la Ley de financiación de las comunidades autónomas y otra especifica que apruebe la cesión de tributos estatales a Cataluña.

La aprobación de la modificación de estas leyes en el Congreso no está garantizada, dado que algunas fuerzas que dan apoyo al Gobierno, como Compromís o la Chunta Aragonesista, ya han mostrado su discrepancia. Eso reduciría la mayoría a 176 escaños, los justos para aprobar las modificaciones, y no deja margen a Sánchez y los independentistas para que sufran ninguna otra deserción.

ERC ha evitado criticar al PSC por este retraso y los socialistas, por su parte, se han comprometido con los republicanos a que el primer Consejo de Gobierno presidido por Illa tras las vacaciones aprobará la creación por decreto de un cuerpo de agentes tributarios y otro de informáticos para la ATC.

El decreto deberá ser refrendado por el parlamento catalán donde el PSC, ERC y los Comunes-Sumar tienen la mayoría justa -68 escaños de 135- para lograr la convalidación de dicho decreto.

ERC y el PSC habían pactado que el 31 de julio era la fecha tope para que el gobierno catalán presentara su hoja de ruta para implantar la ATC. Los socialistas encargaron el trabajo a una empresa filial de Indra y han nombrado a un nuevo alto cargo, Santiago Ramón, para dirigir los trabajos. Dicho documento apunta a la contratación de 1.202 personas entre hoy y 2027, y al desarrollo de una plataforma tecnológica diferente de la que usa la AEAT.