Junts llevará al Parlament su propuesta de que los inmigrantes aprendan catalán para regularizar su situación

Después de que la cesión de las competencias en inmigración a Cataluña fuese abortada por el ‘no’ de Podemos, Junts ha optado por rescatar algunas de sus medidas e intentar darles salida por otra vía. Así, este martes la formación de Carles Puigdemont llevará al debate de política general (DPG) del Parlament su propuesta para que los inmigrantes deban demostrar «conocimiento de la lengua catalana» para «regularizar su situación administrativa».

Así lo ha anunciado la portavoz del grupo parlamentario, Mònica Sales, este lunes en rueda de prensa, detallando que su propuesta es exigir el nivel A2 a los dos años de residencia y el B2 a los cinco años.

No es la única medida en relación a la inmigración: también plantearán que se restablezca el requisito de tener un mínimo de 10 años de empadronamiento en un municipio, de forma continua o discontinua, para poder acceder a una vivienda de protección oficial.

«Este requisito ya era vigente hace unos años atrás, y pensamos que ahora en el contexto actual es necesario recuperarlo», ha dicho Sales. Después de haber gastado un año con la atención puesta sobre todo en Madrid, y tras no haber logrado materializar la cesión de las competencias en inmigración, la amnistía para Puigdemont o la oficialidad del catalán en Europa, Junts pretende usar el DPG para recuperar presencia en el hemiciclo catalán.

Relación con el PSOE

En esta línea, Sales ha instado al PSC a alinearse en las votaciones del DPG –que durará tres días y concluirá el jueves– con el espíritu del acuerdo de Bruselas, en cuestiones como el reconocimiento del conflicto político, la amnistía y concierto económico. "Lo que pedimos al PSC es que se moje en esta votaciones para romper este doble discurso al que nos tiene acostumbrados últimamente”.

Sobre este punto, Sales no ha querido revelar el redactado de sus propuestas, y se ha limitado a decir que el DPG ha de servir para saber "si el PSC se alinea o se desmarca definitivamente del acuerdo de Bruselas”, y ha señalado que «no se puede construir en Suiza y destruir después en Cataluña», recordando su difusa amenaza de que «pasarán cosas en otoño» en la relación con el PSOE en caso de seguir así.

Otras propuestas

En el apartado lingüístico, Junts reclamará en el DPG que los profesionales sanitarios catalanes deban acreditar un certificado B2 un año después de empezar a trabajar y un C1 en el plazo de dos años. Piden también que se celebre un debate específico en el Parlament para abordar «soluciones» a la situación del catalán y la creación de la Oficina de Protección de los Derechos Lingüísticos antes de terminar este año.

También ven en necesario reforzar la financiación del sistema educativo ante los «nefastos resultados del todo el conjunto», y garantizar la equidad de acceso a los jóvenes catalanes que quieran estudiar medicina con la eliminación del Distrito Universitario Único español o, como mínimo, la reserva del 80% de las plazas para estudiantes de institutos catalanes.

Sobre fiscalidad, insistirán en reclamar la rebaja del IRPF y la supresión del impuesto de sucesiones, y también presentarán una propuesta de resolución que pide suspender cualquier validación definitiva de los efectos de la OPA del BBVA y establecer que la operación hostil «sólo pueda prosperar si cuenta con el apoyo, como mínimo, del 50% del capital social del Banco Sabadell».