Cataluña impulsa una ofensiva contra los desahucios y estudia cómo frenar la compra especulativa de viviendas

La vivienda ha sido uno de los ejes centrales de la reunión del Consejo Ejecutivo celebrada este martes. De hecho, ha aprobado la creación de una unidad antidesahucios y ha encargado informes jurídicos para estudiar la viabilidad de prohibir la compra especulativa de viviendas en Cataluña, dos pasos con los que el Ejecutivo de Salvador Illa quiere reforzar su política de protección residencial y control del mercado inmobiliario.

La nueva unidad antidesahucios, denominada oficialmente Servicio de Protección y Estabilidad Residencial (SPER), será un instrumento coordinado entre la Consejería de Territorio y el Departamento de Derechos Sociales. Su función será detectar de forma temprana los casos de riesgo de pérdida de vivienda, tanto en alquiler como en hipoteca, y ofrecer acompañamiento a las familias afectadas antes de que se produzca el desalojo.

El servicio actuará como una ventanilla única que reunirá mediadores sociales, asesores jurídicos y técnicos de vivienda. Entre sus tareas estarán la negociación con propietarios o entidades financieras, la activación de ayudas al alquiler o realojos, y la coordinación con los ayuntamientos y juzgados para evitar desahucios sin alternativa habitacional.

La medida se enmarca en el acuerdo alcanzado el pasado mayo entre el Govern y los Comunes, que habían exigido reforzar la respuesta institucional ante la crisis habitacional. «Queremos que ninguna familia se quede sin casa sin que la administración haya hecho todo lo posible por evitarlo», ha explicado la portavoz del Govern, Sílvia Paneque.

La iniciativa contará con una dotación presupuestaria inicial de 15 millones de euros y se desplegará progresivamente a lo largo de 2026, priorizando los municipios con mayor número de ejecuciones hipotecarias y lanzamientos judiciales.

Frenar la compra especulativa

El segundo acuerdo en materia de vivienda que ha adoptado el Consejo Ejecutivo, ha sido el encargo de informes jurídicos para analizar los límites legales de una posible prohibición o restricción de la compra de viviendas con fines especulativos.

La intención del Govern es estudiar si el marco competencial catalán permite introducir medidas que impidan operaciones puramente financieras, especialmente en zonas donde la tensión de precios hace inviable el acceso a la vivienda para la población local.

Fuentes del Departamento de Territorio explican que los informes explorarán diferentes opciones: desde exigir plazos mínimos de tenencia para revender un inmueble hasta establecer limitaciones a la compra masiva por fondos de inversión o personas jurídicas que no destinen las propiedades a uso residencial efectivo.

Paneque ha subrayado que «el objetivo no es intervenir el mercado, sino proteger el derecho a una vivienda digna y evitar que la especulación expulse a los vecinos de sus barrios». La portavoz ha recordado que Cataluña ha sido «punta de lanza» en regulaciones pioneras como la ley de grandes tenedores y la reserva del 30% de vivienda social en promociones urbanísticas.

Reacciones y tensiones con el sector

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha celebrado la aprobación de la unidad antidesahucios, que, a su juicio, «pone a la administración del lado de la ciudadanía» y marca un cambio de tono respecto a la pasividad institucional de los últimos años. «Ahora lo importante será que se dote de recursos suficientes y que los ayuntamientos se impliquen», han explicado en un comunicado.

Desde el sector inmobiliario, en cambio, han mostrado inquietud por la intención del Govern de limitar la compra de viviendas. La Asociación de Promotores de Cataluña (APCE) ha advertido de que «medidas ambiguas o mal diseñadas pueden generar inseguridad jurídica y frenar la inversión». Reclaman al Ejecutivo que cualquier propuesta se acompañe de incentivos a la vivienda asequible y no solo de prohibiciones.

Hay que tener en cuenta que, el de la vivienda, se ha convertido en uno de los frentes prioritarios del Govern de Salvador Illa, que pretende consolidar una estrategia integral de acceso a la vivienda en los próximos meses.

Entre las líneas previstas figuran el refuerzo del parque público de alquiler; el registro de grandes tenedores, de carácter obligatorio y sancionable; y la colaboración con los municipios para aumentar la oferta de vivienda asequible. «El Govern está comprometido con una política de vivienda valiente, que combine seguridad jurídica con justicia social», ha defendido Paneque.