Un estudio documenta la «sustitución total» en Cataluña de topónimos españoles que ya se usaban hace siglos

¿Aytona o Aitona? ¿Albatarrech o Albatàrrec? Y, por supuesto, ¿Gerona o Girona? Esto es lo que denuncia la asociación Hablamos Español: «La sustitución sistemática de los nombres tradicionales en español» por sus equivalentes en catalán. Para ello, ha publicado una amplia investigación sobre la evolución de la toponimia en Cataluña desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad, y que demostraría esta cuestión.

El estudio, encabezado por Luis Eduardo González-Santander, ha sido elaborado a partir de legislación histórica, nomenclátores oficiales, archivos administrativos y dictámenes lingüísticos. Recorre dos siglos de normativas para explicar cómo Cataluña ha pasado de una coexistencia nominal entre castellano y catalán a un sistema en el que, desde los años ochenta, «la única forma oficial es la catalana».

La investigación se apoya en hechos normativos bien documentados. El Estatuto de Autonomía de 1979 definía el territorio catalán como el conformado por las provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona, denominaciones idénticas a las que figuraban ya en el Estatuto republicano de 1932. La referencia a estas provincias, todas ellas con sus formas tradicionales en español, desapareció en la reforma estatutaria de 2006, que optó por describir el territorio mediante «los límites administrativos de la Generalitat», sin mencionar expresamente la división provincial.

La investigación repasa cómo la división en cuatro provincias, fijada en 1833 por Javier de Burgos, sustituyó a los trece corregimientos históricos del Principado. Entre ellos Cervera, Talarn, Vich, Puigcerdá, Villafranca o Tortosa, y cómo esos nombres españoles se mantuvieron en la administración y en el uso común hasta finales del siglo XX. El punto de inflexión, según Hablamos Español, llega en 1992, cuando Gerona y Lérida pasan a denominarse oficialmente Girona y Lleida por ley estatal a petición de la Generalitat, consolidando por primera vez la exclusividad del catalán en las provincias.

A partir de ahí, el estudio describe un proceso progresivo: desde 1982, con el procedimiento específico para cambiar nombres municipales, hasta la Ley de Normalización Lingüística de 1983 y la Ley de Política Lingüística de 1998, la Generalitat establece que todos los topónimos de Cataluña tendrán como única forma oficial la catalana, salvo en el Valle de Arán. El Instituto de Estudios Catalanes, convertido en órgano consultivo, interviene en las propuestas desde criterios ortográficos, no históricos, según señala el informe.

La magnitud del cambio se resume en una cifra: 597 municipios catalanes, el 64,33 %, han sustituido su denominación tradicional española por la forma catalana entre 1975 y 2023. Las variaciones han sido especialmente intensas en Gerona (67,87 %), Lérida (66,95 %) y Barcelona (64,05 %), mientras que Tarragona registra el porcentaje más bajo de modificaciones (56,72 %). Hablamos Español interpreta esta tendencia como la culminación de una política de «sustitución completa» que no ha contemplado formas oficiales bilingües.

¿Cómo se han «catalanizado» los nombres?

La investigación subraya que los cambios no se han limitado a adaptar ortografías, sino que han transformado de manera profunda la apariencia de muchos nombres. La sustitución de la ñ por ny (Bañolas por Banyoles, Albañá por Albanyà), de la y por i (Mayáls por Maials, Mongay por Montgai), de la terminación -as por -es (Arbucias por Arbúcies, Figueras por Figueres, Cabanas por Cabanes), o el paso de -ch a -c (Hostalrich por Hostalric, Vich por Vic) son, para la asociación, «un ejemplo claro de ingeniería lingüística destinada a distanciar las formas catalanas de las españolas».

También se destacan modificaciones mediante artículos: El Masnou, La Bisbal del Penedès, Els Prats de Rei; o la introducción de guiones y determinantes comarcales, como Font-rubí, Bellcaire d’Empordà, La Nou de Berguedà. En todos los casos, explica la entidad, se rompe la continuidad con los topónimos españoles documentados durante los siglos XVIII, XIX y XX.

El informe recuerda que, históricamente, tanto el catalán como el castellano fueron lenguas oficiales en Cataluña. Ya el Estatuto de 1932 explicitaba un régimen bilingüe para la administración, régimen que se simplificó en 1979 y que, tras la reforma de 2006, se redefinió al establecer el catalán como lengua «de uso normal y preferente» en administraciones y enseñanza, una formulación parcialmente corregida más tarde por el Tribunal Constitucional.

Para Hablamos Español, el resultado de este recorrido normativo es claro: la desaparición pública de nombres en español que estuvieron plenamente vigentes durante generaciones. La entidad reivindica que, al escribir en castellano, es legítimo y correcto emplear topónimos como Gerona, Lérida, Figueras, Hostalrich, Cervera, Villafranca, Tortosa, Villanueva y Geltrú o Esplugas de Llobregat, aun cuando la forma oficial sea únicamente la catalana.

La asociación ve en esta investigación un recordatorio del peso histórico del español en Cataluña y reclama que las denominaciones tradicionales puedan seguir usándose libremente en textos en castellano. La Secretaría de Política Lingüística de la Generalitat, por su parte, mantiene desde los ochenta que la oficialidad exclusiva del catalán es un instrumento necesario de normalización lingüística.