El presidente de la Generalitat, Salvador Illa
Cataluña presentará en las próximas semanas su plan para prohibir las compras de pisos para invertir
Cataluña abre la puerta a vetar la compra de vivienda para invertir en plena crisis residencial
El Govern de Salvador Illa y los Comuns han puesto en marcha un grupo de trabajo para estudiar la prohibición de las compras de vivienda consideradas «especulativas», es decir, aquellas que se adquieren como inversión y no como residencia habitual, en un contexto de fuerte tensión en el mercado inmobiliario catalán. La comisión, que se reúne en la Conselleria de Territori, aspira a presentar un primer informe entre finales de 2025 y comienzos de 2026, con la vista puesta en una futura reforma legislativa que debería pasar por el Parlament.
La propuesta busca limitar la adquisición de viviendas por parte de inversores —incluidos fondos que compran al contado— para priorizar su uso como hogar de familias residentes y frenar lo que los promotores denominan «compra especulativa». Los Comuns hablan incluso de «competencia desleal» frente a los compradores que dependen de hipoteca, en un país donde alrededor del 60% de las operaciones se cierran sin financiación bancaria.
El objetivo declarado es reducir la brecha entre oferta y demanda de vivienda y aliviar una crisis que combina subidas de alquiler y precios de venta con el auge del alquiler vacacional y de temporada, factores que presionan especialmente en los grandes núcleos urbanos. Cataluña figura entre las comunidades con mayores incrementos recientes de precios, con repuntes significativos tanto en el mercado del alquiler como en el de compraventa, según portales especializados.
La iniciativa se apoya en un informe jurídico encargado por el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) al jurista Pablo Feu, experto en derecho administrativo y urbanístico y profesor de la Universidad de Barcelona. Ese estudio concluye que es legalmente viable restringir la adquisición de inmuebles para fines especulativos, siempre que la medida sea excepcional, limitada en el tiempo y circunscrita a determinadas zonas.
El informe se apoya en la Ley estatal 12/2023 por el Derecho a la Vivienda, que permite declarar Zonas de Mercado Residencial Tensionado (ZMRT) cuando se acredita una fuerte presión de precios y una oferta insuficiente de vivienda asequible. En estos ámbitos, se plantea que solo puedan comprarse viviendas para uso habitual y permanente del adquirente, con el objetivo de frenar operaciones que vacían los centros urbanos y encarecen aún más el acceso a la vivienda.
Según el esquema estudiado, la limitación se aplicaría únicamente en municipios declarados como zonas tensionadas, donde en muchos casos se agrupa la mayor parte de la población catalana. La compra seguiría permitida, pero condicionada a que el inmueble se destine a residencia habitual del comprador, lo que excluiría la mayoría de estrategias puramente inversoras.
El borrador de trabajo contempla excepciones para mantener cierta proporcionalidad, como la posibilidad de comprar edificios completos siempre que sus viviendas se arrienden como alquiler habitual durante un periodo mínimo de entre cinco y siete años, en función de si se trata de particulares o sociedades. También se abriría la puerta a segundas residencias en municipios distintos al de empadronamiento, incluso en zonas tensionadas, siempre que se destinen a uso personal y no a alquiler turístico o de temporada.
El grupo impulsado por el Govern y los Comuns trabaja con la meta de tener un informe político-técnico antes de principios de 2026, como base para una futura regulación autonómica y, en su caso, para propuestas a nivel estatal y municipal. Sus promotores sostienen que las administraciones pueden intervenir en el mercado inmobiliario cuando concurren causas justificadas y la medida se acota territorial y temporalmente.
En el plano europeo, el PEMB recuerda que países como Dinamarca, Finlandia, Croacia o Malta han implantado restricciones similares a la compra de vivienda con fines especulativos, lo que refuerza el encaje de propuestas de este tipo en el marco comunitario. Cataluña vuelve así a situarse como laboratorio de políticas de vivienda intervencionistas, en un debate que contrapone el derecho constitucional a la propiedad privada con el también reconocido derecho a una vivienda digna y accesible.
