La Fiscalía investiga a Albiol por el macrodesalojo del instituto okupado B9

La Fiscalía de Barcelona ha abierto diligencias de investigación al alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, a raíz del desalojo en diciembre del antiguo instituto B9, que llevaba dos años okupado y generando tensiones con los vecinos, y en el que vivían unas 400 personas, en su mayoría inmigrantes subsaharianos.

El Ministerio Público ha empezado esta investigación tras una denuncia penal interpuesta por el eurodiputado de los Comunes Jaume Asens contra Albiol por cuatro posibles delitos: denegación de servicio público por motivos discriminatorios, delito de odio, delito de desobediencia a la autoridad judicial y de prevaricación administrativa.

En su escrito a la Fiscalía, recogido por EFE, Asens alegaba que la resolución judicial que dio luz verde al desalojo lo condicionaba a «garantizar una alternativa habitacional» para los afectados, «conforme al protocolo municipal de las personas sintecho». Sin embargo, el eurodiputado señalaba que Albiol repitió varias veces que no se iba a ofrecer «alojamiento ni recursos habitacionales», y que aun así «persistió en una actuación contraria al mandato judicial».

Asens denunció además la «tolerancia institucional» del Ayuntamiento de Badalona con los «episodios de bloqueo y presión vecinal», que impidió que los migrantes desalojados pudieran dormir en los recursos habitaciones proporcionados por entidades sociales. Y denuncian que Albiol «no desautorizó» expresiones «xenófobas y estigmatizadoras» que profirieron los vecinos.

La apertura de estas diligencias de investigación se suman a otro procedimiento judicial, ya que el pasado mes de diciembre la Fiscalía pidió al juzgado que autorizó el desalojo que instara al Ayuntamiento de Badalona a aclarar de forma urgente si había ofrecido la «atención adecuada» y una alternativa habitacional a los migrantes desalojados, como ordenaba el mandato judicial.

Albiol se defiende

Por su parte, el Ayuntamiento de Badalona (Barcelona) ha defendido la «escrupulosidad» con la que se ejecutó el desalojo del B9, así como el «trabajo» conjunto con el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión para abordar la actuación.

Según fuentes del consistorio recogidas por EFE, la denuncia de los comunes es «un despropósito» y parte de una argumentación «que nada tiene que ver con la realidad», ya que, a su entender, «se cumplió de manera escrupulosa la resolución judicial» cuando se desalojó el antiguo B9.

Además, aseguran que el Ayuntamiento de Badalona ha trabajado con el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión del Govern antes, durante y después de la desocupación, una colaboración que «continuará».