La doble moral de la izquierda en Cataluña: «una familia, una casa», pero varios son grandes tenedores

Uno de los mantras repetidos por la izquierda en Cataluña en relación a la crisis de la vivienda es el de «una familia, una casa», que recientemente se escuchó en el mitin que protagonizaron Gabriel Rufián e Irene Montero en Barcelona el pasado jueves, ya que es un lema que suele repetir el aún portavoz de ERC en el Congreso, muy crítico con la especulación en materia de vivienda y partidario de hiperregular el mercado.

Un intervencionismo que en Cataluña lidera el PSC de Salvador Illa y que, de momento, no está dando frutos. Esta semana, sin ir más lejos, se conocía un informe de Idealista que constata que Barcelona sigue siendo la ciudad más cara de España para alquilar una habitación, a pesar de la regulación sobre la materia vigente desde enero. Otro dato reciente, publicado por la sociedad de tasaciones TINSA, es que el precio por metro cuadrado para adquirir una vivienda en Barcelona se ha incrementado en un 11,5 % en los tres primeros meses de 2026.

Pese a ello, las formaciones de izquierda siguen insistiendo en la necesidad de aumentar la presión normativa sobre el mercado inmobiliario, con topes de precios y más inspectores. En medio de este panorama, ha sentado como una bomba la noticia reciente de que la exdiputada de la CUP Eulàlia Reguant, una de las principales voces del partido independentista de izquierda radical durante el procés, ha entrado en la inmobiliaria familiar, que gestiona un patrimonio de 35 propiedades valoradas en más de 13 millones de euros.

Según consta en las anotaciones del boletín del Registro Mercantil, Reguant –que dejó de ser diputada en 2023, llegó a justificar la okupación de pisos vacíos, y cargaba en sus discursos contra los grandes tenedores– se incorporó en marzo como apoderada de la inmobiliaria Muscius Cent, de la cual su madre es administradora única y donde su padre es también apoderado.

La noticia, que se ha viralizado en los últimos días como muestra de la doble moral de parte de los dirigentes de la izquierda catalana, también ha provocado una batalla interna dentro del seno del partido. En un comunicado, el sector autodenominado PUIC ha cargado contra la dirección de la CUP por «defender los intereses de la burguesía y los grandes tenedores».

No es el único caso en el seno de esta formación: el exdiputado Benet Salellas –actual abogado de Santos Cerdán– dejó constancia en su última declaración de bienes en el Parlament de que es propietario de dos viviendas, tres locales y seis fincas rústicas.

En otros partidos

La CUP no es la única formación que hostiga a los propietarios catalanes mientras acoge a dirigentes que no predican con el ejemplo. Recientemente, El Debate publicó en exclusiva la relación del patrimonio desconocido que Miquel Iceta –actual embajador de España ante la Unesco en París y aún presidente del PSC– declara en Hacienda: 27 inmuebles valorados en más de 10 millones de euros.

En concreto, se trata de ocho viviendas, quince plazas de garaje, tres parcelas, dos locales y varios activos industriales. Sin salir del PSC, Alberto Bondesio encabeza el ránking de diputados actuales en el Parlament de Cataluña con más propiedades: once, según la declaración de bienes realizada en 2024, al arrancar la legislatura. La cifra incluye viviendas, garajes y fincas rústicas.

También tiene once propiedades la que fue mano derecha de Pere Aragonès como consejera de Presidencia, Laura Vilagrà. De estas, diez son debido a una herencia. Aunque Vilagrà fue elegida como diputada para esta legislatura, a finales de 2024 anunció que dejaba la primera línea política y pasaba a ser gerente del Consejo Comarcal del Bages.