Ximo Puig, cuando era líder de la oposición, con José Antonio Griñán siendo presidente de la Junta de Andalucía
Comunidad Valenciana La doble vara de medir del PSPV-PSOE con la corrupción: ofensiva al PP y silencio cuando gobierna
La actitud pasiva de los socialistas en 2022 contrasta con lo combativos que eran antes de llegar al poder
En los últimos meses el discurso del PSOE sobre la corrupción ha experimentado un giro de 180 grados respecto a 2018. En la única moción de censura que hasta la fecha ha prosperado, un aspirante a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, abanderó la acusa de las buenas prácticas y tumbó al Ejecutivo de Mariano Rajoy.
Más de cuatro años después, ese mismo partido con ese mismo líder acaba de descafeinar al máximo las penas por el delito de malversación y ha patentado una concepción francamente innovadora acerca del acusado de cometerlo: Si el dinero desviado no va a parar de manera directa su bolsillo no es malversación, independientemente de que la causa sea atentar contra el orden constitucional o fomentar un régimen a décadas vista.
Es cierto que en política, y más en un contexto de minoría parlamentaria, uno asume que su programa no lo va a cumplir de manera íntegra, pero la modificación del relato ha sido a un ritmo vertiginoso.
Idéntica situación se está viviendo en la Comunidad Valenciana. Los hoy gobernantes PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem, al igual que Sánchez pero en esta ocasión pasando por las urnas, sacaron al Partido Popular del poder haciéndole pasar por el paradigma de los corruptos.
Para ello, unas veces con pruebas fehacientes, otras muchas con meras sospechas cogidas con pinzas o simplemente por la oportunidad política, su estrategia era la de pedir comparecencias y comisiones de investigación en las Cortes regionales por doquier.
Campañas contra Camps y Barberá
Además de ello, cuando un presunto caso de corrupción saltaba a los medios de comunicación, ahí estaba el PSPV-PSOE –con una Mónica Oltra que nunca perdía la ocasión al respecto– para iniciar una campaña mediática y política contra el afectado de turno que, en no pocas veces, traspasó determinadas líneas rojas.
Por ejemplo, no es casual que el famoso 'caso de los trajes' del expresidente de la Generalitat Francisco Camps estuviera día sí y día también en portadas, telediarios y tertulias. De hecho, en el tiempo que duró la causa, cierto diario dedicó más portadas al popular que al Rey, con un total de 169.
Con la absolución de Camps por el Tribunal Superior de Justicia no acabó su martirio con la izquierda, ya que, aunque de manera permanente ha venido siendo exonerado, sigue siendo un tema recurrente para el tripartito.
Idéntica situación padeció la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, aunque en este caso, con fatal desenlace. Se convirtió en el blanco de los ataques de la izquierda, especialmente de Compromís y los socialistas.
Sin prueba alguna, le acusaban de haber pagado mil euros en dos billetes de quinientos para financiar su última campaña electoral. Fue a declarar ante el Supremo por estar aforada al ser senadora y a los pocos días, cuando se preveía que la causa no tenía más recorrido judicial, falleció en un hotel junto al Congreso de los Diputados.
Joan Llinares, director de la Agencia Valenciana Antifraude
«La malversación también es cautivar a gente para que esté a tu servicio»
No obstante, toda esa actitud combativa ante la corrupción se viene abajo por ensalmo desde el momento en que el PP sale del poder y lo hereda la izquierda.
Durante los siete años y medio que socialistas, nacionalistas y comunistas están al frente de la Generalitat Valenciana, han sido varios los casos sobre actitudes dudosas que, casualmente, no han recibido la misma condena ni respuesta por parte de los partidos que sostienen al Ejecutivo regional.
La última muestra de ello ha sido acerca de la trama 'Azud', la causa que investiga una posible financiación ilegal del PSPV-PSOE.
A raíz del levantamiento del secreto de una pieza del sumario, salió a la luz un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que los investigadores sospechan de que los socialistas valencianos podrían haber pagado parte de dos campañas electorales con dinero en 'B'.
Concretamente, los agentes hacen referencia a la candidatura de la difunta Carmen Alborch a la alcaldía de la capital autonómica en 2007 y a la de la entonces vicepresidenta del Gobierno con Rodríguez Zapatero, María Teresa Fernández de la Vega, en 2008.
A raíz de las revelaciones, el PP ha solicitado la creación de una comisión de investigación en el parlamento valenciano con tal, según palabras de Carlos Mazón, de que se resuelvan «las gravísimas consecuencias políticas que puedan derivarse».
Diputados del PP en las Cortes Valencianas sacan fotos de Puig con uno de los principales líderes de la trama 'Azud'
Sin embargo, la reacción del PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem ha sido la de negar dicha comisión, aferrándose a que «no es el momento de empezar» con ello y asegurando que no tendrán «problema» en hacerlo en el mismo momento en que se levante el secreto de sumario de las cinco piezas restantes.
Esta postura contrasta con, de nuevo, la que adoptaba la izquierda cuando era oposición ya que, en aquellos años, reclamaban constituirlas sin esperar a que se levantara el secreto de sumario. En unas ocasiones porque querían la comisión ipso facto y en otras porque, directamente, no había tal sumario.
Otro ejemplo de la 'ley del embudo', según la cual la parte ancha corresponde a la izquierda y la estrecha a todos los demás, afecta directamente al presidente de la Generalitat, Ximo Puig.
El hermano del líder socialista se encuentra investigado por los delitos de fraude en subvenciones, malversación y prevaricación por, presuntamente, haber cobrado ayudas duplicadas de diversas administraciones –entre ellas la valenciana de su hermano– sin justificación y sin destinarlo al objeto de las mismas.
Como con el caso 'Azud', la oposición pidió una comisión de investigación para escudriñar los entresijos de la causa, pero, automáticamente, el tripartito fue a una y desestimó la iniciativa. La respuesta de Puig, tan beligerante antaño, fue limitarse a decir que si se tiene que devolver algo, «lo tendrá que hacer». Fin de la cita.
Respecto a las dos patas minoritarias del Gobierno autonómico, Compromís y Unides Podem, también llama la atención lo tenues que se han vuelto sus exigencias frente al mal uso del dinero púbico.
Frente a las algaradas, concentraciones y discursos inflamados de hace tan solo algo más de siete años, la supuesta financiación ilegal del PSPV-PSOE, según sus propias palabras, solo les genera preocupación.
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, dijo en el Senado que el «Pedro Sánchez de 2019 no votaría al Pedro Sánchez de 2022». En la Comunidad Valenciana, las encuestas dan un probable vuelco hacia el centro-derecha, por lo que, quizás, al Ximo Puig de 2023 no le valga ni siquiera volviendo en campaña electoral a ser el Ximo Puig de 2015.
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