Las obras del barranco del Poyo que impidió la Ley de la Huerta: «Prefirieron salvar cañas y ratas»

El barranco del Poyo, que se convirtió el pasado 29 de octubre en el epicentro de la dana más catastrófica de la región y que dejó a su paso más de 200 muertos, tiene obras pendientes de ejecutar desde hace décadas, que podrían haber minimizado los estragos de las inundaciones. Unas acciones que son responsabilidad de la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de España.

Cabe recordar que, en la primera década de este siglo, la CHJ, dependiente del Gobierno de España, ya planteaba la conexión del barranco del Poyo con el nuevo cauce del Turia para aumentar su capacidad y disminuir el riesgo de inundaciones. La iniciativa quedó finalmente aparcada porque, según la confederación, chocó con la ley de protección de la Huerta aprobada en 2018 y que pretendía proteger el entorno rural de Valencia.

Las obras pendientes de ejecutar en enclaves como el Poyo o la Saleta están enmarcadas en un plan encargado en 2009 para la «adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo vertiente a la Albufera» y que en su momento el organismo cuantificó en un total de 221 millones de euros. Y es que, en toda la región valenciana, teniendo en cuenta las tres provincias, no se ha hecho ninguna obra hídrica relevante en los últimos 15 años.

Unas actuaciones que se han frenado debido a la Ley de la Huerta aprobada en 2018 por el Ejecutivo central, un hecho que la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, admitía durante la primera sesión de control al gobierno estatal en el Senado de este año hace unos días. Una sesión en la que el Partido Popular y el PSOE se culpaban mutuamente de los retrasos en las obras de este cauce.

El senador del Partido Popular, Luis Santamaría Ruiz, le preguntó a la ministra por los motivos del Ejecutivo para paralizar los proyectos de encauzamientos tras considerar en 2021 su viabilidad que «hubieran evitado la catástrofe de la dana». En este sentido, inquirió que cuándo va explicarles a los valencianos «cuántas vidas se podrían haber salvado» con estas obras y cuándo las acabarán, para que estos puedan «dormir tranquilos».

Según denunciaba Santamaría en su intervención, la Unión Europea (UE) aprobó una directiva en 2007 que obligaba a hacer mapas y a aprobar planes de gestión de riesgos de inundaciones, algo que «hizo (el expresidente del Gobierno) Mariano Rajoy». «Lo que hicieron ustedes, una vez las obras estuvieron priorizadas, fue no dedicar ni un solo euro, y de aquellas circunstancias, de aquellos escaqueos, de aquellos conceptos, ahora viene la tragedia que hemos sufrido todos los valencianos», lamentaba.

El senador popular insistía en saber «por qué prefirieron salvar las cañas y las ratas de río que crecen en los cauces a personas, bienes, viviendas, enseres y propiedades». Según recriminaba Santamaría: «Nos han condenado a que haya valencianos de primera, que son los que viven en la ciudad de Valencia, que podemos dormir tranquilos porque sabemos que las obras del nuevo cauce del Turia nos protegen y las 850.000 personas que se ven obligadas a padecer y a sufrir porque saben que no tienen las infraestructuras necesarias para proteger sus viviendas».

La ministra, por su parte, se defendía de las críticas de Santamaría diciendo que el Gobierno está «centrando sus esfuerzos en la reconstrucción de Valencia» y culpando al Ejecutivo valenciano de la gestión de la dana. Le echaba en cara a Santamaría que un gobierno «responsable» tiene que «alertar y proteger» a la población «en tiempo y forma» cuando recibe una información científica «de funcionarios públicos que se dedican a la función pública».

Asimismo, la ministra quitaba hierro al asunto incidiendo en que todas las administraciones deben ser «responsables» y tener en cuenta los mapas de zonas inundables, que están disponibles. Aagesen señalaba que ninguna infraestructura por sí sola puede enfrentarse a un fenómeno meteorológico extremo.