La advertencia de la Audiencia de Valencia a la jueza de la dana: «La investigación no debe limitarse a contar muertos»

Nuria Ruiz Tobarra es la jueza que lleva la instrucción de la causa de la dana. Su cometido al frente del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja es, teóricamente, dirimir si constituye delito la actuación de las administraciones ante la mayor tragedia natural que ha asolado la provincia de Valencia. Desde que el 30 de octubre abriera diligencias su listado de investigados y testigos y los diferentes autos han ido marcando un camino que parece claro en una etapa tan embrionaria de la investigación. Esta semana, ocho meses después, ha recibido una advertencia por parte de la Audiencia de Valencia que, si no pasa desapercibido, puede ser un balón de oxígeno para las defensas.

En la causa están investigados la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario de Emergencias Emilio Argüeso y sobre ellos y su papel ante la riada se han cargado todos los movimientos judiciales. El resto de cargos políticos representativos de las diferentes administraciones y entes dependientes en el Cecopi se han librado de la imputación.

En el Cecopi estaban Pilar Bernabé como delegaba del Gobierno y Vicent Mompó como presidente de la Diputación de Valencia. Ambos declararon como testigos, pero la jueza ha insistido en sus autos que la causa se centra en el papel de la administración autonómica.

No importa si la Confederación Hidrográfica del Júcar avisara en tiempo y forma de los caudales de los barrancos, si Aemet acertara o no el paso de una tormenta que por la mañana iba a adentrarse hacia Cuenca y acabó completamente estática entre Turís, Utiel y Chiva y tampoco importa cuestionar si el Gobierno actuó como administración central garantizando la seguridad de toda la población. La jueza ha dejado bien claro en sus autos que busca determinar la responsabilidad únicamente de la Generalitat Valenciana en la tragedia como «mando único».

La jueza se ha negado a citar como investigados y testigos a diversos cargos dependientes del Gobierno central

Pero esta semana la Audiencia de Valencia ha querido que la jueza concrete su instrucción. Los magistrados han «advertido» que aun teniendo en cuenta la fase procesal en la que se halla la causa, la investigación «no debe limitarse a identificar que se ha infringido un deber especial y relatar un conjunto de fallecimientos», sino que «debe verificarse si es posible establecer (…) que la ejecución de la conducta (cuya omisión se atribuye) habría interrumpido el nexo causal» y el resultado que se achaca a esa omisión «no se habría producido».

Es decir, que la actuación de Ruiz Tobarra debe encaminarse a determinar si los 228 muertos son responsabilidad directa de la actuación de las administraciones y no a ahondar en que las decisiones políticas propiciaron el largo listado de fallecidos en la tarde del 29 de octubre.

Esta «advertencia» de los magistrados puede suponer un balón de oxígenos para las defensas de Pradas y Argüeso, ya que pasarían de ver como se les acusa de 228 muertos a presenciar un intercambio del camino abierto por la jueza, quien debería asegurarse de que existe un «nexo causal» entre las decisiones de los responsables de Emergencias con el trágico resultado de fallecidos.

Las decisiones adoptadas en el seno del Cecopi no dependen directamente del dictado de Presidencia

Esta segunda vía también podría ser beneficiosa para Carlos Mazón. Desde el Partido Popular y desde la Generalitat Valenciana se estudia con detenimiento cada auto de la jueza, señalando que la instrucción sigue unos causes muy determinados. Si la magistrada se centrara en determinar el citado «nexo causal» dejaría fuera de lugar una posible imputación del presidente de la Generalitat, ya que las decisiones adoptadas en el seno del Cecopi no dependen directamente del dictado de Presidencia.

La instrucción se prevé que durará varios meses más y después, si procede, debería llegar un juicio que, ya por sí solo y por 228 víctimas mortales, podría ser maratoniano. La Audiencia ha advertido y ahora la jueza deberá adaptar sus criterios para continuar dirimiendo si hay causa-efecto y no basarse en el efecto para determinar que la causa fue delictiva.