Un okupa bloquea la reforma de un edificio en Valencia: reside sin pagar y pide 40.000 euros para marcharse

La okupación ilegal de viviendas se ha convertido en uno de los fenómenos más controvertidos y preocupantes de los últimos años en España y la Comunidad Valenciana no escapa a esta realidad. Casos cada vez más frecuentes están siendo relatados por vecinos desesperados y propietarios que se enfrentan a procesos judiciales lentos, costosos y, en muchos casos, infructuosos. El Debate ha dado voz en las últimas semanas a diversas situaciones que retratan la complejidad de este problema, con historias que van desde okupas que se empadronan en viviendas ajenas hasta propietarios que tienen que lidiar con presiones constantes para recuperar su propiedad.

Uno de estos casos lo protagoniza María Jesús, una mujer que, pese a haber recibido 6.000 euros como compensación para dejar su piso en el centro de Valencia, se ha negado a abandonarlo. Como informó este periódico hace unos días, la mujer vive atrincherada en su vivienda mientras una empresa de desokupaciones vigila su puerta. Asegura estar siendo presionada para marcharse y denuncia sentirse acosada. Esta vecina del barrio del Carmen se aferra a su casa, mientras el fondo inmobiliario que adquirió el edificio espera iniciar una reforma que sigue bloqueada. Su historia refleja la tensión que provoca el cruce entre los derechos de la propiedad y la realidad social que afecta a muchas familias.

Pero si el caso de María Jesús ya es llamativo, lo que ocurre en otro edificio de Valencia resulta aún más rocambolesco. Allí, Daniel C. y su pareja son los únicos okupantes de un bloque prácticamente abandonado, convertido en un auténtico vertedero urbano. El inmueble, ubicado en la calle San Jacinto, fue adquirido por un fondo inmobiliario en 2022 con el propósito de rehabilitarlo, pero el plan no ha podido ejecutarse por la negativa de esta pareja a abandonar el lugar.

Daniel ha vivido durante años en esa vivienda sin pagar alquiler y, a pesar de existir una sentencia que ordenaba su desalojo el pasado 27 de noviembre, sigue okupando el piso. Según ha relatado el diario El Español, la empresa APD Security Iberia, encargada de la mediación, asegura que el alzamiento no se ejecutó por un fallo del abogado, aunque el desalojo sigue siendo legalmente procedente.

De hecho, si la situación ya es complicada de por sí, se agrava por las condiciones del inmueble: goteras, instalaciones eléctricas peligrosas, suciedad generalizada y un deterioro evidente que hace inhabitable el lugar.

«Caradura»

A pesar de todo ello, Daniel no solo se niega a irse, sino que ha exigido 40.000 euros al fondo propietario como condición para marcharse. Según denuncian, el hombre quiere ese dinero para adelantar la hipoteca de otro piso valorado en 120.000 euros. Desde la empresa de seguridad lo califican como un «caradura», ya que mantiene un taller de reparación de neumáticos y pretende sacar provecho económico de una propiedad que no le pertenece.

Mientras tanto, el fondo inmobiliario lamenta haber esperado tres años para obtener los permisos necesarios para rehabilitar el edificio, solo para encontrarse con este bloqueo. La reforma sigue paralizada, y los daños en el inmueble se agravan. A las deficiencias estructurales se suma ahora la negativa de Daniel a permitir el acceso de técnicos y fontaneros, lo que ha derivado en roturas de tuberías que amenazan con comprometer la cimentación del edificio.

Ante esta situación, los propietarios instan a las autoridades, incluidos bomberos y Policía, a intervenir de inmediato, debido al riesgo que implica seguir habitando un inmueble en estas condiciones. Casos como este no hacen más que intensificar el debate público en torno a la okupación y la necesidad urgente de reformar los mecanismos legales para garantizar tanto la seguridad de las personas como la protección del derecho a la propiedad.