El Gobierno amenaza con un «conflicto judicial» si Alicante resulta declarada ciudad castellanohablante

El Gobierno amenaza con acciones «políticas y judiciales» si Alicante resulta declarada ciudad castellanohablante. El Ministerio de Cultura, dirigido por Ernest Urstasun ha puesto negro sobre blanco su rechazo a la iniciativa aprobada por el Ayuntamiento de la capital alicantina con los votos del PP y Vox y apela a la «falta de consenso social».

El Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez ha dejado claro en una respuesta parlamentaria a una pregunta del grupo parlamentario Sumar en el Congreso de los Diputados que no comparte la solicitud de modificación de la Ley de Enseñanza y Uso del Valenciano aprobada por el Ayuntamiento de Alicante el pasado mes de junio. La iniciativa de los populares y los voxistas persigue que la ciudad sea considerada, en el marco de la normativa autonómica, como ciudad de predominio lingüístico castellano.

En la respuesta parlamentaria al diputado de Sumar por la provincia de Alicante, Txema Guijarro, el Ministerio de Cultura sostiene que la medida no está avalada por estudios técnicos y va más allá al afirmar que no goza del suficiente «consenso político y social», aunque no aporta explicación al respecto.

El Departamento de Ernest Urstasun abre incluso la puerta a posibles «acciones judiciales» en el caso de que el acuerdo alcanzado entre el PP y Vox se consume con e cambio legal que consagre a Alicante como una ciudad con predominio del español frente a la otra lengua oficial de la Comunidad Valenciana.

Al respecto, en su escrito en la Cámara Baja, el Gobierno saca pecho de las subvenciones concedidas a entidades como Escola Valenciana o Acció Cultural del País Valencià. Dos entidades que defienden la inmersión lingüística en catalán y que son habituales perceptoras de ayudas públicas de entidades gobernadas por la izquierda, como el propio Ejecutivo de Pedro Sánchez o la Generalitat de Cataluña, presidida por el socialista Salvador Illa, conforme ha venido informando El Debate.

Al respecto, conforme avanzó en exclusiva este periódico, el Gobierno que preside Carlos Mazón aprobará antes de que acabe la legislatura la Ley de Señas de Identidad del Pueblo Valenciano que, entre otras cuestiones, prohibirá las subvenciones públicas a entidades que defiendan los postulados de los 'países catalanes' o no respeten el Estatuto de Autonomía en aspectos como la denominación oficial del territorio y de la lengua valenciana.

En la respuesta parlamentaria, el Ministerio de Cultura advierte de que «una revisión unilateral podría generar un conflicto político y judicial, así como debilitar la convivencia lingüística de Alicante, una ciudad donde el valenciano forma parte de la memoria colectiva».

La iniciativa aprobada en junio por el Ayuntamiento de Alicante, gobernado por el popular Luis Barcala, todavía no se ha abordado en las Cortes Valencianas, donde resultaría necesario un nuevo acuerdo entre el PP y Vox para abordar la reforma legislativa que otorgue a la ciudad la condición de municipio de predominio castellanohablante.

Rechazo unánime de la izquierda

Tanto el PSPV-PSOE de la ministra de Universidades, Diana Morant, como Compromís y Sumar (un partido sin representación ni en la ciudad de Alicante ni en el Parlamento autonómico) ya se han mostrado en contra de la iniciativa aprobada gracias a la mayoría del centro derecha en el Ayuntamiento de la capital alicantina.