Mazón ultima cambios en su Gobierno con el objetivo de llegar hasta el final de la legislatura en 2027

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ultima los cambios en su Gobierno con los que pretende armar un Ejecutivo de mayor perfil político con el que llegar hasta el final de la legislatura en 2027. El dirigente popular aprobará la próxima semana la remodelación de su Gobierno derivada de la marcha voluntaria de Francisco José Gan Pampols, el militar retirado al que fichó Mazón tras la dana para que se pusiera al frente de la reconstrucción de la provincia de Valencia.

Con las bases de la recuperación puestas por Gan Pampols y los Presupuestos de la Generalitat aprobados, el presidente valenciano se marca el reto de avanzar en las tareas de reconstrucción de las zonas castigadas por la riada, al tiempo que negocia las cuentas para 2026 con Vox y prepara nuevas iniciativas legislativas de calado político, como la Ley de Señas de Identidad del Pueblo Valenciano, avanzada en exclusiva por El Debate.

La hoja de ruta de Mazón pasa por agotar el mandato decidido por los valencianos en las urnas y agotar la legislatura hasta el último domingo de mayo de 2027, cuando están previstos los comicios autonómicos. El PP, con cuarenta escaños en las Cortes Valencianas, cuenta con el apoyo de Vox para sumar la mayoría necesaria para aprobar los Presupuestos de la Generalitat de 2026 o la nueva Ley de Señas. Cualquier revés de los de Santiago Abascal sería interpretado como un balón de oxígeno para una izquierda en minoría, dividida y a la que las encuestas le pronostican cuatro años más en la bancada de la oposición.

Al respecto, en la línea de su estrategia de desgastar a Mazón por la gestión de la dana, el PSPV-PSOE de Diana Morant insiste en reclamar elecciones anticipadas. Compromís, por su parte, aboga por una moción de censura para la que no cuenta ni tan siquiera con el apoyo de los socialistas, reacios a presentarse a un pleno sin alternativa ni candidato, toda vez que la ministra de Ciencia no es diputada autonómica y, en consecuencia, no podría presentarse frente a Mazón.

En este escenario político, el presidente de la Generalitat trata de cumplir con la doble premisa marcada por el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, respecto al avance en la reconstrucción de Valencia tras la dana y la evolución de los populares en las encuestas electorales.

Mientras, en paralelo, la instrucción de la causa por la gestión de la emergencia por la riada del año pasado que lleva a cabo la jueza de Catarroja Nuria Ruiz Tobarra, puede marcar el devenir del final de la legislatura. Hasta la fecha, la magistrada ha imputado a la consellera de Emergencias el día de la dana, Salomé Pradas, y al que fuera su «número dos», Emilio Argüeso. Ambos ya están fuera del Gobierno de la Generalitat.

La jueza ha solicitado a Mazón que preste declaración de forma voluntaria, ya que al ser aforado no puede investigarle en ningún caso. El presidente de la Generalitat ha declinado hasta el momento esta posibilidad. Al respecto, la citación como testigo de Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el presidente de la Generalitat el día de la dana, supone un paso más en la investigación judicial que pone el foco sobre Mazón, quien no ha querido valorar qué decisión tomaría en el caso de que la jueza optara por elevar la causa al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para imputarlo.

Las distintas versiones sobre los detalles de los movimientos del presidente de la Generalitat aquella fatídica tarde del 29 de octubre de 2024 han abierto una nueva crisis interna en el seno del PP respecto a la figura de Mazón.