Alberto Caparrós

Huérfanos de sociedad civil

La Comunidad Valenciana adolece, salvo honrosas y contadas excepciones, de referentes que pongan en valor y defiendan a esta tierra frente a los vaivenes políticos

«Estamos huérfanos de sociedad civil». La reflexión que me traslada un viejo amigo es ampliamente compartida en la Comunidad Valenciana. Una región que adolece, salvo honrosas y contadas excepciones, de referentes que pongan en valor y defiendan a esta tierra frente a los vaivenes políticos.

La catastrófica dana que azotó a la provincia de Valencia hace poco más de un año puso en evidencia las carencias en materias de infraestructuras. La inversión en materia de desvío de cauces como el del barranco del Poyo habrían mitigado los letales efectos de la riada del 29 de octubre de 2024.

La ausencia de una obra que lleva desde 2006 cogiendo polvo en algún cajón de la Confederación Hidrográfica del Júcar es solo un ejemplo más, aunque paradigmático, de una dolorosa constante: la Comunidad Valenciana sigue a la cola de la financiación autonómica y de la inversión estatal en España.

Tan clamoroso agravio merecería de una respuesta contundente de una sociedad civil aletargada, que da la sensación de haber bajado los brazos frente a la desidia de unos partidos políticos que, por acción o por omisión, consienten una situación clamorosamente injusta para los ciudadanos de Valencia, Castellón y Alicante. Éstos, por ciertos, los últimos en las inversiones de los Presupuestos Generales del Estado prorrogados ya por costumbre inconstitucional por Pedro Sánchez. De 52 provincias, Alicante es la que menos partidas recibe del Gobierno central en materia de infraestructura, pese a ser la cuarta en población y aportación al Producto Interior Bruto español.

En medio del erial en el que se ha convertido la sociedad civil emergen iniciativas como la de Quiero Corredor, impulsada por Juan Roig desde la Asociación Valenciana de Empresarios.

El jueves 20 de noviembre, más de 2.500 empresarios y representantes sociales reclamarán, cual martillo pilón, que el Gobierno acelera de una vez por todas las obras del Corredor Mediterráneo. Seguro que a estas horas el Ministerio de Transportes de Óscar Puente ya contará con el argumentario para la réplica. Pero lo cierto es que la infraestructura más rentable de cuantas se pueden ejecutar hoy en día en España avanza a un paso exasperadamente lento.

Sin Corredor, sin un modelo de financiación que acabe con la marginación que sufren los valencianos a la hora de recibir unos servicios públicos de calidad y a la cola de las inversiones, la siguiente amenaza que se cierne por el horizonte pasa por un recorte histórico del trasvase Tajo-Segura, que supondría la puntilla para el desarrollo económico de la provincia de Alicante.

Demasiados ejemplos acumulados durante demasiado tiempo que merecerían de una respuesta articulada de la sociedad civil para dejar claro que, gobierne quien gobierne y por encima de los colores políticos, hay que respetar a la Comunidad Valenciana.

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