Entidades catalanistas salen a la calle para protestar contra la declaración de Alicante como ciudad castellanohablante

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha convocado este domingo una manifestación en Alicante con un discurso que responsabiliza a las instituciones valencianas de «agresiones al valenciano» y de un supuesto «retroceso lingüístico». En su llamamiento, la entidad denuncia «el abandono institucional en favor de entes ultraderechistas y secesionistas lingüísticos» y llama a reclamar «una Alicante valenciana, una Alacant por el valenciano» desde las escaleras del IES Jorge Juan. Para garantizar asistencia, ACPV ha fletado autobuses desde Valencia, Gandía y Denia.

La protesta, pese a su tono maximalista, llega meses después de que el pleno del Ayuntamiento aprobara, con los votos de PP y Vox, una declaración institucional para pedir a las Cortes Valencianas que revisen la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano y reconozcan a Alicante como municipio de predominio castellano. Como informó El Debate, estas entidades catalanistas han logrado sostener su actividad gracias a un notable flujo de subvenciones procedentes de Barcelona y del Gobierno central, tras perder las ayudas públicas que recibieron durante años del Ejecutivo de Ximo Puig.

Movilización apuntalada desde fuera

Tras el fin de las subvenciones autonómicas en 2023, el activismo lingüístico catalanista quedó en manos de otras administraciones. En mayo de 2024, la Generalitat de Cataluña concedió 100.000 euros a Escola Valenciana para su programa de promoción del catalán; el Ministerio de Cultura destinó otros 100.000 euros a asociaciones que impulsan la «unidad lingüística» en el arco catalán; y el conjunto del paquete superó los 380.000 euros, con partidas para Acció Cultural y la Fundació Sambori. A ello se suman los 135.000 euros otorgados por la Generalitat catalana a Plataforma per la Llengua.

Estas ayudas han permitido mantener campañas de marcado carácter ideológico, como la presión para extender el catalán en institutos o los servicios de denuncia lingüística itinerante promovidos por Plataforma per la Llengua. Un activismo que, pese a estar expulsado de la financiación del Gobierno valenciano, mantiene su presencia territorial gracias al respaldo político y económico exterior de los gobiernos de Pedro Sánchez y Salvador Illa.

La declaración del Ayuntamiento, aprobada el 26 de junio, planteaba modificar el artículo 35 de la ley de 1983 para incluir a Alicante entre los municipios de predominio castellano. Vox defendió la iniciativa con datos del sondeo sociolingüístico de 2021, según el cual más del setenta por ciento de los alicantinos usa habitualmente el castellano. «Defendemos los derechos y libertades de los alicantinos en materia educativa y el español como lengua predominante», declaró en el pleno la portavoz, Carmen Robledillo.

El cambio de nombre de la AVL

A la tensión se suma otro elemento: la propuesta del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, para reformar los estatutos de la Academia Valenciana de la Lengua y renombrarla como Academia de la Lengua Valenciana. La medida pretende reforzar la identidad lingüística valenciana frente a la visión unitaria del catalán que impulsan la izquierda y las entidades que promueven los llamados 'países catalanes'.

Para salir adelante, el cambio requiere una mayoría de tres quintos en las Cortes Valencianas. Mazón defendió que la AVL nació «bien intencionada» pero que debe orientarse hacia la «libertad, valencianía y reconstrucción frente a imposición y sumisión». La propuesta coincidió con la polémica por la exclusión del valenciano de la oficialidad de la Unión Europea, pese a los informes técnicos que avalan su rango propio.

El presidente también avanzó la futura Ley de Señas de Identidad del Pueblo Valenciano, que vetará subvenciones a entidades o ayuntamientos que promuevan las tesis de los «países catalanes», utilicen la cuatribarrada en lugar de la señera coronada o nieguen el valenciano como lengua diferenciada.

Debate reabierto tras cuatro décadas

La Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, aprobada en 1983 con los votos del PSOE y el Partido Comunista, estableció las zonas lingüísticas de la Comunidad Valenciana y fijó las bases para proteger el valenciano. La declaración del Ayuntamiento de Alicante ha devuelto al primer plano un debate que parecía cerrado, aunque sin respaldo parlamentario suficiente para modificar la ley en las Cortes Valencianas.

Este domingo, la izquierda nacionalista tratará de trasladar este pulso político a la calle. Su capacidad de movilización dependerá, una vez más, del tejido de asociaciones catalanistas que continúan operando en la Comunidad Valenciana gracias a un apoyo económico y político procedente de fuera del territorio.